La plenaria del Senado de la República aprobó este martes 3 de noviembre, con 57 votos a favor y 24 en contra, el proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia, una de las principales apuestas del Gobierno de Abelardo de la Espriella para modificar la estrategia del Estado frente a las organizaciones criminales y marcar un cambio respecto a la política de Paz Total impulsada durante la administración de Gustavo Petro.
La iniciativa superó su último debate en el Senado después de varias jornadas de discusión y una votación que estuvo acompañada de fuertes diferencias entre el oficialismo y la oposición. Con esta decisión, el proyecto avanza en su propósito de establecer un modelo en el que las estructuras criminales puedan someterse a la justicia bajo condiciones previamente definidas, sin que ello implique reconocerles estatus político ni abrir negociaciones políticas con esas organizaciones.
¿Qué cambia con la Ley de Sometimiento?
Uno de los principales cambios consiste en establecer un procedimiento para que integrantes de determinadas estructuras armadas ilegales se sometan voluntariamente a la justicia. A cambio de cumplir compromisos verificables, podrían acceder a un tratamiento penal diferenciado.
Entre las condiciones contempladas están la dejación de armas, el cese de actividades criminales, la entrega de información sobre el funcionamiento de las organizaciones, la colaboración con las investigaciones y la identificación y entrega de bienes ilícitos que puedan contribuir a la reparación de las víctimas.
De acuerdo con los detalles divulgados tras la aprobación en el Senado, el proyecto contempla reducciones de pena de hasta el 50 % para integrantes rasos y de máximo el 30 % para quienes hayan ejercido funciones de mando. Para los responsables de reclutamiento de menores se establecen condiciones más restrictivas, con una reducción que no podría superar el 10 % y una condena mínima de diez años, según lo explicado por el ponente Hernán Cadavid.
En el caso de terceros vinculados a las estructuras criminales, como testaferros, se contempla una pena mínima de seis años, condicionada a la entrega de los bienes ilegales bajo su poder.
El proyecto también establece que el sometimiento no significará la suspensión de órdenes de captura o de extradición, ni el reconocimiento de estatus político a las organizaciones que se acojan al procedimiento. Las autoridades judiciales tendrán un papel en la verificación del cumplimiento de los compromisos.
El cambio frente a la Paz Total de Gustavo Petro
La aprobación representa un giro frente al modelo de Paz Total promovido por el anterior Gobierno, que contemplaba acercamientos, diálogos y procesos de negociación con diferentes actores armados y estructuras criminales.
La nueva propuesta busca que el Estado no negocie condiciones políticas con organizaciones criminales, sino que establezca las reglas para que sus integrantes abandonen la ilegalidad, respondan ante la justicia y contribuyan al desmantelamiento de sus estructuras.
Durante el trámite legislativo, defensores de la iniciativa sostuvieron que el país necesita un marco jurídico que permita combatir a las organizaciones criminales y ofrecer una ruta para quienes decidan entregarse. Desde sectores críticos, en cambio, se advirtió sobre los riesgos de las rebajas de penas, las garantías para las víctimas y la posibilidad de que determinados beneficios terminen favoreciendo a integrantes de estructuras responsables de graves delitos.
La discusión también puso sobre la mesa el balance de la Paz Total. Sus críticos han cuestionado los resultados de las negociaciones y han señalado que, durante ese periodo, algunas organizaciones armadas mantuvieron o ampliaron su presencia territorial y sus actividades ilegales. Por su parte, quienes defienden la búsqueda de salidas negociadas advierten que el sometimiento judicial, por sí solo, no resuelve las causas del conflicto ni garantiza la no repetición de la violencia.
Una carrera contra el tiempo en el Congreso
El proyecto, identificado como 296 de 2026 en el Senado y 433 de 2026 en la Cámara, fue presentado por el Gobierno con mensaje de urgencia y busca modificar, adicionar y prorrogar disposiciones de la Ley 418 de 1997, conocida como Ley de Orden Público.
En los últimos días, el trámite estuvo marcado por fuertes discusiones. El Senado rechazó el 30 de octubre una ponencia que buscaba archivar la iniciativa, con 45 votos en contra y 19 a favor. Posteriormente, avanzó en la discusión de su articulado.
En la Cámara de Representantes también hubo controversia por el procedimiento de votación de la ponencia positiva. La votación tuvo que repetirse después de cuestionamientos de varios congresistas sobre la sustentación del informe. La nueva votación permitió que continuara el debate.
La aprobación del Senado constituye un paso decisivo, pero no significa que el proyecto ya sea ley. La Cámara debe completar su discusión y votación, y si los textos aprobados por ambas corporaciones presentan diferencias, será necesario conciliarlos antes de la sanción presidencial.
El plazo es determinante: la vigencia de la Ley 418 termina el 4 de noviembre. De no completarse oportunamente el trámite, podrían quedar comprometidas herramientas jurídicas y programas estatales que dependen de ese marco normativo.
Con la decisión del Senado, el país queda ante un cambio de rumbo en la política de sometimiento de estructuras criminales. La discusión ahora se concentra en si la Cámara logra completar el trámite y en cómo se aplicarán las condiciones de justicia, reparación y desmantelamiento que plantea la iniciativa.
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