La decisión señala a 11 antiguos mandos de los bloques Caribe y Magdalena Medio como máximos responsables de graves hechos de violencia. La investigación recoge asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones, torturas y violencia sexual contra la población civil.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, a Pastor Lisandro Alape y a otros nueve antiguos comandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en distintas regiones del norte y nororiente de Colombia.
La decisión fue adoptada por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables atribuidos a la antigua guerrilla y que no habían sido abordados en otros procesos de la Jurisdicción. Según la JEP, los 11 comparecientes fueron determinados como máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Entre los señalados se encuentran dos antiguos integrantes del último Secretariado de las Farc: Rodrigo Londoño, conocido durante el conflicto como ‘Timochenko’, y Pastor Alape. La imputación también incluye a antiguos mandos regionales de los bloques Magdalena Medio y Caribe.
¿Quiénes son los 11 excomandantes imputados?
Además de Londoño y Alape, por el Bloque Magdalena Medio fueron imputados Erasmo Traslaviña Benavides, alias ‘Jimmy Guerrero’; Pedro Trujillo Hernández, conocido como ‘Alberto Cancharina’, y Jairo Reinaldo Cala Suárez, alias ‘Jairo Quintero’ o ‘Jairo Mechas’.
Por el Bloque Caribe fueron vinculados Abelardo Caicedo Colorado, alias ‘Solís Almeida’; Osmany Landero Fajardo, conocido como ‘Hernando González’; Gilberto de Jesús Giraldo David, alias ‘Aldemar Altamiranda’; Luis Alejandro Cuadras Solórzano, conocido como ‘Leonardo Muñoz’; Uriel Antonio Oviedo Aldana, alias ‘Manuel Ortiz’ o ‘Mañe’, y Héctor Enrique Hernández López, conocido como ‘Fabio Borges’.
Los graves delitos que les atribuye la JEP
La investigación establece que los antiguos comandantes deberán responder por crímenes de guerra como homicidio, desplazamiento forzado, ataques intencionales contra la población civil, destrucción o apropiación de bienes, tortura, tratos crueles y ataques contra instalaciones protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, como hospitales, escuelas e iglesias.
La imputación también incluye violación y otras formas de violencia sexual. En cuanto a los crímenes de lesa humanidad, la Sala identificó conductas como asesinato, traslado forzoso de población, desaparición forzada, tortura y otros actos inhumanos.
Uno de los aspectos más graves de la investigación es que la JEP identificó que la violencia sexual fue utilizada como mecanismo de castigo, intimidación y control contra mujeres y hombres en los territorios donde operaban estas estructuras.
El ‘burro bomba’ de Chalán y otros hechos documentados
Entre los episodios incluidos en la investigación se encuentra el ataque con el llamado ‘burro bomba’ durante la toma guerrillera de Chalán, Sucre, en 1996. En ese hecho, integrantes de las Farc utilizaron un animal cargado con explosivos para atacar a la fuerza pública. La detonación causó la muerte de 11 policías y destruyó parte del casco urbano.
La JEP también examinó hechos como la masacre de la finca La Duquesa, en zona rural de Tibú, Norte de Santander, donde en 2004 fueron asesinados 34 campesinos, entre ellos dos adolescentes.
Otro de los episodios documentados es el atentado contra la caravana del entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez, en Barranquilla, en 2002, así como ataques con explosivos en ciudades como Maicao y Barrancabermeja.
Estos hechos hacen parte de un conjunto de graves acciones armadas que afectaron a comunidades campesinas, líderes sociales, docentes, autoridades locales y población civil en diferentes regiones del país.
La investigación recoge a 733 víctimas
Para sustentar la decisión, la Sala analizó los relatos de 733 víctimas de los bloques Caribe y Magdalena Medio, entre ellas campesinos, docentes, líderes sociales, políticos, comunidades religiosas y miembros de la Fuerza Pública.
La investigación también tuvo en cuenta informes de organizaciones de derechos humanos, denuncias de la Fiscalía y versiones entregadas por antiguos integrantes de las Farc.
La JEP identificó dos patrones principales de violencia: uno relacionado con el control social y territorial impuesto por la guerrilla, mediante amenazas, persecuciones, homicidios y desplazamientos; y otro asociado a crímenes cometidos durante las hostilidades, como tomas guerrilleras, emboscadas y ataques con explosivos en zonas habitadas.
¿Qué sigue para ‘Timochenko’, ‘Pastor Alape’ y los demás comparecientes?
Los 11 antiguos comandantes tendrán plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para manifestar por escrito si reconocen o rechazan los hechos y las responsabilidades que les atribuye la JEP.
Además, la Jurisdicción estableció el 8 de febrero de 2027 como fecha límite para que aporten información sobre 54 personas desaparecidas cuyo paradero continúa sin conocerse.
Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y cumplen las condiciones del sistema de justicia transicional, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia pública de reconocimiento y la eventual imposición de sanciones propias de la JEP.
En caso de que rechacen los cargos, sus expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación para el desarrollo de un juicio. Si son declarados responsables, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La decisión representa un nuevo capítulo en el esclarecimiento de los crímenes cometidos por las antiguas Farc y pone nuevamente en el centro del debate la responsabilidad de sus máximos mandos frente a las víctimas del conflicto armado.
Es importante precisar que la imputación no equivale a una condena definitiva: se trata de la atribución formal de responsabilidad dentro del procedimiento de la JEP, que ahora deberá continuar con las respuestas de los comparecientes.
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