La exdirectora del DAPRE aseguró que el teléfono que utilizaba el entonces presidente estaba registrado a nombre de un hombre cercano a Laura Sarabia. Además, divulgó una conversación con René Guarín, exdirector de Inteligencia, en la que se recomienda cambiar la tarjeta SIM y comenzar de cero. El señalamiento vuelve a poner bajo escrutinio las relaciones entre el círculo presidencial, la seguridad de las comunicaciones y el manejo de información privada en la Casa de Nariño.
Una nueva revelación de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), volvió a sacudir el escenario político colombiano. Esta vez, sus declaraciones apuntan al manejo del teléfono celular que utilizaba Gustavo Petro durante su Gobierno y a una presunta vulnerabilidad en la información personal almacenada en ese dispositivo.
En un video divulgado el 11 de noviembre de 2026, Rodríguez aseguró que, durante abril de 2025, descubrió que la línea telefónica utilizada por el entonces presidente no estaba registrada a su nombre, sino al de Jaime Ramírez Cobo, antiguo asesor de la Casa de Nariño y una persona cercana a Laura Sarabia, quien también habría sido su padrino de matrimonio.
«El teléfono del presidente, cuando me doy cuenta de que estaba a nombre de una persona tan cercana a Laura, me causó una alerta inmediata», relató la exfuncionaria.
Según su versión, cuando informó a Petro sobre la situación, el mandatario manifestó su molestia. Rodríguez decidió entonces comunicarse con un directivo del operador de telefonía móvil para conocer las condiciones en las que estaba registrada la línea y establecer qué estaba ocurriendo.
El mensaje de René Guarín y el teléfono que calificó como "envenenado"
Uno de los elementos más llamativos de la denuncia es una conversación de WhatsApp que Rodríguez atribuyó a René Guarín, quien estuvo al frente de la oficina de tecnología del DAPRE y posteriormente dirigió la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
En el mensaje divulgado por la exfuncionaria se lee:
«Los anteriores de Gmail no, porque esos los conoce el propietario original del celular envenenado que le entregaron al presidente. Por eso toca comprar una nueva SIM card y empezar de cero y que él le vaya dando su número a las personas que quiera: a los ministros, a los embajadores, a la secretaria, a ti. Y así poco a poco es la solución más radical y la que lo libera de seguir atado a ese celular envenenado que se dejó meter».
Para Rodríguez, este mensaje demostraría que dentro del entorno presidencial existía preocupación por la seguridad y el control de la información almacenada en el dispositivo.
La exdirectora del DAPRE aseguró que, siguiendo esa recomendación, se adquirió una nueva tarjeta SIM y otro teléfono para el presidente. Durante su exposición mostró imágenes de dos dispositivos: uno azul, que identificó como el antiguo celular, y otro negro, correspondiente al nuevo equipo.
También afirmó que, durante el procedimiento de traslado de información, encontró fotografías, videos, conversaciones y documentos asociados a una cuenta de almacenamiento en la nube que, según su versión, estaba relacionada con Laura Sarabia.
Sin embargo, no se han presentado públicamente elementos técnicos independientes que permitan verificar la titularidad de esa cuenta, quién tenía acceso a los archivos o si existió una extracción no autorizada de información.
La conexión con las interceptaciones de la Corte Suprema
La revelación adquiere mayor relevancia por un antecedente conocido en enero de 2026.
Una investigación periodística de la revista SEMANA reveló que la Corte Suprema de Justicia había interceptado accidentalmente una línea telefónica utilizada por Gustavo Petro, debido a que el número aparecía registrado a nombre de Jaime Ramírez Cobo, quien era objeto de interés en una investigación relacionada con el escándalo de la UNGRD.
De acuerdo con esa publicación, las autoridades detectaron que el usuario de la línea intervenida podía ser el entonces presidente de la República. La información fue comunicada al despacho judicial y se ordenó detener inmediatamente la interceptación.
En los registros conocidos públicamente apareció una comunicación del 31 de octubre de 2024, en la que el interlocutor se refería al usuario de la línea como «señor presidente».
Este antecedente coincide con uno de los puntos expuestos por Rodríguez: que el teléfono presidencial estaba registrado a nombre de un tercero y que esa situación podía generar problemas de seguridad y privacidad.
No obstante, es necesario hacer una distinción: que una línea haya sido interceptada por error dentro de una investigación judicial no demuestra, por sí mismo, que alguien hubiera intervenido deliberadamente el teléfono presidencial, accedido ilegalmente a sus archivos o utilizado información privada para presionar al mandatario.
¿Quién es Jaime Ramírez Cobo y por qué aparece en esta controversia?
Jaime Ramírez Cobo es un antiguo asesor vinculado a la Casa de Nariño, cuyo nombre apareció en las investigaciones periodísticas sobre las líneas telefónicas que terminaron siendo utilizadas por Gustavo Petro y Laura Sarabia.
Su cercanía con Sarabia también fue mencionada por Rodríguez, quien recordó que habría sido su padrino de matrimonio.
La aparición de su nombre en los registros de titularidad de las líneas telefónicas y en las investigaciones relacionadas con la UNGRD convirtió su papel en uno de los puntos de interés de esta controversia.
La pregunta que ahora plantea la exdirectora del DAPRE es por qué el teléfono utilizado por el jefe de Estado estaba registrado a nombre de otra persona y qué implicaciones tuvo esa circunstancia para la seguridad de sus comunicaciones.
Una nueva confrontación entre Angie Rodríguez y Laura Sarabia
Las declaraciones sobre el teléfono presidencial se producen en medio de una creciente disputa pública y judicial entre Angie Rodríguez y Laura Sarabia.
El pasado 9 de noviembre, un juzgado de Bogotá ordenó a Rodríguez rectificar varias afirmaciones relacionadas con la supuesta organización de encuentros de contenido sexual para Gustavo Petro y el presunto uso de información íntima para presionarlo y obtener o conservar cargos públicos.
La decisión protegió los derechos a la honra y al buen nombre de Sarabia. Rodríguez, por su parte, anunció que impugnará el fallo y sostiene que otros de sus señalamientos no quedaron cobijados por la orden judicial.
En su más reciente intervención, la exfuncionaria volvió a mencionar a Sarabia y aseguró que la información almacenada en la nube del antiguo teléfono presidencial estaría relacionada con su entorno.
Hasta el momento, las afirmaciones sobre un supuesto acceso irregular a esa información y la utilización de los archivos para ejercer presiones no cuentan con una demostración judicial pública.
La controversia también ha tenido respuestas de Gustavo Petro. En octubre, el entonces mandatario rechazó otros señalamientos de Rodríguez sobre su vida privada y anunció que acudiría a la justicia para defender su honra, intimidad y buen nombre.
¿Qué falta por esclarecer?
Más allá del enfrentamiento político, las nuevas declaraciones plantean interrogantes que podrían requerir verificaciones técnicas y judiciales:
¿Por qué la línea utilizada por Gustavo Petro estaba registrada a nombre de Jaime Ramírez Cobo?
¿Quién tenía acceso a la cuenta de almacenamiento vinculada al antiguo dispositivo?
¿Qué información permanecía almacenada en la nube y quién podía consultarla?
¿Por qué se recomendó cambiar la tarjeta SIM y comenzar nuevamente con las comunicaciones?
¿Existió algún acceso no autorizado a información privada del entonces presidente?
La conversación atribuida a René Guarín, los registros de titularidad de la línea, los documentos relacionados con las interceptaciones judiciales y los eventuales informes técnicos sobre los dispositivos podrían ser determinantes para establecer qué ocurrió realmente.
Por ahora, las declaraciones de Angie Rodríguez constituyen nuevos señalamientos que requieren verificación. La controversia deja sobre la mesa un asunto de especial importancia institucional: la seguridad de las comunicaciones del jefe de Estado y el manejo de información sensible dentro de la Presidencia de la República.
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