Una fuerte controversia se desató alrededor de los beneficios que reciben antiguos integrantes de las FARC, luego de que el representante a la Cámara Daniel Briceño cuestionara las declaraciones de Julián Gallo, conocido como alias Tornillo, y el uso de recursos públicos para financiar esquemas de seguridad de excombatientes como Sandra Ramírez.
El primer episodio ocurrió durante un encuentro organizado por la Defensoría del Pueblo para conmemorar los diez años de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Allí, Gallo, antiguo comandante de las FARC y hoy dirigente del partido Comunes, respondió a las críticas sobre las sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), señalando que quienes cuestionan las penas deberían leer lo que se pactó en La Habana.
"Que lean los acuerdos. En los acuerdos están cuáles eran las sanciones. Entonces que diez años después todavía se esté criticando eso quiere decir que no se han leído los acuerdos", manifestó Gallo.
Sus declaraciones provocaron la reacción de Daniel Briceño, quien cuestionó que antiguos comandantes de la guerrilla pretendan dar lecciones sobre el cumplimiento del Acuerdo de Paz mientras continúan pendientes las exigencias de verdad, justicia y reparación de las víctimas.
"Un señor como alias Tornillo debería estar hace rato en una cárcel pagando muchos años por sus múltiples delitos. Sin embargo, después de vagar en el Congreso varios años anda con escoltas y dando 'lecciones de moral' como si fuera alguien decente. Eso es lo que celebran", respondió el congresista.
Sandra Ramírez y la polémica por los recursos públicos para su seguridad
El cuestionamiento de Briceño también se extendió a Sandra Ramírez, antigua integrante de las FARC y exsenadora del partido Comunes, después de conocerse que solicitó un reforzamiento de su esquema de protección ante la Unidad Nacional de Protección (UNP).
"Inaceptable que mientras se le pide más plata a los colombianos y mientras el sufrimiento de la gente paga impuestos, parte de esos recursos se vayan a pagarle esquemas de seguridad a los victimarios como la señora Sandra Ramírez", manifestó el representante.
El director de la UNP, Didier Blanco, confirmó que la solicitud de Ramírez se encuentra en evaluación y que su eventual reforzamiento está pendiente de una decisión de la mesa técnica. Por ahora, no existe confirmación de que el aumento haya sido aprobado.
La discusión tiene un contexto judicial adicional. La JEP convocó a Sandra Ramírez a rendir versión voluntaria dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y la utilización de niños y niñas durante el conflicto armado, así como las violencias sexuales, reproductivas y otros abusos cometidos contra menores durante su permanencia en las filas guerrilleras.
La jurisdicción busca esclarecer qué funciones desempeñó Ramírez dentro de las FARC, cuál fue su capacidad de influencia y si tuvo conocimiento o intervención en los hechos investigados. Es importante precisar que esta convocatoria no constituye una imputación ni determina su responsabilidad penal.
Diez años del Acuerdo de Paz y una discusión que sigue pendiente
La controversia vuelve a poner sobre la mesa uno de los asuntos más sensibles de la implementación del Acuerdo de Paz: los beneficios jurídicos, políticos y económicos que reciben quienes dejaron las armas y se sometieron a la justicia transicional.
El acuerdo de 2016 estableció mecanismos de reincorporación, participación política y protección para los antiguos combatientes. Sin embargo, acogerse al proceso no significa quedar automáticamente exonerado de los delitos cometidos durante el conflicto ni estar por encima de las obligaciones con las víctimas.
La justicia transicional exige contribuciones efectivas a la verdad, reconocimiento de responsabilidades, reparación y garantías de no repetición. Los beneficios jurídicos están condicionados al cumplimiento de esos compromisos.
En septiembre de 2026, Briceño también había cuestionado públicamente los beneficios que, en su opinión, recibía Sandra Ramírez. En esa ocasión señaló los años que ocupó una curul en el Congreso, las medidas de protección y las sanciones restaurativas contempladas por la JEP.
El Gobierno anuncia revisión de los esquemas de seguridad
La polémica también llegó al Gobierno. Durante una audiencia ante la JEP, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció que se revisarán los esquemas de protección de los firmantes del Acuerdo de Paz para determinar quiénes realmente los necesitan.
"En este Gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad. No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas que para con ellos se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas", afirmó el funcionario.
El ministro explicó que los vehículos blindados y los equipos de protección no pueden convertirse en beneficios permanentes sin una evaluación actualizada del riesgo.
La discusión deja una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar la seguridad de quienes dejaron las armas sin convertir las medidas de protección y los beneficios de la reincorporación en privilegios injustificados?
Para Briceño, el Estado debe revisar sus prioridades y evitar que los contribuyentes terminen financiando beneficios que no estén debidamente justificados. Mientras tanto, las víctimas siguen reclamando que quienes participaron en los crímenes del conflicto respondan por sus actuaciones y cumplan los compromisos adquiridos ante la justicia transicional.
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