La liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad abrió un nuevo interrogante sobre la continuidad de las políticas dirigidas a los jóvenes en Colombia. La representante a la Cámara Mafe Carrascal denunció que el Gobierno todavía no ha definido qué entidad asumirá la rectoría de la política pública de juventud y advirtió que esta falta de claridad estaría afectando los espacios de participación y coordinación con los consejos juveniles.

A través de una publicación en sus redes sociales, la congresista informó que presentó un requerimiento de cumplimiento y dio al Ejecutivo un plazo de diez días hábiles para precisar qué organismo asumirá las responsabilidades que estaban en cabeza del Ministerio de Igualdad.

Como sustento de su reclamo, Carrascal citó una respuesta escrita del propio Gobierno en la que, según indicó, se reconoce que "a la fecha no se cuenta con una definición sobre las entidades que asumirán las funciones".

La representante cuestionó que, mientras avanza el proceso de liquidación del Ministerio y fue suprimido el Viceministerio de las Juventudes, no exista claridad sobre quién coordinará las políticas, programas y mecanismos de participación destinados a esta población.

¿Por qué desapareció el Ministerio de Igualdad?

El origen de la situación se remonta a la decisión de la Corte Constitucional, que mediante la Sentencia C-161 de 2024 declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, con la que se había creado el Ministerio de Igualdad y Equidad.

La decisión se fundamentó en vicios de procedimiento durante la formación de la ley. Sin embargo, la Corte difirió los efectos de la inexequibilidad por dos legislaturas, con el propósito de permitir que el Congreso corrigiera los problemas identificados y evitar una interrupción inmediata de las funciones de la entidad.

El plazo concluyó al finalizar la legislatura 2025-2026. Como el problema no fue subsanado mediante una nueva ley, el Gobierno expidió el Decreto 626 del 19 de junio de 2026, que ordenó la liquidación del Ministerio y suprimió el cargo de ministro.

El decreto estableció que los derechos, obligaciones, bienes y funciones serían transferidos a las entidades que se determinaran durante el proceso de liquidación. Es precisamente sobre la definición de los organismos responsables de las políticas de juventud donde Carrascal concentra parte de sus cuestionamientos.

La Ley de Juventud y las obligaciones del Estado

La discusión tiene implicaciones porque Colombia cuenta con un marco legal que reconoce a los jóvenes como actores de participación y establece responsabilidades institucionales para garantizar sus derechos.

La Ley Estatutaria 1622 de 2013, modificada por la Ley 1885 de 2018, creó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y organizó el Sistema Nacional de las Juventudes. Esta estructura contempla mecanismos de participación, concertación y seguimiento de las políticas públicas, entre ellos el Consejo Nacional de Juventud, los consejos territoriales, las plataformas juveniles y las comisiones de concertación y decisión.

La legislación establece que los consejos de juventud son mecanismos autónomos de interlocución con las administraciones públicas. También les reconoce la posibilidad de proponer políticas, programas y proyectos, participar en la construcción de agendas juveniles y hacer seguimiento a las decisiones que afectan a esta población.

En el caso de las comisiones de concertación y decisión, la ley establece que deben reunirse ordinariamente al menos cuatro veces al año. Estos espacios cuentan con representantes del Gobierno y delegados de los consejos de juventud, y tienen entre sus funciones la planeación y concertación de agendas públicas.

Por eso, la denuncia de Carrascal sobre la falta de sesiones desde agosto y la ausencia de asistencia a los municipios desde junio apunta a un problema que va más allá de la reorganización administrativa: la continuidad de los mecanismos de participación juvenil.

Un proyecto de política pública que todavía debe concretarse

En abril de 2026, el Ministerio de Igualdad publicó para comentarios un proyecto de decreto denominado "Juventudes protagonistas de las transformaciones", con el que buscaba adoptar la Política Pública Nacional de Juventudes. La documentación publicada incluía un proyecto de plan de acción.

Este antecedente muestra que existía un proceso de formulación antes de la liquidación de la entidad. Sin embargo, la publicación de un proyecto normativo para recibir observaciones no significa que la política haya quedado adoptada de manera definitiva ni que su implementación esté garantizada.

La diferencia es importante: el país necesita no solo un documento de política pública, sino una entidad responsable, recursos, metas, mecanismos de coordinación y un plan de acción que permita hacer seguimiento a los compromisos.