Una escena poco habitual se presentó el martes 17 de noviembre en la plenaria del Congreso de la República, cuando varias personas privadas de la libertad ingresaron al Capitolio Nacional durante un debate de control político sobre la crisis del sistema penitenciario colombiano.
La presencia de los internos fue autorizada por el senador Gustavo Moreno, integrante del partido Alianza Social Independiente (ASI), quien utilizó su ingreso como parte de una intervención para llamar la atención sobre las condiciones de reclusión y las dificultades que enfrenta el Estado para garantizar el control de quienes cumplen condenas fuera de las cárceles.
La sesión fue convocada conjuntamente por Moreno y la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, y contó con la participación del ministro de Justicia, Iván Cancino, quien tuvo que responder por las medidas del Gobierno frente al hacinamiento, la infraestructura penitenciaria y la vigilancia de la población privada de la libertad.
¿Por qué ingresaron los internos al Congreso?
De acuerdo con los reportes de prensa, las personas que ingresaron al Capitolio pertenecen al programa Cárceles Productivas, una iniciativa relacionada con la vinculación laboral de la población privada de la libertad.
Moreno aprovechó la presencia de estos participantes para defender la implementación de la Ley 2446 y pedir mayor participación del sector empresarial en proyectos productivos dentro de los establecimientos penitenciarios.
El congresista también cuestionó las condiciones de vigilancia de quienes reciben beneficios de detención domiciliaria y advirtió sobre la falta de dispositivos electrónicos para controlar el cumplimiento de esas medidas.
Según las cifras que presentó durante el debate, Colombia tendría cerca de 65.000 personas bajo detención domiciliaria, pero el Inpec solamente dispondría de aproximadamente 5.000 brazaletes electrónicos.
"Esto significa que de esas 60 mil personas, 55 mil no sabemos dónde están y podrían estar delinquiendo nuevamente", advirtió Moreno, según declaraciones recogidas por Infobae.
Hacinamiento y falta de cupos: la dimensión de la crisis
Durante la discusión también se expusieron cifras preocupantes sobre la capacidad del sistema penitenciario.
De acuerdo con los datos del Inpec citados por los congresistas, Colombia registra 101.543 personas privadas de la libertad, mientras que la infraestructura disponible tiene capacidad para 80.992. Esto representa un déficit de 20.551 cupos.
Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con las personas condenadas que permanecen durante años en estaciones de Policía y centros de reclusión transitoria, pese a que deberían estar en establecimientos penitenciarios.
La discusión puso de manifiesto problemas estructurales que van más allá del hacinamiento: falta de infraestructura, dificultades de vigilancia, reincidencia y utilización de las cárceles para coordinar actividades criminales.
¿Qué respondió el ministro de Justicia?
Durante el debate, el ministro Iván Cancino reconoció la gravedad de la situación y aseguró que el Gobierno trabaja en diferentes medidas para enfrentarla.
El funcionario señaló que la reincidencia registrada por su cartera es del 25,4 %, y anunció que se adelantan acciones para terminar los establecimientos penitenciarios de Riohacha y Sabaná de Ángel.
También se refirió a las estrategias para combatir la extorsión desde las cárceles, entre ellas el bloqueo de líneas telefónicas utilizadas para cometer estos delitos y el desarrollo de iniciativas para instalar inhibidores de señal en los centros penitenciarios.
El debate sobre los derechos de los internos y las víctimas
La presencia de personas privadas de la libertad en el Congreso generó cuestionamientos y reacciones en redes sociales, especialmente por el contraste entre la visibilidad que recibió la población carcelaria y las demandas de justicia de las víctimas de delitos.
Sin embargo, la discusión legislativa también puso sobre la mesa un problema de seguridad pública: la falta de mecanismos suficientes para vigilar a quienes cumplen medidas fuera de prisión y evitar que continúen delinquiendo.
El desafío para el Gobierno consiste en garantizar condiciones dignas y procesos de resocialización, sin descuidar los derechos de las víctimas, la reparación y la seguridad de los ciudadanos.
El debate dejó una pregunta de fondo: ¿cómo garantizar la resocialización de las personas privadas de la libertad sin debilitar los mecanismos de vigilancia, justicia y protección para las víctimas?


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