La Sala de Instrucción del alto tribunal abrió una indagación previa contra los dos excongresistas del partido Comunes, luego de que la Fiscalía remitiera información relacionada con los señalamientos de María Claudia Tarazona. Aunque la actuación apenas comienza y no representa una acusación formal, constituye un nuevo avance para esclarecer quiénes estuvieron detrás del magnicidio del senador y precandidato presidencial.
La investigación por el asesinato de Miguel Uribe Turbay, uno de los crímenes políticos que más conmoción ha generado en Colombia, tuvo un nuevo movimiento judicial. La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra dos antiguos integrantes de las FARC que posteriormente llegaron al Congreso por el partido Comunes: Sandra Ramírez Lobo Silva y Luis Alberto Albán Urbano, conocido como alias ‘Marcos Calarcá’.
La decisión fue adoptada por la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal y quedó en manos del despacho de la magistrada Patricia del Socorro Hernández Zambrano. La actuación se originó después de que la Fiscalía General de la Nación remitiera copias de información recopilada dentro del expediente por el magnicidio, el pasado 20 de octubre de 2026.
El material trasladado a la Corte incluye información y testimonios aportados por María Claudia Tarazona, viuda del senador, quien ha insistido en que el asesinato de su esposo podría tener responsables más allá de quienes ejecutaron directamente el atentado.
La apertura de esta indagación constituye un nuevo capítulo en un proceso que ha mantenido la atención nacional desde junio de 2025 y que ahora lleva a las autoridades a examinar posibles conexiones con antiguos integrantes de la organización guerrillera que firmó el Acuerdo de Paz de 2016.
¿Qué significa la decisión de la Corte Suprema?
Aunque la noticia ha generado expectativas por los nombres involucrados, es importante entender el alcance de la determinación judicial.
La Corte abrió una indagación previa, una etapa inicial que busca verificar la información disponible, recaudar elementos y establecer si existen fundamentos suficientes para iniciar una investigación formal.
Esto significa que Sandra Ramírez y alias ‘Marcos Calarcá’ no han sido condenados, imputados ni llamados todavía a rendir indagatoria por estos hechos. La decisión tampoco establece que hayan participado en la planeación o financiación del asesinato.
Sin embargo, el movimiento es relevante porque permite que la Corte Suprema examine directamente los señalamientos relacionados con dos antiguos congresistas y determine si existen elementos que ameriten avanzar judicialmente contra ellos.
De acuerdo con información publicada por El Colombiano, la documentación remitida por la Fiscalía también menciona a otros cuatro antiguos integrantes de Comunes: Julián Gallo Cubillos, Omar de Jesús Restrepo Correa, Germán José Gómez López y Carlos Alberto Carreño Marín. Por ahora, la indagación previa anunciada por el alto tribunal comprende a Sandra Ramírez y Luis Alberto Albán.
Las declaraciones de María Claudia Tarazona que llevaron el caso hasta la Corte
El nuevo movimiento judicial tiene como antecedente las declaraciones de María Claudia Tarazona, quien el pasado 14 de octubre habló públicamente sobre información que, según manifestó, había recibido y entregado a la Fiscalía.
En una entrevista con Noticias Caracol, la viuda de Miguel Uribe aseguró que había recibido mensajes y otros elementos que apuntarían a que la orden del magnicidio habría salido del Congreso y que su financiación tendría origen en Venezuela.
Tarazona sostuvo que la información ya estaba en poder de las autoridades y pidió que se investigara la posible existencia de responsables intelectuales y financieros que todavía no habían sido identificados.
En sus declaraciones también mencionó a Luis Alberto Albán, alias ‘Marcos Calarcá’, antiguo representante a la Cámara por Comunes.
A raíz de esas revelaciones, el ministro de Justicia, Iván Cancino, solicitó a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, profundizar en las investigaciones y establecer la posible cadena de mando, financiación y determinación del crimen.
Posteriormente, la Fiscalía remitió la información a la Corte Suprema, teniendo en cuenta la condición de antiguos congresistas de algunas de las personas mencionadas.
Es importante señalar que Tarazona no ha divulgado públicamente la totalidad de los mensajes y documentos que asegura haber entregado a los investigadores. Su autenticidad, origen y contenido están sujetos a verificación judicial.
La Segunda Marquetalia, la hipótesis que ya había señalado la Fiscalía
Para comprender la dimensión de esta nueva actuación es necesario recordar que la investigación ya había avanzado en la identificación de los responsables materiales y en la reconstrucción de la cadena criminal.
Miguel Uribe fue atacado a tiros el 7 de junio de 2025 mientras participaba en un encuentro con ciudadanos en el parque El Golfito, en el sector de Modelia, occidente de Bogotá. El senador permaneció hospitalizado durante más de dos meses y falleció el 11 de agosto de ese año.
La investigación permitió capturar a varias personas relacionadas con la ejecución y coordinación del atentado. Algunos de los procesados reconocieron su participación y entregaron información sobre los posibles determinadores.
Uno de los testimonios más importantes fue el de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, quien actuó como intermediario entre los responsables intelectuales y la red criminal que ejecutó el ataque.
En su declaración ante la Fiscalía, aseguró que la Segunda Marquetalia habría ordenado y financiado el magnicidio. También señaló a alias ‘Zarco Aldinever’ como la persona que habría impartido la orden de asesinar al senador.
Según la información conocida sobre esa declaración, por el crimen se habrían ofrecido 1.000 millones de pesos y destinado otros 600 millones para interferir en la investigación o atacar a quienes pudieran colaborar con la justicia.
Estos señalamientos hacen parte de los elementos que han orientado la investigación sobre la participación de la Segunda Marquetalia.
La nueva indagación de la Corte Suprema abre otra línea de verificación: establecer si existieron posibles conexiones con antiguos integrantes de Comunes y si hubo alguna participación de personas que ocuparon cargos de representación política.
Esto no significa que la hipótesis sobre la Segunda Marquetalia haya sido descartada, sino que las autoridades están examinando si la estructura de responsabilidades pudo involucrar a otros actores.
¿Por qué también intervino la JEP?
La controversia tiene una segunda dimensión judicial por la situación de Sandra Ramírez frente a la Jurisdicción Especial para la Paz.
La exsenadora fue integrante de las antiguas FARC y se encuentra sometida al sistema de justicia transicional derivado del Acuerdo de Paz de 2016. Por esa razón, tiene compromisos específicos relacionados con la verdad, la reparación a las víctimas, la no repetición y el cumplimiento de los llamados de la jurisdicción.
El 10 de noviembre, el despacho de la magistrada Lily Andrea Rueda solicitó formalmente a la Corte Suprema información sobre la posible aparición de Sandra Ramírez en las actuaciones relacionadas con el magnicidio.
La JEP concedió un plazo de tres días hábiles para que el alto tribunal informara si la exsenadora estaba comprendida en la investigación y cuál era el estado de las diligencias.
La razón es que los comparecientes de la JEP deben cumplir un régimen de condicionalidad que incluye la obligación de no cometer nuevos delitos después de la firma del Acuerdo de Paz.
Si llegara a demostrarse una conducta delictiva posterior a 2016, podrían abrirse actuaciones para determinar si existió incumplimiento de esas obligaciones, lo que eventualmente podría tener consecuencias sobre los beneficios de justicia transicional.
Por ahora, la solicitud de información de la JEP tampoco constituye una declaración de responsabilidad contra Ramírez.
Comunes rechaza los señalamientos
Después de que María Claudia Tarazona hiciera públicas sus declaraciones, el partido Comunes emitió un pronunciamiento en el que rechazó las acusaciones y negó cualquier participación de sus antiguos congresistas en el asesinato de Miguel Uribe Turbay.
La colectividad calificó los señalamientos como infundados y aseguró que sus dirigentes están dispuestos a atender cualquier requerimiento de las autoridades.
Los antiguos integrantes de la bancada también defendieron su compromiso con el Acuerdo de Paz y manifestaron su disposición de acudir a los mecanismos judiciales para proteger su honra y buen nombre.
Sus pronunciamientos deben tenerse en cuenta dentro del desarrollo de una investigación que todavía se encuentra en una fase preliminar.
Una nueva línea en uno de los magnicidios más resonados del país
La decisión de la Corte Suprema representa un nuevo movimiento en un expediente que todavía tiene preguntas fundamentales por resolver: quién ordenó realmente el asesinato, de dónde salió el dinero para financiarlo, qué estructuras participaron y si existieron apoyos políticos o institucionales que facilitaron su ejecución.
Hasta ahora, la justicia ha avanzado en el esclarecimiento de la cadena material del atentado, pero el establecimiento de todas las responsabilidades intelectuales y financieras sigue siendo uno de los principales objetivos de los investigadores.
La apertura de indagación contra Sandra Ramírez y alias ‘Marcos Calarcá’ no significa que se haya demostrado su participación, pero sí que los señalamientos relacionados con ellos entraron en una nueva etapa de verificación ante el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria.
Para la familia de Miguel Uribe y para el país, el alcance de esta decisión dependerá de lo que logren establecer los investigadores. El reto sigue siendo llegar hasta el último eslabón de la cadena criminal y esclarecer si detrás de los ejecutores materiales hubo otros responsables que todavía no han comparecido ante la justicia.
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