Una grave revelación sobre el manejo de la inteligencia estatal y las garantías democráticas en Colombia quedó al descubierto tras una investigación exclusiva de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que tuvo acceso a documentos reservados de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Los archivos evidenciarían que, durante el gobierno de Gustavo Petro, la entidad habría intentado obtener una copia completa del censo electoral de la Registraduría Nacional y, después de que su solicitud fuera rechazada, habría contemplado una operación para atacar los sistemas informáticos de la autoridad electoral.

De acuerdo con el informe periodístico, el 9 de abril de 2026, a pocas semanas de la primera vuelta presidencial, el entonces director encargado de la DNI, René Guarín, envió una comunicación formal a la Registraduría con el asunto "Envío de información de contrainteligencia". En el documento solicitó el censo electoral nacional vigente en un archivo que permitiera procesar y analizar información detallada de los ciudadanos habilitados para votar.

La petición no se limitaba a una cifra general de electores. Incluía datos como número de cédula, género, edad, pertenencia a comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y pueblo Rom, además del nombre y dirección del puesto de votación, municipio, departamento y estado de vigencia del ciudadano para ejercer su derecho al sufragio.

La dimensión de esta solicitud resulta especialmente delicada porque habría puesto en manos de un organismo de inteligencia información que permite identificar a los ciudadanos, conocer sus características poblacionales y establecer exactamente dónde deben votar. Aunque la DNI justificó el requerimiento en razones de seguridad nacional, la investigación de Caracol señala que no se presentó un soporte legal válido que explicara la necesidad de acceder a la totalidad de esos datos.

La negativa de la Registraduría y el supuesto plan B

La controversia tomó una dimensión todavía mayor cuando Noticias Caracol reveló que la Registraduría negó la entrega de la información. Según los documentos internos conocidos por el medio, después de esa respuesta la DNI habría activado una estrategia alternativa que contemplaba ataques contra la infraestructura tecnológica de la autoridad electoral.

En esos informes aparece el nombre de Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas vinculado a la DNI, a quien uno de los documentos atribuye el liderazgo de una red que realizaría acciones para modificar los resultados de la votación del 21 de junio y ejecutar ataques contra la Registraduría.

La descripción contenida en los archivos es particularmente grave: no habla simplemente de obtener información o realizar labores de vigilancia informática, sino de una supuesta operación orientada a intervenir los resultados electorales.

De acuerdo con la investigación, Oyola tenía una orden de captura expedida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. El hombre fue capturado y el 13 de noviembre un juez de Bogotá ordenó enviarlo a prisión.

Es importante precisar que la existencia de esos documentos y las referencias a una misión atribuida al ingeniero no equivalen, por sí solas, a una sentencia que establezca que los resultados electorales fueron manipulados. Las responsabilidades individuales y el alcance de las actuaciones deben ser determinados por las autoridades judiciales.

Las alertas de la DNI sobre posibles alteraciones electorales

La investigación también conecta estos hechos con una advertencia que la propia Dirección Nacional de Inteligencia había emitido el 18 de marzo de 2026.

En un comunicado oficial, la entidad informó sobre una vulneración de seguridad en la plataforma de agendamiento de citas de la DIAN, ocurrida el 6 de marzo, y aseguró que, junto con otras intrusiones a sistemas estatales, podía tratarse de una operación coordinada para extraer información sensible de los ciudadanos.

La DNI sostuvo que los responsables estarían construyendo un denominado "lago de datos", con nombres, apellidos y números de identificación, que podría utilizarse como insumo para alterar diferentes fuentes y reportes de información electoral antes y después de las votaciones del 31 de mayo.

La entidad incluso recomendó declarar como infraestructura crítica cibernética los equipos, programas y sistemas relacionados con el conteo de votos, además de solicitar auditorías técnicas y acompañamiento internacional especializado.

Sin embargo, hay un elemento que debe tenerse en cuenta: un día después, el 19 de marzo, la DIAN informó que sus verificaciones no encontraron acceso, exposición ni afectación de la información tributaria, aduanera o cambiaria de los ciudadanos. La entidad confirmó que el incidente se concentró en su sistema de agendamiento de citas y que sus servicios misionales no habían sido comprometidos.

Este contraste hace todavía más importante esclarecer qué información tenía realmente la DNI, cuáles eran los fundamentos técnicos de sus advertencias y qué relación existía entre esas alertas y la posterior solicitud del censo electoral.

109 millones de ataques y 71 denuncias

La dimensión de las amenazas informáticas contra la autoridad electoral también aparece en las cifras reveladas por Noticias Caracol.

Según la información entregada por la oficina de comunicaciones de la Registraduría, desde marzo de 2026 la entidad había presentado 71 denuncias relacionadas con ataques cibernéticos.

Además, entre la primera y la segunda vuelta presidencial fueron denunciados ante la Fiscalía General de la Nación 109 millones de ataques contra la página web de la Registraduría.

No obstante, el medio precisó que ninguno de esos ataques consiguió afectar el sistema electoral. Esta distinción es fundamental: los intentos de vulneración informática no significan que se hayan modificado los resultados ni que se haya alterado la voluntad de los votantes.

Las advertencias sobre el riesgo para los ciudadanos

Las consecuencias potenciales de entregar el censo electoral a un organismo externo fueron explicadas por el exregistrador nacional Juan Carlos Galindo, quien manifestó su sorpresa ante una solicitud de esas características y aseguró que nunca había conocido un requerimiento semejante durante su experiencia al frente de la entidad.

Galindo advirtió que la filtración de los datos de identificación y ubicación electoral podría abrir la puerta a la manipulación de votantes.

Por su parte, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), señaló que disponer de información detallada del censo podría facilitar prácticas como el constreñimiento electoral, la compra de votos, las amenazas y las presiones sobre ciudadanos para favorecer determinadas candidaturas.

El riesgo no es menor. Conocer quiénes están habilitados para votar, dónde ejercen ese derecho y a qué grupos poblacionales pertenecen puede convertirse en una herramienta de segmentación y presión política si esa información se utiliza con propósitos distintos a los autorizados por la ley.

Barrios también cuestionó el alcance de las facultades de la DNI y la necesidad de establecer controles estrictos sobre una entidad de inteligencia adscrita al Ejecutivo.

Un escándalo que exige explicaciones

La revelación se suma a otros cuestionamientos sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Gustavo Petro. En noviembre, Noticias Caracol también había divulgado documentos que apuntaban a presuntas operaciones de espionaje y otras actuaciones irregulares dentro de la entidad.

En este nuevo episodio, las preguntas son de fondo: ¿por qué la DNI necesitaba el censo electoral completo?, ¿qué operación justificaba solicitar datos personales y poblacionales de millones de colombianos?, ¿quién autorizó el supuesto plan para intervenir los sistemas de la Registraduría?, ¿qué controles existían sobre los funcionarios y especialistas involucrados?

Noticias Caracol informó que buscó al registrador nacional Hernán Penagos, quien no quiso pronunciarse, y también contactó a René Guarín, sin obtener respuesta.

Lo que está en juego tras estas revelaciones va mucho más allá de una disputa entre entidades estatales. Se trata de la protección de los datos personales, la independencia de las autoridades electorales y la confianza de los ciudadanos en que su voto se cuenta sin interferencias.

La Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control tienen ante sí la responsabilidad de esclarecer los hechos, establecer quiénes participaron y determinar si desde una entidad del Estado se intentó utilizar la inteligencia y las herramientas tecnológicas para intervenir en un proceso democrático.