El caso de Deicy Alejandra Jiménez, la mujer que denunció presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el gobierno de Gustavo Petro, sumó un nuevo capítulo este martes 3 de noviembre. El abogado Felipe Caballero anunció su renuncia a la representación de la denunciante, argumentando motivos relacionados con su seguridad, una decisión que llevó a aplazar la diligencia que Jiménez tenía prevista ante la Fiscalía General de la Nación.
La renuncia se conoce pocos días después de que la mujer compareciera ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, donde ratificó sus señalamientos y se comprometió a entregar su teléfono celular para que la Policía Judicial examine la información que, según su versión, respaldaría las denuncias.
La diligencia ante la Fiscalía estaba programada para este 3 de noviembre. Sin embargo, tras la salida de su abogado, se solicitó aplazarla mientras se designa un nuevo representante judicial. La Fiscalía, de acuerdo con los reportes conocidos, señaló que por la naturaleza de esta diligencia la presencia de un abogado no sería indispensable, aunque el aplazamiento fue solicitado para resolver la situación de su representación.
¿Por qué renunció el abogado?
Felipe Caballero manifestó que su decisión está relacionada con preocupaciones de seguridad. En un mensaje divulgado en sus redes sociales sostuvo que la prioridad debe ser garantizar que Deicy Jiménez y otras posibles denunciantes puedan comparecer ante las autoridades y aportar elementos de prueba.
El penalista también expresó que su salida de la defensa no significa que las actuaciones judiciales desaparezcan ni que se pierda la declaración que Jiménez ya rindió ante la Corte Suprema.
En días anteriores, Caballero había advertido sobre presuntos hostigamientos contra su entorno familiar y una campaña que, según él, buscaba afectar la credibilidad de la denunciante. Estas circunstancias hacen parte de las preocupaciones expuestas por su defensa, pero deberán ser verificadas por las autoridades competentes.
La declaración ante la Corte Suprema y las pruebas anunciadas
El pasado 29 de octubre, Deicy Jiménez compareció durante cerca de cuatro horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en una diligencia relacionada con los señalamientos que también involucran al expresidente Gustavo Petro y a la exsenadora María José Pizarro.
Según los reportes de esa comparecencia, Jiménez ratificó su versión sobre la supuesta existencia de una red de mujeres que habría recibido contratos con entidades estatales a cambio de favores sexuales.
Durante la diligencia se comprometió a entregar su teléfono celular para que la Policía Judicial realice una inspección técnica. El dispositivo podría contener conversaciones y otros registros que, según su defensa, ayudarían a contrastar sus afirmaciones. La entrega y el análisis de ese material son pasos pendientes y no se debe asumir que su contenido ya fue autenticado.
El abogado también anticipó que podrían aparecer nuevos nombres de funcionarios o exfuncionarios, algunos de ellos con fuero constitucional, aunque no entregó identidades concretas.
Los contratos estatales que quedaron bajo revisión
Otra de las líneas que tomó fuerza fue la revisión de los contratos que Jiménez habría suscrito con diferentes entidades públicas.
La concejal de Bogotá Sandra Forero informó que presentó denuncias ante la Procuraduría y la Contraloría para que se investiguen diez contratos que, según la información que recopiló, fueron suscritos entre 2021 y 2026: siete con el Congreso de la República, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia de Vigilancia.
Entre los documentos mencionados figura un contrato con el Ministerio del Interior por $30.457.000, con vigencia entre el 30 de enero y el 31 de diciembre de 2026. La concejal pidió establecer qué actividades se realizaron, cuáles informes fueron entregados y quiénes autorizaron y supervisaron los pagos.
La existencia de contratos públicos, por sí sola, no demuestra que se hayan otorgado a cambio de favores sexuales ni que exista una irregularidad. Precisamente, las autoridades deberán revisar los objetos contractuales, los soportes de ejecución, los pagos y las posibles intervenciones de funcionarios.
Fiscalía y Procuraduría avanzan en las verificaciones
La Fiscalía abrió una noticia criminal para establecer si existieron posibles irregularidades relacionadas con la contratación estatal y los hechos denunciados. Dentro de las actuaciones anunciadas se encuentra la recopilación de elementos de prueba y la posibilidad de escuchar a antiguos funcionarios del gobierno anterior, entre ellos Laura Sarabia y Angie Rodríguez.
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar y solicitó información al Congreso, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al Ministerio del Interior y a las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud.
El organismo de control pidió certificar si Jiménez tuvo contratos o algún otro tipo de vinculación desde 2019, además de solicitar copias de los documentos, valores, funciones, nombres de contratantes y supervisores.
La investigación disciplinaria busca establecer si existieron posibles irregularidades administrativas, extralimitación de funciones o conductas de acoso y violencia de género relacionadas con la contratación pública.
¿Qué ha respondido Gustavo Petro?
El expresidente Gustavo Petro rechazó los señalamientos mediante un comunicado divulgado el 25 de octubre. Negó haber entregado contratos a cambio de favores sexuales y sostuvo que nunca ha cometido delitos en sus relaciones personales.
También cuestionó el origen de las acusaciones y afirmó que existiría una operación política en su contra. Su defensa ha rechazado los señalamientos y ha anunciado que buscará demostrar la inocencia del exmandatario.
Por ahora, las versiones de las partes están enfrentadas y corresponde a la justicia establecer si las denuncias tienen sustento probatorio y si hubo responsabilidades penales o disciplinarias.
Un caso que sigue abierto
La renuncia del abogado introduce una dificultad en el calendario de las diligencias, pero no pone fin a las investigaciones ni invalida automáticamente la declaración que Jiménez ya rindió ante la Corte Suprema.
Los próximos pasos estarán relacionados con la designación de un nuevo representante, la reprogramación de la diligencia ante la Fiscalía y la entrega del teléfono celular para su análisis por parte de la Policía Judicial.
El caso también deja interrogantes sobre la contratación estatal durante el gobierno anterior, la posible utilización de recursos públicos para fines distintos a los institucionales y las garantías de seguridad para quienes decidan entregar información a las autoridades.
Mientras avanzan las verificaciones, las denuncias continúan bajo investigación y no existe una decisión judicial que establezca la responsabilidad de las personas señaladas.
Comentarios (0)
Modera tus palabras: en la version final habra filtros automaticos y manuales.