El escándalo de los denominados "sexocontratos", que involucra al expresidente Gustavo Petro tras las denuncias de Deicy Alejandra Jiménez, tomó un nuevo impulso este jueves 5 de noviembre. La Corte Suprema de Justicia ordenó una inspección judicial en el Senado para recopilar información sobre los contratos que obtuvo la denunciante, mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía y la Procuraduría para establecer si se utilizaron recursos públicos o influencias institucionales para favorecer intereses particulares.
La controversia se intensificó luego de que Jiménez divulgara un video en el que aparece junto a Petro, material que presentó como respaldo de la relación que, según su testimonio, sostuvo con el entonces mandatario. La publicación reavivó las preguntas sobre el presunto intercambio de favores sexuales por contratos estatales y provocó nuevas reacciones políticas y judiciales.
La Corte Suprema ordenó revisar los contratos
Uno de los movimientos más recientes se produjo en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. El magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado ordenó una inspección judicial en la Secretaría del Senado con el propósito de obtener los documentos relacionados con la vinculación contractual de Deicy Jiménez en el Congreso.
De acuerdo con La Silla Vacía, los registros consultados muestran que Jiménez tuvo vinculaciones con distintas entidades públicas: el Senado de la República en 2023, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 2025, el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026, y registros relacionados con el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
La denunciante sostiene que esos vínculos laborales habrían sido parte de un mecanismo de pago por encuentros íntimos con Petro y asegura que otras mujeres habrían recibido beneficios similares. Sin embargo, la existencia de contratos no demuestra por sí sola que hayan sido otorgados a cambio de favores sexuales; ese es precisamente uno de los puntos que deberán esclarecer las investigaciones.
El video que volvió a poner el caso en el centro del debate
El miércoles 4 de noviembre, Jiménez publicó en sus redes sociales una grabación en la que se observa parte del rostro del expresidente y se escucha su voz. Al final del fragmento ambos aparecen besándose.
La mujer aseguró que difundió el material para respaldar su versión y reiteró que teme por su seguridad y la de su familia. También responsabilizó públicamente a Petro si llegara a ocurrirles algún daño.
La defensa del expresidente respondió que el video no demuestra la existencia de contratos entregados a cambio de relaciones sexuales. El abogado Alejandro Carranza sostuvo que el fragmento carece de información verificada sobre su fecha, lugar y origen, y que su autenticidad, integridad y contexto deben establecerse mediante peritajes judiciales.
Petro, por su parte, negó haber utilizado contratos estatales para obtener favores personales. "Nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie", afirmó, y sostuvo que las mujeres vinculadas a su administración llegaron por sus capacidades y méritos.
La grabación, por tanto, puede ser relevante para examinar la relación que Jiménez afirma haber tenido con el exmandatario, pero no acredita por sí misma el supuesto intercambio de beneficios sexuales por recursos públicos.
¿De dónde surgieron las denuncias?
El caso se hizo público el 25 de octubre, cuando Deicy Jiménez concedió una entrevista a la revista SEMANA. Allí aseguró que conoció a Petro en 2019, cuando él era senador y ella trabajaba como modelo webcam.
Según su relato, después de conocerse personalmente habrían iniciado una relación y, posteriormente, ella habría conseguido vinculaciones con entidades del Estado. Jiménez sostiene que esos contratos fueron una forma de pago por encuentros íntimos y afirma que no habría sido la única mujer en esa situación.
La denunciante habló de una supuesta red de entre 30 y 40 mujeres, algunas de ellas vinculadas al sector de las plataformas de contenido para adultos, que presuntamente habrían recibido contratos estatales a cambio de acompañar al entonces mandatario en encuentros privados.
También mencionó supuestos contactos con personas del entorno de la entonces senadora María José Pizarro y vinculaciones en el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y el Dapre.
En relación con María José Pizarro, La Silla Vacía informó que la congresista cuestionó las acusaciones y advirtió sobre lo que considera un intento de convertir señalamientos sin pruebas en una condena pública. La eventual participación de terceros también deberá ser establecida por las autoridades.
Investigaciones y nuevas denuncias
La Fiscalía abrió una noticia criminal para investigar posibles irregularidades en la contratación de mujeres en el Dapre y otras entidades durante la administración anterior. Dentro de las actuaciones anunciadas, fueron llamadas a entregar información Angie Rodríguez y Laura Sarabia, quienes estuvieron al frente de esa dependencia.
El ente investigador explicó que la indagación busca establecer cómo se realizaron las contrataciones, quiénes intervinieron y si existieron irregularidades. En cuanto a la eventual responsabilidad de Petro, la competencia depende del periodo y de las funciones que desempeñaba: la Corte Suprema debe examinar los hechos relacionados con su etapa como senador, mientras que la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara tiene competencia frente a actuaciones atribuidas a su ejercicio como presidente.
El 29 de octubre, Jiménez compareció durante varias horas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema y ratificó sus señalamientos. En esa diligencia, su entonces abogado, Felipe Caballero, anunció que entregaría un teléfono celular con información que, según la defensa de la denunciante, respaldaría sus afirmaciones.
Caballero renunció posteriormente por motivos de seguridad. Jiménez denunció amenazas y seguimientos, y su nueva representante legal, Dina Luz Malo, informó que la mujer cuenta con medidas de protección.
Este 5 de noviembre, la Corte dispuso que un funcionario acompañara la entrega del celular a la Fiscalía para realizar una copia espejo del dispositivo y facilitar los análisis técnicos del material. La diligencia busca preservar la información y permitir su examen dentro de las actuaciones judiciales.
A la controversia se sumó una nueva denuncia presentada por la representante a la Cámara Carol Borda ante la Comisión de Investigación y Acusación, con el propósito de que se examine si Petro habría utilizado su investidura o influencia institucional para favorecer intereses particulares. La congresista aclaró que el objeto de la denuncia no es cuestionar una relación personal consentida, sino determinar si se utilizaron cargos, trámites o recursos públicos para obtener beneficios indebidos.
Por otra parte, el abogado Alejandro Carranza informó que, desde el 28 de octubre, había solicitado a esa misma Comisión que investigara las afirmaciones de Jiménez y que la primera diligencia fuera una declaración jurada de la denunciante.
¿Qué falta por esclarecer?
El punto central del caso no es establecer si existió una relación personal entre Petro y Jiménez, sino determinar si hubo utilización del poder público, intermediación de funcionarios o asignación irregular de contratos a cambio de beneficios particulares.
Entre los aspectos que deberán ser verificados están la autenticidad de los chats y videos, la fecha y el contexto de las grabaciones, la trazabilidad de los contratos, los funcionarios que participaron en las vinculaciones y la existencia de una eventual relación entre esas decisiones administrativas y los encuentros que denuncia Jiménez.
El caso continúa en etapa de investigación. Hasta el momento no existe una decisión judicial que declare responsable a Gustavo Petro por los hechos denunciados. Las actuaciones de la Corte Suprema, la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión de Acusación serán determinantes para establecer si las acusaciones tienen sustento probatorio y si hubo utilización indebida de recursos del Estado.
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