El ministro del Interior advirtió que la política de Paz Total del expresidente Gustavo Petro terminó dificultando la implementación del Acuerdo de La Habana y debilitando las condiciones de seguridad para los firmantes. Las cifras de la Fundación Ideas para la Paz revelan que las estructuras armadas ilegales pasaron de 15.120 integrantes en 2022 a 28.802 en julio de 2026.
El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, lanzó fuertes cuestionamientos contra la política de Paz Total del Gobierno de Gustavo Petro y advirtió que esta estrategia terminó favoreciendo el fortalecimiento de las organizaciones criminales, dificultando la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y aumentando los riesgos para los excombatientes de las antiguas FARC.
Durante su intervención ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el funcionario sostuvo que la expansión de las estructuras armadas ilegales representa una de las principales amenazas para la seguridad de los desmovilizados y las comunidades que permanecen en territorios afectados por el conflicto.
Ordóñez aseguró que estas organizaciones llegaron a contar con más de 29.000 integrantes, una capacidad que comparó con las dimensiones que alcanzaron las antiguas FARC durante su mayor despliegue armado, teniendo en cuenta tanto sus estructuras militares como sus redes de apoyo y las denominadas milicias bolivarianas.
«En síntesis, la Paz Total hizo más difícil la implementación del acuerdo y la eficacia de las medidas de seguridad y protección para los desmovilizados y las comunidades», afirmó el ministro.
Las cifras que evidencian el fortalecimiento de los grupos armados durante el Gobierno Petro
Las declaraciones de Ordóñez encuentran respaldo en un informe publicado por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en agosto de 2026, titulado El costo de negociar mal: 29 mil integrantes de grupos armados entre disputas y gobernanzas criminales.
El documento, elaborado con información del Ministerio de Defensa, establece que los grupos armados ilegales pasaron de 15.120 integrantes en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026. Esto representa un incremento del 90 % durante el periodo analizado.
El crecimiento se distribuyó entre las principales organizaciones criminales:
Clan del Golfo: pasó de 4.061 a 10.268 integrantes, un crecimiento del 152 %.
ELN: aumentó de 5.851 a 7.123 integrantes, equivalente al 22 %.
Disidencias de Iván Mordisco: pasaron de 3.576 a 4.480 integrantes, un incremento del 109 %.
Disidencias de alias Calarcá: registraban 3.001 integrantes en julio de 2026.
Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano: alcanzó 2.359 integrantes, frente a los 1.415 registrados en 2022, un crecimiento del 108 %.
El informe también registra la presencia de otras estructuras, entre ellas la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y Comuneros del Sur.
Las cifras muestran que el fortalecimiento no se concentró en una sola organización. El Clan del Golfo se convirtió en la estructura más numerosa, mientras que las diferentes facciones de las antiguas FARC ampliaron su capacidad y presencia armada.
Es importante precisar que los 28.802 integrantes corresponden al total de personas en armas y redes de apoyo, no exclusivamente a combatientes.
La Paz Total bajo cuestionamiento: más estructuras y disputas territoriales
Para Ordóñez, el problema tiene su origen en las condiciones del Acuerdo de La Habana y en las decisiones adoptadas posteriormente durante la administración Petro.
El ministro calificó el acuerdo como «mal hecho, mal diseñado» y sostuvo que sus consecuencias contribuyeron a que Colombia enfrentara una grave amenaza criminal, con economías ilegales que continúan financiando a las organizaciones armadas.
El funcionario también cuestionó que los asesinatos de firmantes de paz ya no puedan entenderse únicamente bajo la antigua lógica de la confrontación entre insurgencia y paramilitarismo.
Según su explicación, buena parte de los homicidios responde a disputas entre organizaciones criminales por el control territorial, el narcotráfico y las rentas provenientes de la minería ilegal.
En ese contexto, mencionó a las disidencias de Iván Mordisco y de alias Calarcá, señalando que incluso antiguos integrantes de las FARC terminan asesinados por estructuras que buscan controlar territorios que históricamente estuvieron bajo influencia de esa guerrilla.
Ordóñez puso como ejemplos la confrontación entre el ELN y la estructura 33 de las disidencias en el Catatumbo, las masacres registradas en Guaviare y la violencia en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.
Las disputas entre organizaciones ilegales también aumentaron
El diagnóstico de la Fundación Ideas para la Paz no se limita al crecimiento del número de integrantes.
El informe advierte que las disputas entre actores armados ilegales pasaron de siete en 2022 a 14 en 2026. Además, durante 2025 se registraron 116 enfrentamientos entre organizaciones criminales, el número anual más alto desde 2016.
Para la FIP, la política de Paz Total presentó problemas de diseño institucional y jurídico. Aunque permitió abrir diferentes espacios de negociación, no consiguió un desescalamiento sostenido de la violencia ni el desmantelamiento efectivo de las organizaciones involucradas.
El documento también advierte que los ceses al fuego, la suspensión de operaciones militares y la falta de consecuencias frente a los incumplimientos pudieron favorecer la expansión de algunas estructuras.
No obstante, la fundación señala que el fortalecimiento de los grupos armados también responde a factores estructurales acumulados durante varios gobiernos, por lo que no atribuye todo el crecimiento exclusivamente a la Paz Total.
Ordóñez anuncia una política de seguridad sin concesiones al terrorismo
Frente a este panorama, el ministro aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella retomó el liderazgo civil de la seguridad y que la protección de los firmantes de paz no puede limitarse a entregar vehículos blindados, chalecos, escoltas y botones de pánico.
«Mientras no se consiga derrotar las amenazas y disminuirlas drásticamente, no hay carros ni chalecos que alcancen», manifestó.
El funcionario defendió una estrategia de seguridad orientada a perseguir y desmantelar las organizaciones terroristas, recuperar el control territorial y garantizar la protección de quienes dejaron las armas.
Sin embargo, también hizo énfasis en que la política de autoridad debe desarrollarse dentro del marco constitucional, con respeto por las libertades civiles y los derechos humanos.
«Se requiere una política de seguridad fuerte, firme, contundente, sin complacencia con los criminales ni con los discursos justificadores del crimen», concluyó.
Las declaraciones de Ordóñez reabren el debate sobre los resultados de la política de Paz Total y sus consecuencias para la seguridad nacional. Mientras el Gobierno actual plantea una estrategia de mayor presión contra las organizaciones armadas, las cifras disponibles dejan un balance preocupante: durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y julio de 2026, el pie de fuerza total de los grupos armados ilegales aumentó un 90 %.
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