La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer posibles responsabilidades penales por la presunta instrumentalización de al menos 48 mujeres vinculadas a la Casa de Nariño mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Como primeras acciones, el ente acusador citará a declarar a las exdirectoras del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Laura Sarabia y Angie Rodríguez, además de otros funcionarios, exfuncionarios y personas relacionadas con los hechos.
La investigación se originó en una denuncia pública formulada el 21 de octubre por el actual director del DAPRE, Carlos Ríos, durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado. Ríos afirmó que durante la administración anterior se habría utilizado la modalidad de OPS para “amarrar e instrumentalizar” a un grupo de 48 mujeres y mantenerlas cerca del entonces mandatario. Según el funcionario, algunas de estas contratistas ya habrían relatado a la entidad cómo operaban esos contratos.
En la misma intervención, Ríos cuestionó el uso que, a su juicio, se le habría dado a la sede de gobierno. Señaló que la Casa de Nariño habría sido organizada “para otra cosa diferente a gobernar, sino a todos los días parrandear allá, llevar mujeres”, en lugar de funcionar como centro de decisiones de Estado y dar ejemplo de protocolo institucional.
La indagación preliminar fue asumida por una fiscal de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que cuenta con el apoyo de un equipo especializado. El despacho ordenó la práctica de pruebas y dispuso que la Policía Judicial adelante diligencias para recolectar elementos de juicio sobre las condiciones de las contrataciones, las funciones realmente desempeñadas por las mujeres y las eventuales irregularidades.
El DAPRE prepara un informe con la documentación contractual y la información recopilada para entregarlo a la Fiscalía, con el fin de que se examinen caso por caso las vinculaciones y se determine si existieron desviaciones de las funciones o usos indebidos de los contratos de prestación de servicios. La citación de las dos exdirectoras del DAPRE forma parte de las primeras diligencias de la investigación.
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