La excandidata presidencial pidió esclarecer quiénes habrían intervenido en su campaña y qué información obtuvieron. La denuncia coincide con revelaciones periodísticas sobre documentos internos de la Dirección Nacional de Inteligencia que mencionan un supuesto plan para atacar los sistemas de la Registraduría.
La excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció una presunta infiltración de su campaña por parte de personas que, según sus declaraciones, habrían actuado desde el Gobierno de Gustavo Petro y con participación de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
El pronunciamiento se produjo después de que Noticias Caracol revelara documentos internos de la entidad que advierten sobre posibles actuaciones irregulares durante la anterior administración, entre ellas presuntos intentos de interferencia en el proceso electoral de 2026 y actividades de inteligencia que habrían excedido las competencias legales del organismo.
A través de un video publicado en su cuenta de X, Valencia calificó los hechos como graves y reclamó explicaciones sobre el alcance de la supuesta infiltración, las personas involucradas, los mecanismos utilizados y las instrucciones que habrían recibido.
La dirigente señaló que su campaña mantenía una dinámica de puertas abiertas, circunstancia que, según explicó, pudo facilitar la entrada de personas ajenas a sus verdaderos objetivos. No obstante, cuestionó que una entidad estatal pudiera haber intervenido en una organización política.
Valencia anunció que se constituirá como víctima dentro de las investigaciones correspondientes y que buscará que el Centro Democrático también participe en los procesos judiciales para esclarecer lo sucedido.
Carlos Andrés Oyola, el funcionario de la DNI señalado en los documentos
Uno de los nombres que tomó relevancia tras las revelaciones periodísticas es el de Carlos Andrés Oyola Tovar, ingeniero de sistemas nacido en Neiva, quien ingresó a la Dirección Nacional de Inteligencia en febrero de 2024.
De acuerdo con documentos internos conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, Oyola habría participado en actividades informáticas dentro de la entidad y en la coordinación de una red de activistas digitales, bodegueros y hackers.
Uno de los informes lo relaciona con un supuesto plan para vulnerar los sistemas de la Registraduría Nacional y alterar los resultados de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.
El documento señala que Oyola habría liderado una red encargada de ejecutar ataques informáticos contra la autoridad electoral. Sin embargo, el alcance de esas actuaciones, sus eventuales resultados y la identidad de quienes habrían impartido instrucciones todavía deben ser establecidos por las autoridades judiciales.
Captura de Oyola y sus antecedentes judiciales
El caso adquirió mayor relevancia luego de que Oyola fuera capturado el 6 de noviembre de 2026 en Neiva, en un procedimiento en el que participaron autoridades judiciales y militares.
Según las publicaciones periodísticas, el funcionario tenía una orden de captura emitida el 7 de mayo de 2026, relacionada con una investigación por presuntas irregularidades en los sistemas académicos de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
La investigación se relaciona con posibles modificaciones irregulares de calificaciones y registros académicos. Entre los delitos investigados se encuentran acceso abusivo a un sistema informático, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
Noticias Caracol también reveló que, pese a la orden de captura, Oyola habría permanecido vinculado a la DNI durante varios meses.
Adicionalmente, los documentos internos lo relacionan con la presunta extracción y pérdida de información de bases de datos estatales, así como con un proyecto tecnológico de la entidad que no habría sido entregado satisfactoriamente.
Es importante precisar que la captura corresponde a un procedimiento judicial y no constituye, por sí misma, una declaración de responsabilidad penal por los señalamientos relacionados con la Registraduría.
Auditoría a la DNI: 147 terabytes bajo revisión
Las denuncias sobre una posible infiltración electoral se conocen en medio de una revisión más amplia al funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno anterior.
En octubre pasado, la revista SEMANA publicó los resultados de una auditoría forense ordenada por la actual administración, en la que se reportó el análisis de aproximadamente 147 terabytes de información, además de 40 equipos de cómputo, cinco teléfonos celulares y otros dispositivos.
Según esa publicación, los hallazgos apuntarían a posibles irregularidades en el manejo de información reservada, actividades de contrainteligencia y presuntos seguimientos a integrantes de la oposición.
Posteriormente, Noticias Caracol reveló un informe de empalme de julio de 2026 que advertiría sobre un supuesto plan para instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos destinados a los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes.
Los documentos también plantean interrogantes sobre el funcionamiento de estructuras internas de inteligencia y el manejo de información sensible.
Por ahora, estos hallazgos constituyen alertas y señalamientos que requieren investigaciones independientes para establecer responsabilidades individuales y determinar si existieron actuaciones ilegales.
Un nuevo debate sobre el uso de la inteligencia estatal
Las revelaciones reabren una discusión histórica en Colombia sobre los límites de los organismos de inteligencia y la utilización de sus capacidades para fines distintos a la seguridad nacional.
El antecedente más conocido es el escándalo de las interceptaciones ilegales del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), durante el cual se documentaron seguimientos e interceptaciones a magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y dirigentes políticos.
La controversia actual vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer los controles institucionales, garantizar la independencia de los organismos de inteligencia y evitar que sus herramientas sean utilizadas para perseguir o afectar a sectores políticos.
Las investigaciones que ahora exigen respuestas
La denuncia de Paloma Valencia y las revelaciones sobre Carlos Oyola abren varios interrogantes: quién habría ordenado las presuntas actividades de infiltración, qué información fue obtenida, si existió una estrategia para afectar las campañas presidenciales y qué funcionarios conocían o participaron en esas actuaciones.
La dirigente del Centro Democrático exige que se esclarezca lo ocurrido y que se determinen las responsabilidades correspondientes.
El caso representa un nuevo desafío para las instituciones encargadas de garantizar la transparencia electoral y el funcionamiento legal de los organismos de inteligencia. La Fiscalía y los organismos de control tendrán que establecer si detrás de los documentos revelados existió una operación ilegal y quiénes serían sus responsables.
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