La justicia amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la excanciller, luego de que la exdirectora del DAPRE la relacionara con supuestos encuentros sexuales para Gustavo Petro y con el presunto uso de información íntima para obtener beneficios dentro del Gobierno. La decisión también vuelve a poner bajo la lupa las controversias que rodearon al círculo más cercano del expresidente.
Una disputa que comenzó con declaraciones sobre la vida privada del expresidente Gustavo Petro terminó en los estrados judiciales. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), retractarse de varias afirmaciones realizadas contra Laura Sarabia, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de la excanciller a la honra, al buen nombre y a la rectificación.
La decisión, conocida el lunes 9 de noviembre, tiene especial relevancia por la gravedad de los señalamientos. Rodríguez había relacionado a Sarabia con la presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el entonces presidente Gustavo Petro. También la señaló de supuestamente tener fotografías, videos e información íntima del mandatario que habría utilizado para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar posiciones dentro del Gobierno.
No se trataba de simples diferencias entre dos antiguas funcionarias. Las afirmaciones involucraban presuntas conductas que, de ser demostradas, tendrían implicaciones políticas e institucionales de enorme gravedad. Precisamente por eso, el juzgado examinó si podían presentarse públicamente como hechos ciertos sin contar con respaldo probatorio suficiente.
¿Qué tendrá que hacer Angie Rodríguez por orden del juez?
La providencia establece que Rodríguez deberá firmar el texto de rectificación incorporado en la decisión judicial y leerlo íntegramente, con su propia voz, en una grabación de video.
El plazo fijado es de 48 horas contadas a partir de la notificación formal de la sentencia. La grabación podrá realizarse con asistencia técnica y sin que la exdirectora del DAPRE tenga que mostrar su rostro.
El texto ordenado por el juzgado contiene una precisión fundamental: los elementos de respaldo que Rodríguez tenía no eran suficientes para presentar aquellas imputaciones como hechos probados.
En particular, la rectificación contempla retirar los señalamientos según los cuales Sarabia habría organizado encuentros sexuales para Petro o utilizado información privada del entonces mandatario para chantajearlo y conservar cargos públicos.
La decisión también establece que los medios de comunicación en los que se divulgaron las afirmaciones deberán publicar la rectificación una vez esté disponible, según lo reportado sobre el contenido del fallo.
Es importante precisar que se trata de una decisión de tutela de primera instancia, susceptible de impugnación. Por tanto, no debe confundirse con una sentencia penal ni interpretarse como una resolución definitiva de todas las controversias relacionadas con las denuncias.
¿De dónde surgieron los señalamientos contra Laura Sarabia?
La controversia tomó fuerza después de que Angie Rodríguez concediera entrevistas en octubre de 2026, entre ellas una conversación con el periodista Daniel Samper Ospina.
En esos espacios realizó afirmaciones sobre el supuesto manejo de información privada del entonces presidente y la presunta existencia de fotografías y videos de su vida íntima.
Según sus declaraciones, ese material habría sido utilizado como mecanismo de presión para obtener o conservar posiciones de poder dentro de la administración.
También relacionó a Sarabia con la supuesta organización o facilitación de encuentros sexuales para Petro.
Estas afirmaciones adquirieron una dimensión política considerable porque ambas mujeres ocuparon posiciones estratégicas dentro del Gobierno anterior. Sarabia fue jefe de gabinete, directora del DAPRE y posteriormente canciller, mientras Rodríguez también estuvo al frente del Departamento Administrativo de la Presidencia.
La cercanía que ambas tuvieron con el círculo presidencial hizo que sus declaraciones fueran interpretadas como una señal de las tensiones y posibles fracturas internas que rodearon a la administración Petro.
Laura Sarabia respondió: «No voy a permitir que se creen historias con mi nombre»
Tras conocerse la decisión judicial, Laura Sarabia se pronunció públicamente y defendió su derecho a proteger su reputación.
«Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación», manifestó la excanciller.
Su defensa, encabezada por la abogada Lina Sandoval Echavarría, sostuvo que las declaraciones de Rodríguez presentaron como ciertos hechos graves sin contar con elementos suficientes para respaldarlos.
La representante jurídica también explicó que la decisión no busca impedir que se investiguen posibles irregularidades dentro del Gobierno ni limitar las críticas a los funcionarios públicos. La discusión, según la defensa, está en la diferencia entre denunciar hechos que deben investigarse y atribuir responsabilidades personales sin sustento probatorio.
Por su parte, durante el trámite judicial, Rodríguez cuestionó la interpretación de sus declaraciones y sostuvo que algunos fragmentos de las entrevistas habían sido recortados o sacados de contexto.
El caso no termina aquí: las denuncias de Deicy Jiménez también están bajo investigación
La decisión judicial contra Rodríguez debe entenderse dentro de un contexto más amplio de controversias relacionadas con presuntas irregularidades en la administración anterior.
En las últimas semanas, las declaraciones de Deicy Jiménez, una excontratista vinculada al entorno político del Gobierno Petro, también provocaron una fuerte discusión nacional.
Jiménez afirmó que habría existido una red de mujeres vinculadas mediante contratos estatales y que esos recursos presuntamente habrían servido para pagar encuentros de contenido sexual. También realizó señalamientos sobre supuestos favores personales y relaciones con el entonces mandatario.
La excontratista publicó además un video que, según ella, respaldaría parte de sus declaraciones sobre su relación con Petro. La autenticidad, el contexto, la fecha y el alcance probatorio de ese material deberán ser establecidos por las autoridades.
El equipo jurídico del expresidente cuestionó el valor probatorio del video por considerar que no tenía fecha, lugar ni origen verificados y rechazó que Petro hubiera condicionado o entregado contratos públicos a cambio de favores sexuales.
Este asunto tiene un desarrollo institucional independiente del proceso de tutela promovido por Laura Sarabia.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación relacionada con posibles irregularidades en el DAPRE y otras entidades públicas, en la que se incluyen las denuncias sobre presunta contratación irregular de mujeres y otros hechos divulgados públicamente.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también ordenó una inspección judicial para obtener contratos relacionados con Deicy Jiménez en el Congreso.
Por otra parte, la Procuraduría abrió una indagación previa para examinar posibles irregularidades en entidades estatales, relacionadas con contratos de prestación de servicios, presuntos abusos de funciones y otras conductas denunciadas.
Hasta el momento, estas actuaciones no equivalen a una declaración de responsabilidad penal o disciplinaria de las personas mencionadas.
¿Qué significa realmente la decisión judicial?
El fallo deja una discusión importante sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de quienes realizan acusaciones públicas.
En una democracia, los ciudadanos, periodistas y funcionarios tienen derecho a denunciar posibles irregularidades, cuestionar a quienes ejercen el poder y exigir explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos.
Sin embargo, ese derecho también implica responsabilidades, especialmente cuando se atribuyen conductas que pueden afectar gravemente la reputación de otra persona.
La decisión contra Rodríguez no significa que todas las denuncias sobre posibles irregularidades en el Gobierno anterior hayan quedado descartadas. Tampoco resuelve las investigaciones que adelantan la Fiscalía, la Corte Suprema y la Procuraduría.
Lo que determina es que las afirmaciones específicas examinadas en la tutela contra Laura Sarabia no podían presentarse como hechos probados con el respaldo disponible, y que correspondía rectificarlas.
El caso deja dos asuntos que el país deberá seguir de cerca: el cumplimiento de la orden judicial por parte de Angie Rodríguez y el avance de las investigaciones que buscan establecer si existieron irregularidades en la contratación pública y en el entorno del anterior Gobierno.
Mientras la justicia exige rectificaciones por acusaciones que afectaron el buen nombre de una exfuncionaria, otras autoridades continúan examinando denuncias que podrían tener consecuencias institucionales.
La pregunta de fondo es si Colombia conocerá finalmente qué ocurrió detrás de las denuncias sobre el círculo más cercano al expresidente Gustavo Petro, y cuáles de los señalamientos podrán ser demostrados ante las autoridades.
¿Considera que las personas que hacen acusaciones públicas sobre funcionarios y figuras políticas deben responder judicialmente cuando no tienen pruebas suficientes para respaldarlas?
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