Una revisión interna de la Cancillería encendió las alarmas sobre la contratación estatal durante el Gobierno de Gustavo Petro. Según información divulgada por Semana, en enero de 2026 el Ministerio de Relaciones Exteriores suscribió 809 contratos, de los cuales 322 fueron firmados en apenas dos días.
La concentración de tantas contrataciones en un periodo tan corto plantea interrogantes sobre la planeación, la justificación de los servicios y los controles administrativos utilizados para comprometer recursos públicos.
Pero la revisión no se quedó únicamente en las cifras. La entidad identificó posibles irregularidades en 19 contratos cuyo valor supera los 100.000 millones de pesos, hallazgos que fueron remitidos a la Contraloría General de la República para su respectiva evaluación.
El caso abre una discusión sobre la manera en que se administraron los recursos públicos durante la anterior administración. ¿Por qué se concentró semejante volumen de contrataciones en solo 48 horas? ¿Existían estudios previos y necesidades debidamente justificadas para cada vinculación?
Aunque firmar numerosos contratos en un periodo corto no constituye por sí mismo una prueba de corrupción, sí exige explicaciones sobre los procedimientos, los beneficiarios, los objetos contractuales y la ejecución de los recursos.
Ahora será la Contraloría la encargada de determinar si existió algún detrimento al patrimonio público y si hay elementos que ameriten actuaciones adicionales de los organismos de control.
La pregunta de fondo es quién responde por la planeación y supervisión de estos contratos y si los recursos de los colombianos fueron utilizados de manera eficiente.
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