La declaración del ministro del Interior vuelve a poner sobre la mesa uno de los debates más profundos y polarizados de la historia reciente de Colombia: si el acuerdo firmado con las FARC garantizó justicia para las víctimas o concedió beneficios excesivos a los responsables de crímenes durante el conflicto armado.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, protagonizó un fuerte pronunciamiento contra el expresidente Juan Manuel Santos durante su primer discurso en el cargo. El funcionario cuestionó el papel que desempeñó el exmandatario durante las negociaciones de paz con las antiguas FARC y lo acusó de haber mantenido una posición complaciente frente a la guerrilla para terminar actuando como «abogado de los victimarios».
Las declaraciones representan una nueva confrontación entre dos figuras que mantienen profundas diferencias políticas y jurídicas desde hace más de una década, cuando Santos encabezaba el Gobierno y Ordóñez ejercía como procurador general de la Nación.
El señalamiento del ministro no se limita a una crítica personal. Su cuestionamiento apunta directamente al modelo de justicia transicional establecido en el acuerdo de paz de 2016, particularmente a los beneficios judiciales concedidos a los antiguos integrantes de las FARC, las condiciones para acceder a ellos y las garantías de reparación para millones de víctimas del conflicto armado.
Una confrontación que comenzó durante las negociaciones de La Habana
Las diferencias entre Ordóñez y Santos se hicieron especialmente visibles desde 2012, cuando comenzaron formalmente las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba.
En ese momento, Alejandro Ordóñez era procurador general, cargo que ocupó entre 2009 y 2016. Desde esa posición se convirtió en uno de los principales críticos de la negociación y cuestionó reiteradamente las condiciones jurídicas que se estaban construyendo para permitir la desmovilización de la guerrilla.
Su principal preocupación era que los máximos responsables de delitos graves pudieran recibir sanciones que, en su criterio, no correspondían a la gravedad de los crímenes cometidos.
Ordóñez también cuestionaba que los integrantes de las FARC pudieran participar en política sin cumplir primero penas ordinarias de prisión y advertía sobre la posibilidad de que las víctimas terminaran recibiendo menos garantías que los antiguos combatientes.
En septiembre de 2016, después de dejar la Procuraduría, reiteró públicamente sus argumentos y anunció que votaría por el No en el plebiscito.
En una entrevista con SEMANA calificó el acuerdo como una «feria de impunidades» y sostuvo que privilegiaba a los victimarios mientras sacrificaba los derechos de las víctimas. También cuestionó la falta de garantías suficientes para la reparación y la no repetición de la violencia.
Estas posiciones lo convirtieron en uno de los principales referentes de la oposición al acuerdo de La Habana.
El plebiscito que dividió al país
Uno de los momentos determinantes de esta confrontación ocurrió el 2 de octubre de 2016, cuando los colombianos fueron convocados a las urnas para decidir si respaldaban el acuerdo de paz negociado por el Gobierno Santos y las FARC.
El resultado fue una derrota política para el Ejecutivo: el No obtuvo 6.431.376 votos, equivalentes al 50,21 %, mientras que el Sí consiguió 6.377.482 votos, correspondientes al 49,78 %. La diferencia fue de apenas 53.894 votos.
Ordóñez fue uno de los promotores más visibles del rechazo al acuerdo y defendió que los colombianos no estaban obligados a aceptar unas condiciones que, según su interpretación, podían generar impunidad para los responsables de crímenes graves.
El resultado obligó al Gobierno a abrir un proceso de revisión y negociación con diferentes sectores que habían promovido el No. Posteriormente, el 24 de noviembre de 2016, Santos y las FARC firmaron un nuevo acuerdo, que fue llevado al Congreso para su refrendación.
La controversia, sin embargo, nunca desapareció y continúa siendo uno de los principales puntos de división política en Colombia.
¿Qué cuestiona Ordóñez del acuerdo de paz?
El centro de las críticas del ministro está relacionado con el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada como uno de los componentes del sistema de justicia transicional.
El modelo estableció un tratamiento judicial diferenciado para quienes participaron en el conflicto armado, con condiciones especiales para quienes contribuyeran al esclarecimiento de la verdad, reconocieran su responsabilidad, repararan a las víctimas y garantizaran la no repetición.
Uno de los aspectos más polémicos son las denominadas sanciones propias. Para quienes reconozcan tempranamente su responsabilidad y cumplan las condiciones establecidas, el acuerdo contempla sanciones de entre cinco y ocho años, con restricciones efectivas de derechos y libertades, pero sin que necesariamente impliquen prisión ordinaria.
Por el contrario, quienes no reconozcan responsabilidad y sean encontrados culpables pueden recibir penas ordinarias de hasta 20 años de prisión, según las condiciones previstas en el sistema.
El acuerdo también establece que los delitos más graves, como los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra, no pueden ser objeto de amnistía o indulto.
Para Ordóñez, estas disposiciones no representaban garantías suficientes de justicia. Su argumento histórico ha sido que la gravedad de los crímenes cometidos por las FARC exigía sanciones más severas y un compromiso más contundente con la reparación de las víctimas.
El texto del acuerdo, por su parte, establece expresamente que los beneficios judiciales están condicionados al cumplimiento de obligaciones de verdad, reparación y no repetición. Esta diferencia entre el diseño jurídico del sistema y las críticas sobre su aplicación constituye el núcleo de una discusión que sigue vigente.
Santos defendió el acuerdo y recibió el Nobel de Paz
Juan Manuel Santos ha defendido históricamente la negociación como una oportunidad para terminar más de medio siglo de confrontación armada con las FARC.
Su Gobierno sostuvo que la salida negociada permitiría reducir la violencia, facilitar la reincorporación de miles de combatientes y construir mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas.
En octubre de 2016, el Comité Noruego del Nobel le concedió el Premio Nobel de Paz por sus esfuerzos para poner fin al conflicto armado colombiano.
El reconocimiento internacional contrastó con la profunda división que el proceso generó dentro del país. Mientras sus defensores consideraban que el acuerdo representaba una oportunidad histórica para terminar la guerra, sus detractores advertían sobre los riesgos de conceder beneficios judiciales y políticos a una organización responsable de secuestros, asesinatos, reclutamiento de menores y otros graves crímenes.
Años después, Santos ha insistido en que el acuerdo debe implementarse integralmente. En septiembre de 2026, durante una entrevista con Reuters, pidió al presidente Abelardo De La Espriella continuar con su implementación y sostuvo que el proceso todavía puede contribuir a enfrentar problemas estructurales del país, como la pobreza rural, el narcotráfico y la inseguridad.
El expresidente también reconoció que los gobiernos posteriores no habían cumplido plenamente con la implementación de lo pactado.
El regreso de Ordóñez al primer plano del poder
La confrontación adquiere una nueva dimensión con la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior, una de las carteras más importantes del Gobierno por su responsabilidad en las relaciones con el Congreso, la coordinación política y la interlocución con los partidos y las autoridades territoriales.
El presidente Abelardo De La Espriella anunció su designación el 21 de octubre y lo posesionó oficialmente el 4 de noviembre de 2026, en reemplazo de Rodrigo Lara Restrepo.
Su nombramiento también tiene un significado político: Ordóñez fue uno de los principales opositores del acuerdo de La Habana y ahora ocupa una posición estratégica dentro de un Gobierno que ha planteado una revisión profunda de la política de paz y de los mecanismos de sometimiento a la justicia.
Su trayectoria incluye su paso por la Procuraduría General, la presidencia del Consejo de Estado y dos periodos como embajador de Colombia ante la Organización de Estados Americanos.
La designación también representa el regreso de una figura que ha mantenido posiciones críticas frente a la izquierda colombiana y que ha defendido una política de mayor autoridad estatal frente a las organizaciones armadas y criminales.
Un debate que vuelve a tomar fuerza
Las palabras de Ordóñez reabren una discusión que sigue teniendo consecuencias políticas, jurídicas y sociales para Colombia: el equilibrio entre la búsqueda de la paz y la obligación del Estado de garantizar justicia a quienes sufrieron los crímenes del conflicto armado.
Su acusación contra Santos refleja una posición que ha defendido durante años: que la terminación de la confrontación con las FARC no podía convertirse, en su criterio, en una justificación para reducir las responsabilidades de sus antiguos integrantes.
Por ahora, el pronunciamiento del ministro vuelve a colocar al expresidente en el centro de la controversia y anticipa que el debate sobre el acuerdo de La Habana seguirá ocupando un lugar importante en la agenda del Gobierno de Abelardo De La Espriella.
Más allá del enfrentamiento entre ambos dirigentes, la discusión de fondo continúa siendo la misma: cómo garantizar que la paz no signifique impunidad y que las víctimas reciban verdad, justicia, reparación y garantías reales de no repetición.
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