Uno de los puntos más delicados del pronunciamiento está relacionado con la situación financiera de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad responsable de acompañar a quienes dejaron las armas y buscan reconstruir sus vidas dentro de la legalidad.
Según la información examinada por la Corte, aproximadamente $53.000 millones permanecen bloqueados. Estos recursos estaban destinados a programas productivos, beneficios económicos, funcionamiento de antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y apoyos para trasladar a firmantes cuando existen riesgos de seguridad.
A esta situación se suma una cifra que encendió las alarmas: el proyecto de presupuesto para 2027 contempla una reducción del 79,1 % en los recursos de inversión de la ARN.
Es importante precisar que se trata de una disminución proyectada en el presupuesto, no de un recorte cuya ejecución definitiva ya esté confirmada. Por esa razón, la Corte pidió al Ejecutivo explicar los motivos de esa decisión y cómo garantizará que la entidad pueda cumplir sus responsabilidades.
La preocupación tiene una explicación concreta: sin proyectos productivos, oportunidades de ingresos y acompañamiento institucional, la reincorporación económica y social pierde herramientas fundamentales para consolidarse.
De acuerdo con los datos divulgados por La Silla Vacía, la ARN coordina el proceso de reincorporación de aproximadamente 15.441 personas desmovilizadas, entre ellas cerca de 11.000 exintegrantes de las antiguas FARC.
No se trata únicamente de mantener una asignación presupuestal. Se trata de garantizar que quienes abandonaron las armas tengan condiciones para permanecer en la legalidad.
¿Por qué la Corte puede exigirle al Gobierno que cumpla el Acuerdo de Paz?
Para comprender la dimensión de esta decisión hay que regresar a noviembre de 2016, cuando el Estado colombiano y las antiguas FARC firmaron el Acuerdo Final de Paz.
El documento estableció compromisos sobre seis grandes asuntos: reforma rural integral, participación política, fin del conflicto, solución al problema de las drogas ilícitas, derechos de las víctimas e implementación, verificación y refrendación.
Su cumplimiento no depende exclusivamente de que el presidente de turno esté de acuerdo con el contenido del acuerdo.
La Corte Constitucional ha reiterado que se trata de compromisos estatales que deben tener continuidad institucional. Por eso, una administración puede definir cómo ejecutar las obligaciones, ajustar mecanismos dentro del marco constitucional y establecer prioridades, pero no puede eliminar unilateralmente lo pactado, aplazar indefinidamente su cumplimiento ni desfinanciar sustancialmente las garantías de seguridad.
Este es precisamente uno de los puntos centrales de la controversia con el Gobierno de Abelardo de la Espriella.
La discusión no significa que el Ejecutivo haya perdido la facultad de administrar el presupuesto o definir sus políticas públicas. Significa que esas decisiones deben respetar las obligaciones constitucionales y los compromisos que el Estado adquirió.
El antecedente que explica la gravedad de la advertencia: la sentencia SU-020 de 2022
La preocupación de la Corte no apareció de un momento a otro.
En 2022, mediante la Sentencia SU-020, el alto tribunal declaró un estado de cosas inconstitucional en materia de garantías de seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz.
Esta figura jurídica se utiliza cuando existe una vulneración generalizada y persistente de derechos fundamentales que no puede resolverse mediante decisiones aisladas, sino que requiere cambios estructurales y la intervención coordinada de diferentes instituciones.
En ese momento, la Corte encontró que las fallas en la implementación de las garantías de seguridad estaban produciendo una vulneración masiva y sistemática de los derechos a la vida, la integridad personal y la seguridad de los firmantes y sus familias.
El tribunal también identificó problemas en la coordinación institucional, la prevención de amenazas, los mecanismos de protección y la financiación de las medidas previstas.
La situación era especialmente preocupante porque numerosos excombatientes habían abandonado las armas, pero continuaban enfrentando amenazas, desplazamientos y asesinatos en los territorios donde intentaban comenzar una nueva vida.
La Corte concluyó que la reincorporación no podía entenderse únicamente como la entrega de armas. También debía incluir condiciones reales de seguridad, participación política, acceso a oportunidades económicas y presencia efectiva del Estado.
La violencia contra los firmantes: el riesgo de incumplir las garantías de seguridad
Uno de los mayores desafíos del proceso de paz ha sido proteger la vida de quienes decidieron abandonar la confrontación armada.
En diferentes regiones del país, especialmente en zonas donde persisten las disputas por el control territorial, los firmantes han quedado expuestos a amenazas de organizaciones armadas ilegales, estructuras criminales y grupos que buscan controlar economías ilícitas.
La presencia de disidencias de las FARC, el ELN y otras organizaciones armadas en diferentes regiones ha dificultado la consolidación de la reincorporación.
En estos escenarios, la falta de protección no representa solamente un problema administrativo. Puede significar que una persona que dejó las armas tenga que abandonar su territorio, suspender un proyecto productivo o exponerse nuevamente a situaciones de violencia.
Por eso, la Corte insiste en que las garantías de seguridad deben funcionar de manera articulada. No basta con que las instituciones expidan informes o anuncien reuniones: deben demostrar resultados verificables en los territorios.
La protección de los firmantes también tiene una consecuencia directa sobre la confianza en futuros procesos de negociación. Si quienes suscriben un acuerdo y cumplen con la dejación de armas no encuentran garantías para continuar con sus vidas, se debilita la credibilidad del Estado frente a cualquier nuevo proceso de desmovilización.
Veinte días para reactivar organismos fundamentales del Acuerdo
La decisión judicial también estableció un plazo de 20 días hábiles para avanzar en el funcionamiento de varias instancias encargadas de coordinar, vigilar y garantizar la implementación del Acuerdo.
Entre ellas se encuentran:
CSIVI: Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, encargada de hacer seguimiento a los compromisos pactados.
SISEP: Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política, fundamental para garantizar la participación política sin amenazas ni violencia.
Mesa Técnica de Seguridad y Protección: instancia relacionada con la coordinación de las medidas de protección.
Comisión Nacional de Garantías de Seguridad: mecanismo destinado a impulsar medidas para desmantelar organizaciones criminales que amenazan la construcción de paz.
Subcomité de Seguimiento a la Reincorporación: encargado de articular y evaluar los programas dirigidos a quienes dejaron las armas.
La Corte busca que estas instancias dejen de funcionar únicamente sobre el papel y puedan demostrar resultados concretos.
El plazo de 30 días hábiles para la hoja de ruta y los términos de 20 días hábiles para las actuaciones institucionales comienzan a contarse a partir de la notificación de la providencia.
¿Qué puede pasar si el Gobierno no cumple?
El seguimiento de la Corte no termina con la emisión de una advertencia.
Las entidades deberán entregar información sobre las medidas adoptadas, los recursos disponibles, los cronogramas y los resultados que permitan verificar el cumplimiento de las órdenes.
Con base en esa información, el alto tribunal podrá evaluar si las respuestas son suficientes o si persisten los incumplimientos que dieron origen a sus requerimientos.
Si las medidas resultan incompletas o no se materializan, la Corte podrá adoptar nuevas determinaciones dentro del seguimiento constitucional, incluso declarar el incumplimiento de sus órdenes.
Esto significa que el Gobierno de Abelardo de la Espriella deberá explicar cómo piensa garantizar los compromisos del Acuerdo de Paz, especialmente cuando existen advertencias sobre recursos bloqueados y una importante reducción presupuestal proyectada.
Un debate que trasciende las diferencias entre el Gobierno y sus contradictores
El pronunciamiento vuelve a enfrentar dos visiones sobre el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz.
Por un lado, el Gobierno tiene la responsabilidad de administrar los recursos públicos, establecer prioridades y desarrollar su propio programa político. Por otro, existen compromisos institucionales y obligaciones constitucionales que no desaparecen con un cambio de administración.
La Corte no está exigiendo que el presidente adopte una determinada ideología ni que respalde políticamente a las antiguas FARC. Está exigiendo que el Estado garantice los derechos fundamentales de quienes dejaron las armas y que los compromisos adquiridos tengan respaldo institucional y presupuestal.
En últimas, el debate no se limita a cuánto dinero se destina a la ARN o a qué entidades deben reactivarse. La discusión es si Colombia puede garantizar que abandonar las armas sea una decisión que conduzca a una vida dentro de la legalidad y no a una nueva situación de vulnerabilidad.
El Gobierno tiene ahora el reto de demostrar que puede cumplir sus compromisos constitucionales y atender las exigencias de la Corte sin desconocer sus prioridades administrativas. La respuesta que entregue en los próximos días será determinante para establecer el rumbo de la implementación del Acuerdo de Paz y las garantías de seguridad para miles de personas en proceso de reincorporación.
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