Tras una semana marcada por el cobarde asesinato del exsecretario de Gobierno y precandidato a la Alcaldía Miguel Castellanos y un atentado con explosivos cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander que dejó varios heridos, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó este jueves la militarización temporal de Cúcuta y el reforzamiento de la seguridad en Norte de Santander.
La medida llega en un momento en que la ciudad fronteriza ha vivido días de terror. El lunes 26 de octubre, Castellanos fue asesinado a tiros en el Anillo Vial Occidental mientras se desplazaba con su hijo menor y sin esquema de seguridad. Al día siguiente, una maleta bomba detonó en el sector de El Escobal, a escasos metros del paso fronterizo con Venezuela, hiriendo a policías y civiles y generando pánico entre la población. Estos hechos se suman a la histórica presencia de estructuras criminales y narcoterroristas que aprovechan la extensa frontera para el contrabando, el narcotráfico y el control territorial.
En un contundente mensaje difundido en redes sociales y acompañado de un video con altos mandos de la Fuerza Pública, el presidente fue claro: “¡Cúcuta y Norte de Santander no están solos! ¡No cederemos un solo centímetro de nuestra patria ante el terrorismo!”. Ordenó al ministro de Defensa y a la cúpula militar ejecutar de inmediato la militarización de Cúcuta como medida temporal para reforzar la seguridad, proteger a la población y enfrentar a las estructuras criminales. A partir del 3 de noviembre, la estrategia se complementará con el despliegue de la campaña Esparta y el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (BOSUR), cuyo objetivo es recuperar el control territorial, desarticular bandas, golpear sus finanzas y llevar a los responsables ante la justicia.
De la Espriella enfatizó que no se trata de “desplegar uniformados para mostrar presencia, sino de recuperar el control y entregar resultados”. Anunció que la próxima semana estará personalmente en Cúcuta para verificar el cumplimiento de las órdenes y exigir coordinación efectiva entre las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades locales. “La seguridad de los colombianos no se negocia y el terrorismo se enfrenta con toda la fuerza legítima del Estado”, afirmó el mandatario.
La decisión ha sido recibida con alivio por sectores de la ciudadanía cucuteña y nortesantandereana, que llevan años exigiendo una respuesta firme del Estado frente a la violencia que afecta la cotidianidad de una región trabajadora y fronteriza. Con esta militarización temporal y el despliegue de capacidades especiales, el Gobierno envía un mensaje inequívoco: el control territorial y la protección de la población son prioridades innegociables, y las estructuras criminales que pretenden imponer el miedo en Norte de Santander encontrarán una respuesta contundente del Estado.
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