Cuatro funcionarios de la entidad aduanera y tres representantes de comercializadoras internacionales fueron capturados por su presunta participación en un entramado de exportaciones ficticias. La Fiscalía investiga operaciones realizadas entre 2020 y 2023, mediante las cuales se habría dado apariencia de legalidad a recursos provenientes de Estados Unidos, España, Panamá y Perú.
Un escándalo de presunta corrupción y lavado de activos sacude a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), luego de que una investigación de la Fiscalía General de la Nación pusiera al descubierto una estructura que habría utilizado exportaciones ficticias de aceite de palma, soya y sus derivados para justificar el ingreso a Colombia de más de $425.000 millones de posible origen ilícito.
El caso tiene como escenario principal a Ipiales, Nariño, y al puente internacional de Rumichaca, paso fronterizo entre Colombia y Ecuador. Según las investigaciones, entre 2020 y 2023 se registraron operaciones comerciales en las que cargamentos de productos agrícolas aparecían como exportados hacia el vecino país, aunque las mercancías presuntamente nunca cruzaron la frontera.
La operación permitió identificar una presunta estructura en la que habrían participado cinco comercializadoras internacionales, una agencia de aduanas y funcionarios de la DIAN encargados de verificar y certificar las operaciones de comercio exterior.
Así habría funcionado el millonario entramado
De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, las comercializadoras figuraban como responsables de las exportaciones, mientras que una agencia de aduanas tramitaba las declaraciones y los documentos que respaldaban las supuestas operaciones.
El papel de los funcionarios de la DIAN en Ipiales habría sido determinante: presuntamente certificaban la salida del territorio nacional de mercancías que no habrían abandonado Colombia.
Con esos documentos se habría construido la apariencia de legalidad necesaria para presentar millonarios movimientos de dinero como pagos derivados de exportaciones legítimas.
La Fiscalía estableció que los recursos investigados habrían provenido de Estados Unidos, España, Panamá y Perú, y posteriormente ingresado al país bajo la figura de reintegros por supuestas ventas internacionales.
En otras palabras, el mecanismo investigado habría utilizado operaciones comerciales inexistentes para justificar el movimiento de recursos de posible origen ilícito.
Siete capturados: cuatro funcionarios de la DIAN
Como resultado de la investigación, las autoridades materializaron siete órdenes de captura en operativos realizados en Ipiales, Nariño, y Cúcuta, Norte de Santander.
Entre los detenidos se encuentran cuatro funcionarios de la DIAN vinculados a la seccional de Ipiales y tres representantes legales de comercializadoras internacionales.
La Fiscalía presentó a los procesados ante un juez de control de garantías y les imputó, de acuerdo con su presunta responsabilidad individual, los delitos de lavado de activos agravado, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público.
Los procedimientos de captura fueron adelantados por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional.
Además, la información del caso fue remitida a la dependencia especializada en extinción del derecho de dominio para evaluar posibles medidas sobre bienes y activos que pudieran estar relacionados con las actividades investigadas.
Un golpe a la confianza en los controles aduaneros
El caso reviste especial gravedad porque involucra a servidores públicos de una entidad que tiene entre sus responsabilidades el control de las operaciones de comercio exterior, la vigilancia aduanera y la protección de los recursos del Estado.
La presunta participación de funcionarios encargados de certificar operaciones comerciales plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión y verificación en los pasos fronterizos, particularmente en Rumichaca, uno de los corredores comerciales más importantes entre Colombia y Ecuador.
No se trata únicamente de establecer qué ocurrió con los cargamentos de aceite de palma y soya. La investigación también busca determinar cómo pudieron tramitarse y respaldarse cientos de operaciones comerciales sin que las mercancías registradas aparecieran en los controles de ingreso al Ecuador.
La DIAN anunció el fortalecimiento de los controles y la colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer los hechos y establecer todas las responsabilidades.
La investigación continúa y será la justicia la encargada de determinar el alcance de la presunta estructura criminal y la responsabilidad individual de los procesados. Mientras tanto, el caso deja al descubierto la gravedad de utilizar las instituciones del Estado y los procedimientos aduaneros para dar apariencia de legalidad a operaciones económicas bajo sospecha.
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