El Gobierno nacional denunció presuntos hechos de intimidación contra Carlos Andrés Ríos Puerta, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), luego de que el funcionario expusiera ante el Congreso una grave denuncia sobre la supuesta instrumentalización de mujeres mediante contratos estatales durante la administración del expresidente Gustavo Petro.
El pronunciamiento fue realizado por el vocero presidencial, Miller Soto, quien dio a conocer detalles de dos episodios que encendieron las alarmas de las autoridades de seguridad y que, según la Presidencia, afectaron directamente al funcionario y a su entorno familiar.
De acuerdo con la información oficial, el 28 de octubre las autoridades encargadas de la protección de Ríos encontraron a tres hombres dentro de su residencia. Al verificar sus antecedentes, establecieron que los individuos registraban anotaciones judiciales relacionadas con homicidio y ocho casos de hurto agravado. Los hombres fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.
A este hecho se sumó la presencia de otra persona en inmediaciones del establecimiento educativo al que asisten los hijos del director del DAPRE. Según el reporte del Gobierno, el individuo abandonó el lugar cuando llegó la Policía y no pudo ser capturado. Las autoridades adelantan labores para establecer su identidad y las razones de su presencia en ese sector.
Durante el pronunciamiento, Soto calificó la situación como especialmente grave, al señalar que los tres individuos no fueron encontrados en las inmediaciones de la vivienda, sino dentro de las instalaciones de la residencia del funcionario.
El Gobierno rechazó cualquier forma de intimidación y aseguró que desplegará las capacidades institucionales necesarias para garantizar la seguridad de Ríos y su familia. Además, solicitó a las autoridades esclarecer si estos episodios guardan alguna relación con las denuncias que el funcionario presentó contra la anterior administración.
Sin embargo, hasta el momento no se ha establecido judicialmente que la presencia de estas personas en la residencia o cerca del colegio tenga conexión con las denuncias sobre contratación. Esa posible relación continúa siendo materia de investigación.
La denuncia de las 48 mujeres que desató la controversia
El origen de esta controversia se remonta al 21 de octubre de 2026, cuando Carlos Andrés Ríos intervino durante un debate de control político en la Comisión Segunda del Senado y aseguró que durante el gobierno de Gustavo Petro habrían sido vinculadas 48 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) en dependencias de la Presidencia.
Según el funcionario, esos contratos, financiados con recursos públicos, habrían sido utilizados para instrumentalizar a las mujeres y facilitar encuentros con el entonces mandatario. Durante su intervención, Ríos cuestionó el supuesto uso de la Casa de Nariño para actividades ajenas a las funciones institucionales y anunció que llevaría la información ante las autoridades judiciales.
Los señalamientos tuvieron repercusiones inmediatas. La Fiscalía General de la Nación abrió una indagación preliminar para establecer si existieron irregularidades en la contratación de mujeres durante el gobierno anterior. Dentro de las actuaciones anunciadas se encuentran inspecciones a las dependencias del DAPRE y la recolección de documentos relacionados con los contratos.
El organismo también programó la declaración de Carlos Ríos para el 10 de noviembre y anunció que escuchará a las exdirectoras del DAPRE Laura Sarabia y Angie Rodríguez, quienes ocuparon cargos directivos durante la administración Petro. La investigación busca establecer si hubo contratación irregular, quiénes participaron en los procesos y si los recursos públicos fueron utilizados para fines diferentes a los establecidos.
El caso Deicy Jiménez y las denuncias que llegaron a la Fiscalía y la Corte Suprema
La controversia tomó mayor dimensión después de que Deicy Alejandra Jiménez denunciara públicamente que habría recibido contratos estatales a cambio de encuentros íntimos con Gustavo Petro. En una entrevista publicada por SEMANA el 25 de octubre, aseguró que habría conocido al entonces mandatario en 2019 y que existiría una red de entre 30 y 40 mujeres vinculadas mediante mecanismos similares.
La mujer afirmó que habría tenido contratos en distintas entidades del Estado y que otras personas habrían participado en una dinámica semejante. Sin embargo, sus declaraciones constituyen señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades.
La Silla Vacía verificó registros de contratación de Jiménez en el Senado durante 2023, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 2025 y el Ministerio del Interior entre 2025 y 2026. También reportó información relacionada con su vinculación al DAPRE. La existencia de esos contratos, por sí sola, no demuestra que se hayan otorgado a cambio de favores sexuales ni que hayan sido irregulares.
El 5 de noviembre, Jiménez entregó su teléfono celular a la Fiscalía para que se realice una inspección forense del dispositivo y se examine el material que, según ella, respaldaría sus declaraciones. Además, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema ordenó recopilar información sobre los contratos que tuvo en el Senado.
Por su parte, la Procuraduría abrió una indagación previa para identificar posibles responsabilidades disciplinarias en entidades como el DAPRE, el Congreso, el Ministerio del Interior y las superintendencias de Vigilancia y Salud. El organismo solicitó información sobre las vinculaciones contractuales de mujeres desde 2019.
Petro responde y cuestiona al director del DAPRE
Gustavo Petro rechazó los señalamientos y cuestionó la actuación de Carlos Ríos. A través de sus redes sociales, aseguró que el funcionario estaría utilizando su cargo para construir una supuesta lista de mujeres a partir de sus perfiles personales y afinidades políticas.
El expresidente calificó la actuación como una forma de "policía política" y sostuvo que las denuncias sobre las 48 mujeres serían producto de un supuesto abuso de poder. También cuestionó los vínculos financieros de la familia Ríos con la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.
En particular, Petro afirmó que Carlos Ríos y su hermana habrían prestado más de 1.600 millones de pesos a dicha campaña. Este señalamiento abrió otro frente de controversia política, aunque no constituye por sí mismo una prueba de que las denuncias presentadas por el director del DAPRE sean falsas o hayan sido fabricadas.
Por su parte, Angie Rodríguez, exdirectora del DAPRE, también ha manifestado que cuenta con información relacionada con las mujeres presuntamente vinculadas durante el gobierno anterior. Su defensa anunció que entregaría a las autoridades documentación y un listado relacionado con esos hechos. La Fiscalía deberá contrastar esa información con los contratos, testimonios y demás elementos probatorios.
Dos investigaciones y una controversia que sigue creciendo
El caso tiene, por ahora, dos frentes que requieren esclarecimiento: por un lado, las presuntas irregularidades en la contratación pública y la posible instrumentalización de mujeres durante el gobierno de Gustavo Petro; por otro, los hechos de seguridad denunciados por Carlos Ríos y su familia.
El Gobierno de Abelardo de la Espriella expresó su respaldo al director del DAPRE y pidió investigar las circunstancias en las que fueron encontrados los tres hombres en su residencia, así como la presencia sospechosa reportada cerca del colegio de sus hijos.
Mientras avanzan las actuaciones de la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema, todavía quedan preguntas fundamentales por resolver: ¿existió una estructura de contratación para fines distintos a los institucionales?, ¿quiénes habrían participado en esos procesos?, ¿qué responsabilidad tuvieron los antiguos directivos de la Presidencia? y ¿los episodios de seguridad contra Carlos Ríos tienen alguna conexión con sus denuncias?
Por ahora, no existe una decisión judicial que establezca responsabilidades penales por los llamados "sexocontratos" ni que confirme que los hechos de seguridad denunciados fueron represalias por las declaraciones del funcionario. La respuesta deberá salir de las investigaciones y de las pruebas que logren recaudar las autoridades.
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