Ocho días después de su secuestro en Saravena, Arauca, el grupo armado difundió un video de la oficial y entregó una carta escrita de su puño y letra a través de una comisión humanitaria de la Cruz Roja. Las imágenes vuelven a poner sobre la mesa una realidad que Colombia creyó estar dejando atrás: el poder de las organizaciones armadas para secuestrar, someter y utilizar a sus víctimas como instrumentos de presión.
Colombia vuelve a enfrentarse a una de las escenas más dolorosas y vergonzosas de su historia reciente: una integrante de la Fuerza Pública aparece ante una cámara, privada de su libertad y en poder de una organización guerrillera que pretende decidir sobre su destino. Se trata de la subteniente del Ejército Nacional María Camila Pantoja Hernández, secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Saravena, Arauca.
El video conocido en las últimas horas constituye una prueba de supervivencia de la oficial y permite confirmar que continúa en poder de esa organización criminal. En las imágenes se observa a la joven uniformada sentada frente a una cámara, mientras realiza una declaración bajo las condiciones impuestas por sus captores. Su situación vuelve a estremecer al país y, especialmente, a una familia que lleva días esperando su regreso.
La prueba de supervivencia fue entregada el jueves 12 de noviembre a representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), junto con una carta escrita de puño y letra por la subteniente. Un integrante del Frente de Guerra Oriental del ELN hizo entrega del material a la comisión humanitaria, que se comprometió a trasladarlo a sus familiares.
Una práctica que Colombia creyó haber dejado atrás
Durante muchos años, el país pareció avanzar hacia la superación de estas escenas que marcaron algunos de los capítulos más oscuros del conflicto armado: uniformados secuestrados durante largos periodos, pruebas de supervivencia difundidas por sus captores, familias sometidas a la incertidumbre y organizaciones guerrilleras utilizando seres humanos como instrumentos de negociación y presión política.
Sin embargo, lo ocurrido con María Camila Pantoja demuestra que esa realidad no ha desaparecido. Por el contrario, evidencia que las estructuras armadas ilegales conservan capacidades para vigilar, interceptar, secuestrar y mantener bajo su dominio a integrantes de la Fuerza Pública.
Lo verdaderamente indignante es que el ELN pretenda presentar este crimen como una acción legítima de guerra. La organización reconoció su responsabilidad en el secuestro y anunció que sometería a la subteniente a un denominado «juicio revolucionario», una figura sin legitimidad judicial que representa una nueva amenaza contra su libertad y sus garantías fundamentales.
El grupo armado también aseguró que llevaba más de ocho meses siguiéndole los pasos y la señaló de realizar labores de espionaje. Estas son acusaciones formuladas por la propia guerrilla y no constituyen hechos demostrados de manera independiente. Ninguna de ellas justifica privarla de la libertad.
Así ocurrió el secuestro
María Camila Pantoja Hernández fue secuestrada el miércoles 4 de noviembre, cuando se encontraba de civil y se movilizaba por el casco urbano de Saravena, en el departamento de Arauca.
De acuerdo con el comunicado del Ejército Nacional, la información de inteligencia indica que habría sido interceptada por dos hombres armados que se desplazaban en una motocicleta. La oficial pertenece al Grupo de Caballería Mediano número 18.
El 5 de noviembre, el Frente de Guerra Oriental del ELN se atribuyó públicamente el secuestro e incluso responsabilizó a las Fuerzas Militares por las consecuencias que pudiera tener un eventual intento de rescate.
La Defensoría del Pueblo exigió su liberación inmediata e incondicional y pidió garantizar su vida, integridad y dignidad. Por su parte, el Ejército informó que activó los protocolos de búsqueda y coordinación con las demás instituciones de la Fuerza Pública para conseguir su regreso.
El poder de los grupos armados vuelve a quedar en evidencia
El caso de la subteniente Pantoja no puede entenderse como un episodio aislado de delincuencia. Es una muestra de la capacidad que todavía tienen las organizaciones armadas para imponer condiciones en territorios donde la población civil y los integrantes de la Fuerza Pública permanecen expuestos a sus acciones.
Que una guerrillera pueda anunciar públicamente un supuesto juicio contra una oficial secuestrada, exhibirla ante una cámara y plantear condiciones al Estado constituye un desafío directo a la institucionalidad y a los principios más elementales de la dignidad humana.
Colombia no puede normalizar que sus ciudadanos vuelvan a contemplar estas escenas como si fueran parte inevitable de la vida nacional. El secuestro no es una herramienta política, no es justicia y mucho menos puede justificarse bajo el argumento de la confrontación armada.
La subteniente María Camila Pantoja debe regresar a su hogar. La exigencia es clara: el ELN debe liberarla de manera inmediata, sin condiciones y respetando plenamente su vida e integridad.
Detrás de estas imágenes no hay propaganda ni una victoria militar. Hay una mujer privada de su libertad, una familia que espera y un país que vuelve a contemplar una de las expresiones más infames de la violencia.
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