El senador Enrique Gómez, del Movimiento Salvación Nacional, defendió este jueves su Proyecto de Acto Legislativo que busca limitar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a un plazo improrrogable de diez años, con cierre previsto para marzo de 2028. La iniciativa, que ya superó su primer debate en la Comisión Primera del Senado, incluye un artículo transitorio para que la justicia transicional continúe bajo la gestión de otro operador judicial y permita resolver la situación jurídica de miles de guerrilleros rasos y soldados.
Gómez explicó en declaraciones y en un video difundido en sus redes que el proyecto modifica el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017. Actualmente, la norma contempla un periodo inicial de diez años (contados desde la entrada en funcionamiento de las salas y secciones el 15 de marzo de 2018) más un plazo adicional de cinco años para culminar la actividad jurisdiccional, que podría prorrogarse mediante ley a solicitud de los magistrados. La propuesta elimina esas extensiones y fija el término de diez años como improrrogable.
“Hemos planteado un artículo transitorio que permita que la justicia transicional siga viva, pero que lo gestione otro operador judicial, y así resolver la situación jurídica de miles de guerrilleros razos y soldados”, señaló el congresista. En la entrevista con LAFM, precisó que se busca un procedimiento expedito, barato, eficaz y rápido, especialmente para eliminar incertidumbres de comparecientes sin mando y, de forma diferenciada, de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad. La ley que expida el Congreso regularía el régimen de transición aplicable a los procesos no culminados al vencimiento del plazo, garantizando su continuidad ante autoridades de la justicia ordinaria bajo las reglas del sistema transicional.
El proyecto fue aprobado en primer debate el 28 de octubre con 10 o 11 votos a favor y ninguno en contra, luego de que congresistas de oposición (principalmente del Pacto Histórico) se retiraran de la sesión. Ahora deberá surtir el resto del trámite de reforma constitucional (hasta ocho debates en total). Gómez, aliado del gobierno de Abelardo de la Espriella, ha cuestionado la eficiencia de la JEP, citando pocos avances en sentencias y decisiones de fondo frente a cerca de 37 subcasos, así como altos costos de nómina y contratación por prestación de servicios.
La JEP ha expresado preocupación por la iniciativa. En un comunicado posterior a la aprobación en comisión, advirtió que reducir el plazo en cinco años y trasladar procesos podría comprometer los derechos de las víctimas, eliminar la fase de cierre judicial (juzgamiento de máximos responsables, imposición de sanciones y definición de situaciones jurídicas de cerca de 10.000 comparecientes no máximos responsables) y generar riesgos de reactivación de la vigilancia de la Corte Penal Internacional. Sectores opositores han defendido el marco original del Acuerdo de Paz de 2016 como garantía de seguridad jurídica y justicia transicional.
El debate legislativo continúa en un contexto de críticas al rendimiento y presupuesto de la jurisdicción creada tras el Acuerdo de Paz con las FARC, mientras el proyecto busca un cierre definitivo con mecanismos de transición para no dejar casos sin resolver.
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