La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia designó por reparto aleatorio al magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado para adelantar la verificación e indagación de la denuncia instaurada contra el expresidente Gustavo Petro, en su calidad de exsenador, y la excongresista María José Pizarro, en el marco del denominado “Caso de las 48”.
Fonseca Alvarado, abogado penalista y académico que se posesionó como magistrado de esa sala el pasado 14 de octubre tras ser elegido por la Sala Plena el 17 de septiembre, quedó como instructor del expediente. La denuncia ingresó por la Secretaría de la Sala y fue sorteada de manera inmediata entre los magistrados que la integran.
El caso tiene como origen las declaraciones públicas de Deicy Alejandra Jiménez Ramírez, quien ha señalado que, a partir de 2019, formó parte de un grupo de entre 30 y 40 mujeres a las que, según su versión, se les habrían otorgado contratos estatales a cambio de relaciones sexuales, compañía en fiestas, silencio y, en algunos casos, suministro de cocaína. Jiménez ha indicado que conoció a Petro a través de una plataforma para adultos y que recibió contratos en el Senado de la República durante el periodo en que María José Pizarro ocupaba la primera vicepresidencia, así como en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y en el Ministerio del Interior.
De acuerdo con verificaciones periodísticas basadas en registros del Portal Anticorrupción de la Secretaría de Transparencia, Jiménez ha suscrito diez contratos con entidades estatales entre 2021 y 2026. Siete de ellos están relacionados con el Congreso, dos con el Ministerio del Interior y uno con la Superintendencia. Uno de esos contratos, suscrito el 21 de enero de 2026 con el Ministerio del Interior por un valor de 30.457.000 pesos, permanece vigente hasta el 31 de diciembre de este año y tiene como objeto el apoyo a la gestión de informes de seguimiento a proyectos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
La competencia para investigar a Petro se divide según el periodo de los hechos. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema conoce de los señalados en 2019, cuando ejercía como senador. Los hechos que se habrían presentado durante su mandato presidencial corresponden a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
El “Caso de las 48” ha tenido un desarrollo más amplio en las últimas semanas. Incluye denuncias formuladas en el Congreso por el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) sobre la contratación, mediante órdenes de prestación de servicios, de un grupo de mujeres en la Casa de Nariño durante el gobierno Petro. Distintas veedurías ciudadanas, entre ellas Colombia Transparente, han radicado acciones ante la Corte Suprema y ante la Comisión de Acusación.
Tanto Gustavo Petro como María José Pizarro han rechazado los señalamientos. Petro ha calificado las acusaciones como un intento de intervenir en su vida íntima después de que, según ha afirmado, no se lograron demostrar hechos de corrupción o vínculos con el narcotráfico. Pizarro ha sostenido que se trata de una estrategia para generar una condena social anticipada y ha recordado la trayectoria de persecución que, a su juicio, ha enfrentado su familia.
Por ahora, el magistrado Fonseca Alvarado deberá analizar el material aportado en la denuncia y determinar las actuaciones que correspondan, que pueden incluir la ampliación de la misma, la recepción de versiones o, eventualmente, una vinculación formal, según la solidez de las pruebas que se reúnan. El caso se encuentra en etapa preliminar.
Comentarios (0)
Modera tus palabras: en la version final habra filtros automaticos y manuales.