Centenares de recicladores de oficio se concentraron este viernes a las afueras del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, mientras la Corte Constitucional adelanta una audiencia pública para examinar las garantías que tendrá esta población en el nuevo modelo de prestación y contratación del servicio público de aseo de la capital.
La jornada tiene como eje central determinar cómo se garantizará que los recicladores puedan continuar desarrollando su actividad, acceder al material aprovechable y recibir una remuneración justa, cierta y oportuna, en medio de los cambios regulatorios y contractuales que se preparan para el sistema de aseo de Bogotá.
La audiencia fue convocada por la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, mediante el Auto 1461 del 26 de octubre de 2026, bajo la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar. En la diligencia participan representantes de organizaciones de recicladores, entidades del Gobierno Nacional y distrital, organismos de vigilancia y expertos técnicos.
¿Por qué interviene la Corte Constitucional?
La discusión tiene antecedentes de más de dos décadas. En 2003, mediante la Sentencia T-724, la Corte Constitucional reconoció que el Distrito debía adoptar medidas especiales para garantizar la participación de los recicladores de oficio en los procesos de contratación del servicio público de aseo.
En esa decisión, el alto tribunal determinó que las condiciones de una licitación adelantada por Bogotá desconocían los derechos a la igualdad, al debido proceso y al trabajo de esta población, al no contemplar medidas suficientes para garantizar su participación.
Desde entonces, la Corte ha mantenido un seguimiento excepcional al cumplimiento de esas órdenes, con el propósito de evitar que los cambios en la prestación del servicio terminen excluyendo a quienes dependen económicamente del reciclaje.
El nuevo modelo de aseo genera interrogantes
Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con la Resolución CRA 1040 de 2026, expedida el 30 de julio, mediante la cual se adoptó un nuevo marco tarifario del servicio público de aseo para los grandes prestadores.
Las organizaciones de recicladores han advertido posibles consecuencias económicas y operativas derivadas de los cambios regulatorios, especialmente en lo relacionado con el acceso a los residuos aprovechables, la continuidad de sus actividades y el reconocimiento económico por el trabajo que realizan.
La preocupación también está relacionada con la estructuración del futuro esquema de contratación que deberá implementar el Distrito, bajo la administración del alcalde Carlos Fernando Galán.
La Corte busca establecer qué medidas concretas contempla la Alcaldía para incorporar a los recicladores en ese proceso y evitar que pierdan las garantías reconocidas judicialmente.
¿Qué busca establecer la audiencia?
El alto tribunal concentró la discusión en tres asuntos fundamentales:
Acceso al material aprovechable: establecer cómo se garantizará que los recicladores puedan continuar recolectando y aprovechando los residuos reciclables.
Permanencia en la actividad: determinar qué medidas evitarán que las nuevas condiciones contractuales los excluyan del sistema.
Remuneración: conocer cómo se garantizará un pago justo, cierto y oportuno por el trabajo de aprovechamiento.
También se examinarán los mecanismos de coordinación entre la Alcaldía, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y las demás autoridades responsables.
Es importante precisar que la audiencia no tiene como finalidad declarar la invalidez del nuevo marco tarifario ni modificar directamente sus disposiciones. La intervención judicial está dirigida a verificar que el futuro esquema contractual de Bogotá respete las medidas de protección reconocidas a los recicladores.
Una discusión que afecta a miles de familias
La concentración frente al Palacio de Justicia refleja la preocupación de quienes dependen diariamente de la recuperación y comercialización de materiales reciclables para sostener sus hogares.
El resultado de este seguimiento constitucional tendrá implicaciones sobre la manera en que Bogotá organizará su servicio de aseo y garantizará la participación de una población que durante años ha desempeñado un papel fundamental en el aprovechamiento de residuos y la economía circular.
La pregunta que deberán responder las autoridades es cómo modernizar el sistema de aseo de la capital sin poner en riesgo el trabajo, los ingresos y los derechos de miles de recicladores.
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