La Jurisdicción Especial para la Paz identificó 27 hechos criminales ocurridos entre 1985 y 1993, que dejaron 33 víctimas. La investigación señala la existencia de una estructura clandestina dentro de la inteligencia militar que habría participado en seguimientos, detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones. Ocho personas continúan desaparecidas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó una nueva decisión en las investigaciones sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado colombiano. La Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a ocho antiguos integrantes del Ejército Nacional a reconocer su responsabilidad como máximos responsables por crímenes atribuidos a estructuras de inteligencia militar que operaron en Bogotá entre 1985 y 1993.
La decisión comprende hechos relacionados con el exterminio de integrantes y dirigentes de la Unión Patriótica (UP), así como detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas vinculadas con las antiguas guerrillas del M-19, el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las FARC.
De acuerdo con la investigación, los hechos no habrían sido actuaciones aisladas de algunos uniformados. La Sala identificó el funcionamiento de un aparato clandestino dentro de las unidades de inteligencia estratégica del Ejército, que recopilaba información sobre personas previamente seleccionadas, realizaba seguimientos, elaboraba señalamientos y coordinaba operaciones encubiertas.
En total, la JEP documentó 27 hechos criminales que dejaron 33 víctimas: 18 relacionadas con la Unión Patriótica y 15 pertenecientes a las antiguas organizaciones guerrilleras. Ocho personas continúan desaparecidas.
¿Quiénes son los ocho exmilitares llamados por la JEP?
Los comparecientes señalados por la jurisdicción son:
Luis Guillermo Hernández González, sargento mayor retirado.
Mauricio Angarita, sargento mayor retirado.
Julio Roberto Ortega Araque, sargento viceprimero retirado.
Bernardo Alfonso Garzón Garzón, sargento viceprimero retirado.
Carlos Armando Mejía Lobo, coronel retirado.
Óscar Diego Sánchez Vélez, coronel retirado.
Camilo Pulecio Tovar, teniente coronel retirado.
Álvaro Hernán Velandia Hurtado, brigadier general retirado.
La investigación vincula sus actuaciones con estructuras que inicialmente funcionaron bajo el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier General Ricardo Charry Solano, posteriormente el Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI) y la Brigada 20.
La JEP también señaló que la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE) tuvo conocimiento de los hechos investigados.
Dos patrones criminales: la persecución contra la UP y las operaciones clandestinas
Uno de los aspectos centrales de la decisión es la identificación de dos patrones de criminalidad.
El primero estuvo dirigido contra la Unión Patriótica. Según la JEP, integrantes de las estructuras de inteligencia desarrollaron actividades de estigmatización, vigilancia, seguimientos, amenazas y asesinatos contra dirigentes y militantes de este movimiento político.
Para entender la gravedad de estos señalamientos es necesario recordar que la Unión Patriótica surgió en 1985, en el contexto de los acercamientos de paz entre el Gobierno de Belisario Betancur y las FARC. El movimiento se convirtió en una alternativa política legal que participó en elecciones, promovió candidaturas y obtuvo representación en corporaciones públicas.
Sin embargo, sus integrantes fueron víctimas de una campaña sistemática de violencia que incluyó asesinatos, desapariciones y persecución política.
La investigación de la JEP encontró que sectores de inteligencia militar asociaron al partido con las FARC y lo presentaron como parte de un supuesto proyecto de insurrección. Esa estigmatización habría servido para construir perfiles de dirigentes y militantes, identificarlos como objetivos y facilitar posteriores ataques.
La dimensión del fenómeno en Bogotá es significativa: la decisión documenta 353 víctimas vinculadas a la Unión Patriótica en la capital entre 1984 y 2016. El 53,8 % de esa victimización se concentró entre 1985 y 1993.
El segundo patrón estuvo relacionado con integrantes del M-19, el EPL y las FARC. Según la Sala, personas señaladas de pertenecer a estas organizaciones fueron detenidas sin orden judicial, trasladadas a instalaciones militares o lugares clandestinos, sometidas a torturas y, en diferentes casos, asesinadas y desaparecidas.
La JEP estableció que varias de las víctimas estaban desarmadas y fuera de combate cuando fueron detenidas. Esto es especialmente importante desde el punto de vista jurídico: incluso las personas que pertenecieron a organizaciones armadas conservan la protección del derecho internacional humanitario cuando dejan de participar en las hostilidades o se encuentran bajo custodia.
La jurisdicción sostiene que estas operaciones buscaban obtener información sobre estructuras, contactos y planes de las organizaciones insurgentes, además de debilitar su presencia en Bogotá.
El caso de Nydia Érika Bautista: uno de los hechos más representativos
Entre los episodios incluidos en la investigación se encuentra el de Nydia Érika Bautista, integrante del M-19, quien fue detenida el 30 de agosto de 1987 en Bogotá.
Según la reconstrucción de los hechos, fue trasladada a un lugar clandestino en Soacha, donde permaneció durante varios días y fue sometida a torturas y violencia sexual. Posteriormente fue asesinada y su cuerpo abandonado en inmediaciones de Guayabetal, Cundinamarca.
Su desaparición y asesinato se convirtieron en uno de los casos emblemáticos de la lucha contra la desaparición forzada en Colombia. Su familia, especialmente su hermana Yanette Bautista, ha dedicado décadas a exigir verdad y justicia.
La inclusión de este episodio en la investigación de la JEP permite examinarlo dentro de un contexto más amplio de actuaciones atribuidas a estructuras de inteligencia militar, en lugar de analizarlo únicamente como un crimen individual.
Otros hechos documentados incluyen la detención, tortura y desaparición de Bertil Prieto, Francisco Luis Tobón, Víctor Manuel Nieto y José Alfredo Ávila en junio de 1987, así como el seguimiento y posterior asesinato de José Miller Chacón, dirigente del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica, en noviembre de 1993.
También aparecen los seguimientos y amenazas contra Aída Avella, entonces presidenta de la Unión Patriótica, que estuvieron relacionados con posteriores ataques y su salida del país.
¿Qué significa esta decisión y qué puede pasar ahora?
Es importante precisar que el llamado a reconocer responsabilidad no equivale a una sentencia condenatoria ni significa que los ocho comparecientes hayan sido declarados definitivamente culpables. Se trata de una atribución de responsabilidad dentro del proceso de justicia transicional, que permite a los señalados reconocer los hechos, aportar verdad o controvertir las conclusiones de la investigación.
La decisión tiene dos grandes consecuencias.
La primera es judicial: los exintegrantes del Ejército deberán responder frente a los señalamientos de la JEP y explicar cuál fue su participación en las estructuras y operaciones investigadas.
La segunda es humanitaria: la jurisdicción ordenó que, dentro de los 15 días hábiles siguientes, entreguen información y un plan detallado que contribuya a localizar, identificar y recuperar dignamente a las ocho personas que permanecen desaparecidas.
Los datos sobre lugares de detención, rutas de traslado, instalaciones utilizadas, unidades militares y personas que pudieron conocer los hechos podrían resultar determinantes para avanzar en las labores de búsqueda.
Si los comparecientes reconocen responsabilidad y aportan verdad plena, el procedimiento puede avanzar hacia una resolución de conclusiones y posteriormente al Tribunal para la Paz, que determinará las sanciones correspondientes. En los casos de máximos responsables que reconocen verdad y responsabilidad, las sanciones propias pueden contemplar entre cinco y ocho años de restricciones efectivas de derechos y libertades, acompañadas de trabajos y acciones restaurativas, sin equivaler a una pena ordinaria de prisión.
Si rechazan los señalamientos, sus casos pueden pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP para un procedimiento adversarial. Si son encontrados responsables en esa ruta, podrían enfrentar penas ordinarias de hasta 20 años de prisión.
Una investigación que busca esclarecer responsabilidades institucionales
La decisión también tiene una dimensión histórica porque busca establecer cómo funcionaron las estructuras de inteligencia, quiénes suministraban información, cómo se seleccionaban los objetivos y de qué manera se ejecutaban y encubrían las operaciones clandestinas.
La investigación apunta a una cadena de actuaciones que comenzaba con la recopilación de información y la elaboración de perfiles, continuaba con los seguimientos y señalamientos y podía terminar en detenciones ilegales, torturas, asesinatos y desapariciones.
Para las víctimas y sus familias, el desafío sigue siendo obtener respuestas sobre lo ocurrido, conocer quiénes participaron y, especialmente, encontrar a sus seres queridos.
Casi cuatro décadas después de varios de estos crímenes, la JEP busca reconstruir una de las etapas más oscuras de la persecución política y las violaciones de derechos humanos en Colombia. El alcance de esta decisión dependerá ahora de la información que entreguen los comparecientes, de su disposición a reconocer responsabilidades y de la capacidad de las autoridades para convertir esos aportes en verdad, justicia y reparación.
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