El Ejército identificó a los cuatro uniformados que perdieron la vida durante una acción armada contra tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, en la vereda Barco La Silla, zona rural de Tibú, Norte de Santander. Los atacantes utilizaron 20 dispositivos explosivos lanzados desde aeronaves no tripuladas. Otros cinco soldados resultaron heridos.
Una nueva acción violenta contra la Fuerza Pública sacudió este jueves 12 de noviembre al Catatumbo. Cuatro integrantes del Ejército Nacional fueron asesinados y otros cinco resultaron heridos en un ataque con explosivos lanzados desde drones contra unidades militares que adelantaban operaciones en jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander.
La institución confirmó la identidad de los uniformados fallecidos: el cabo segundo José Luis Sánchez Berrío y los soldados profesionales Yair Jesús Méndez Bonza, Jeiner Pineda González y Gerson Mauricio Plazas Amor, quienes pertenecían al Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10.
De acuerdo con la información entregada por la Fuerza de Tarea Vulcano, el ataque ocurrió en la vereda Barco La Silla, también referenciada como el sector de Campo Dos. Allí, los militares fueron atacados mediante el lanzamiento de 20 artefactos explosivos desde aeronaves no tripuladas.
La ofensiva dejó cinco soldados profesionales lesionados, quienes fueron evacuados con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y trasladados para recibir atención médica.
El Ejército activó los protocolos de reacción y asistencia, mientras rechazó el uso de drones acondicionados con explosivos contra sus unidades y expresó sus condolencias a los familiares de los uniformados asesinados.
¿Quién estaría detrás del ataque?
Aunque las autoridades continúan con las investigaciones para establecer las responsabilidades, los primeros indicios señalados en reportes periodísticos apuntan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como posible responsable de la acción.
El ataque se produjo en una zona donde tienen presencia diferentes organizaciones armadas ilegales, entre ellas el ELN y las disidencias de las antiguas FARC. Ambas estructuras mantienen disputas por el control territorial y las economías ilegales en diferentes sectores del Catatumbo.
Los militares adelantaban operaciones contra estas organizaciones cuando fueron atacados. Por ahora, no existe una atribución judicial definitiva sobre los responsables de este hecho.
El Catatumbo, nuevamente golpeado por los ataques con drones
La muerte de los cuatro militares ocurre en medio de una nueva escalada de violencia que afecta a Tibú y otras poblaciones de Norte de Santander.
Apenas un día antes, el 11 de noviembre, habitantes de la vereda El Diamante denunciaron un ataque con drones cargados de explosivos que dejó una persona muerta, dos heridas y 16 viviendas afectadas.
El presidente de la Junta de Acción Comunal de esa población alertó sobre los daños ocasionados a las viviendas civiles y solicitó la intervención urgente del Gobierno nacional.
También se habían registrado afectaciones en la vereda Versalles, donde el 9 de noviembre se reportaron daños en varias viviendas durante otro episodio con explosivos lanzados desde drones.
Aunque estos hechos ocurrieron en sectores diferentes y no deben confundirse con el ataque contra el Batallón de Operaciones Terrestres N.° 10, reflejan la gravedad de la situación de seguridad que enfrentan las comunidades rurales.
Una modalidad de guerra que sigue creciendo
La utilización de drones comerciales adaptados para transportar y lanzar explosivos se ha convertido en uno de los principales desafíos operacionales para las Fuerzas Militares en Colombia.
La Defensoría del Pueblo documentó que entre abril de 2024 y diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones en el territorio nacional, de los cuales 275 ocurrieron durante 2025.
En el Catatumbo, estos ataques ocasionaron durante ese periodo la muerte de nueve personas: cinco civiles y cuatro integrantes de la Fuerza Pública.
La incorporación de estos dispositivos a las tácticas de las organizaciones armadas permite atacar posiciones militares y, en ocasiones, poner en riesgo viviendas y comunidades que se encuentran cerca de los lugares de confrontación.
Una crisis que continúa afectando a miles de familias
La región atraviesa una grave crisis humanitaria desde enero de 2025, cuando se intensificaron los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, particularmente el Frente 33.
La Defensoría del Pueblo ha advertido que el conflicto ha provocado desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, homicidios y restricciones a la movilidad de las comunidades.
Según el balance de la entidad, más de 100.000 personas han sido obligadas a desplazarse desde el 16 de enero de 2025, mientras que 3.772 personas aparecen registradas como víctimas de confinamiento durante el periodo documentado.
La situación también ha afectado a líderes sociales, firmantes del Acuerdo de Paz, comerciantes y habitantes de las zonas rurales.
El nuevo ataque en Tibú vuelve a poner en evidencia los riesgos que enfrentan los uniformados y la población civil ante el uso de explosivos lanzados desde drones y la persistencia de las disputas entre organizaciones armadas.
La Fuerza Pública mantiene operaciones en la zona, mientras avanzan las investigaciones para identificar a los responsables de la muerte de los cuatro militares y esclarecer las circunstancias de esta acción armada.
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