En una ofensiva legislativa contra la estrategia de orden público del anterior quinquenio, la bancada del Centro Democrático radicó formalmente un paquete de siete proyectos de ley en el Congreso de la República. La iniciativa central busca derogar la Ley 2272 de 2022 —marco jurídico de la 'Paz Total' implementada durante la administración del expresidente Gustavo Petro— y redefinir los límites del Estado para negociar con grupos armados ilegales.
La propuesta, impulsada por el senador Óscar Villamizar y el representante Jonathan Pineda junto con la bancada de su colectividad, exige que cualquier negociación de paz cuente obligatoriamente con la aprobación previa de la mayoría absoluta del Congreso antes de su inicio.
Prohibiciones y "líneas rojas" en seguridad
El proyecto fija restricciones de rango constitucional para evitar acercamientos con estructuras criminales que hayan incurrido en delitos de alto impacto social y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
Delitos excluidos: Quedará prohibido negociar con organizaciones responsables de homicidios contra personas protegidas por el DIH, secuestro, extorsión, narcotráfico y delitos contra la libertad sexual o que involucren a menores de edad.
Balance del modelo anterior: La bancada opositora catalogó la política implementada en el cuatrienio anterior como un "fracaso", sosteniendo que los ceses al fuego bilaterales generaron limbos judiciales, paralizaron la acción protectora de la Fuerza Pública y facilitaron el fortalecimiento territorial de las estructuras armadas.
"Será inconstitucional adelantar acuerdos de paz con grupos que hayan incurrido en delitos como secuestro, narcotráfico o crímenes contra menores de edad", enfatizó el senador Óscar Villamizar durante la presentación del bloque legislativo.
Proyectos complementarios en energía y desarrollo rural
El paquete radicado por la colectividad no se limita al ámbito de la seguridad, sino que abarca reformas en otros sectores estratégicos:
Sector Minero-Energético: Creación de la Comisión de Política Minero-Energética, concebida como la autoridad reguladora de largo plazo para evitar contingencias en el suministro eléctrico y mitigar fluctuaciones en los costos de los combustibles.
Infraestructura Rural: Asignación de recursos fijos para la construcción y mantenimiento de la red de vías terciarias, facilitando la comercialización de cosechas campesinas.
Educación en el Campo: Constitución del Fondo de Transporte Escolar Rural con presupuesto permanente para asegurar la movilidad diaria de los estudiantes en zonas alejadas.
Tras su presentación formal, las siete iniciativas iniciarán su trámite reglamentario en las comisiones constitucionales del Congreso de la República.
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