La Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso bajo revisión el manejo de los recursos públicos y los resultados de la Reforma Agraria durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. A través de sus canales oficiales, la entidad anunció una revisión de los recursos destinados a la política de tierras, con el propósito de establecer cómo fueron utilizados y qué resultados dejaron para las comunidades campesinas.
La directora de la ANT, Lina María Garrido, ha cuestionado las cifras de ejecución de la administración anterior y aseguró que durante ese periodo se habrían destinado cerca de $7 billones a diferentes actividades de la entidad. Entre los aspectos que están bajo revisión se encuentran la adquisición de predios, los contratos de prestación de servicios y el cumplimiento de las metas de formalización y entrega de tierras.
Uno de los puntos señalados por Garrido es la contratación. Según el balance presentado por la funcionaria ante el Congreso, durante el cuatrienio anterior se suscribieron alrededor de 40.000 contratos de prestación de servicios, con un costo aproximado de $1,6 billones. También cuestionó que, pese a los recursos destinados al funcionamiento de la entidad, permanecieran más de 105.000 peticiones pendientes de respuesta.
En materia de entrega de tierras, la directora aseguró que la meta del gobierno anterior era entregar 1,5 millones de hectáreas con título de propiedad, pero que se habrían alcanzado 99.477 hectáreas, equivalentes al 6,6 % del objetivo. En cuanto a la formalización, indicó que de una meta de 3,9 millones de hectáreas se habría logrado cerca del 41 %.
Otro de los asuntos que genera preocupación está relacionado con los convenios entre la ANT y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), por un monto cercano a un billón de pesos, destinados a la adquisición de predios rurales. La actual dirección ha advertido sobre posibles inconsistencias en avalúos, terrenos que presuntamente no tendrían vocación agropecuaria y diferencias en los conceptos técnicos de algunos predios.
La entidad también anunció que continuará con las revisiones y que los hallazgos que puedan representar irregularidades serán puestos en conocimiento de los organismos de control y de la Fiscalía General de la Nación, para que se establezcan eventuales responsabilidades.
Por ahora, los cuestionamientos hacen parte de las revisiones y denuncias de la actual administración. Corresponderá a las autoridades competentes determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.
La nueva dirección de la ANT sostiene que su prioridad será recuperar la confianza institucional, revisar el destino de los recursos públicos y garantizar que las tierras lleguen a quienes realmente tienen derecho a ellas.
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