La defensa de la exprimera dama formalizó su intervención en la indagación y solicitó garantías para conocer las actuaciones judiciales y ejercer su derecho a la defensa. El proceso se originó en los señalamientos de su antigua asesora, Eva Ferrer, quien habló de un supuesto traslado de estupefacientes, armas y 2,5 millones de dólares en aeronaves oficiales.
La exprimera dama Verónica Alcocer dio un nuevo paso en la controversia judicial que enfrenta por los presuntos señalamientos sobre el transporte de drogas, armas y dinero durante viajes oficiales a Venezuela. Su equipo jurídico acudió formalmente a la Fiscalía General de la Nación para solicitar acceso a la indagación y garantías que le permitan conocer las actuaciones y ejercer plenamente sus derechos a la defensa y contradicción.
La solicitud fue presentada por el abogado Ricardo Gaviria Ramírez, quien radicó el poder que lo acredita como defensor de Alcocer y un memorial ante el despacho que adelanta las diligencias. La decisión se conoció este miércoles 11 de noviembre, después de que, según la defensa, varias solicitudes anteriores no permitieran establecer con claridad qué dependencia estaba investigando los hechos.
A través de un comunicado, los abogados manifestaron que respaldan el avance de las investigaciones y la citación de Eva Ferrer para que explique bajo juramento las acusaciones que hizo públicas.
«Desde que esas afirmaciones se hicieron públicas, nuestra prohijada ha manifestado su disposición a comparecer y su defensa ha estado presta a aportar la información relevante que ha recabado», señaló el equipo jurídico.
La defensa también insistió en que la gravedad de los señalamientos no puede convertirse en una condena anticipada y reclamó rigor, transparencia y respeto por la presunción de inocencia.
¿De dónde surgieron las acusaciones?
La controversia comenzó después de que Eva Ferrer Galcerán, antigua asesora de Verónica Alcocer y exconsejera presidencial para la Reconciliación durante el Gobierno de Gustavo Petro, formulara graves señalamientos en entrevistas con la revista SEMANA.
Ferrer aseguró que durante desplazamientos oficiales a Venezuela se habría utilizado una aeronave estatal para transportar presuntamente sustancias estupefacientes, armas y dinero en efectivo.
Entre sus declaraciones mencionó el supuesto ingreso a Colombia de 2,5 millones de dólares, atribuyendo parte de la información al empresario catalán Manel Grau.
La exfuncionaria también hizo señalamientos sobre una presunta estructura dedicada a actividades ilícitas y aseguró que Alcocer habría tenido un papel dentro de ella.
Sin embargo, estas afirmaciones corresponden a declaraciones de Ferrer y no constituyen hechos judicialmente demostrados. Precisamente, la Fiscalía busca establecer si existen elementos materiales que permitan corroborarlas.
Los viajes a Venezuela, en el centro de la investigación
Uno de los puntos fundamentales de la controversia son los desplazamientos de Verónica Alcocer al vecino país durante el Gobierno anterior.
En octubre pasado, la exprimera dama aseguró que solamente realizó dos viajes a Venezuela mientras desarrollaba actividades protocolarias: uno el 31 de enero de 2023 y otro el 18 de noviembre del mismo año. Según su versión, ambos fueron oficiales y cuentan con registros institucionales y audiovisuales.
Alcocer negó haber realizado otros desplazamientos, tanto oficiales como personales, y manifestó que está dispuesta a entregar información para esclarecer lo sucedido.
El 20 de octubre, su defensa también presentó ante la Fiscalía un informe preliminar con verificaciones sobre el viaje del 31 de enero de 2023. El documento incluyó una reconstrucción cronológica del desplazamiento, la identificación de integrantes de la delegación y el análisis de registros audiovisuales.
El abogado igualmente solicitó que se escuchara a personas que participaron en la comisión oficial y al empresario Manel Grau, cuyo nombre aparece en el relato de Eva Ferrer. Según la defensa, el empresario habría negado haberle suministrado la información que ella le atribuyó.
Estos elementos hacen parte de la estrategia de defensa y deberán ser contrastados por los investigadores con las demás pruebas disponibles.
Fiscalía busca esclarecer los señalamientos
La investigación está en manos de una fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, que citó a Eva Ferrer para rendir declaración juramentada los días 25 y 26 de noviembre, según la información publicada por La FM.
La diligencia busca profundizar en el origen de sus afirmaciones, las personas que supuestamente conocieron los hechos y los elementos que podrían respaldar sus declaraciones.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella también intervino en la controversia. El pasado 10 de octubre, el presidente ordenó a la Fuerza Aeroespacial Colombiana adelantar una investigación exhaustiva sobre las denuncias relacionadas con el presunto transporte de drogas y dinero en aeronaves estatales durante la administración anterior.
La orden incluyó revisar las actuaciones del personal actual y retirado que pudo haber tenido relación con los vuelos y los equipos involucrados.
La defensa anuncia acciones legales
Además de solicitar acceso al expediente, los abogados de Alcocer advirtieron que, una vez se esclarezcan los hechos, evaluarán acciones penales y civiles contra quienes hayan formulado o difundido imputaciones que resulten falsas y lesivas para su representada.
El equipo jurídico sostiene que su propósito es demostrar que las conductas atribuidas a la exprimera dama nunca ocurrieron y que la investigación debe desarrollarse con respeto por las garantías constitucionales.
Por ahora, el caso continúa en etapa de indagación. No existe una decisión judicial que establezca que Verónica Alcocer participó en el presunto transporte de drogas, armas o dinero.
La atención está puesta en las próximas diligencias de la Fiscalía, especialmente en la declaración de Eva Ferrer y en el contraste de sus afirmaciones con los registros de los vuelos oficiales, los testimonios de los integrantes de las delegaciones y los documentos que puedan aportar las partes.
El objetivo de las autoridades será determinar si las denuncias tienen sustento probatorio o si corresponden a afirmaciones que no pueden ser demostradas. Mientras tanto, la presunción de inocencia y el debido proceso deben prevalecer para todas las personas involucradas.
Comentarios (0)
Modera tus palabras: en la version final habra filtros automaticos y manuales.