El Movimiento Salvación Nacional rechazó el pronunciamiento de la defensora del pueblo, Iris Marín, contra el senador Germán Rodríguez, tras sus cuestionamientos a la magistrada Julieta Lemaitre, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La colectividad defendió el derecho de los congresistas a ejercer control político y cuestionar las actuaciones de las instituciones del Estado.
A través de un comunicado, el movimiento manifestó su preocupación por las declaraciones de Marín, quien calificó los señalamientos contra la magistrada como desinformación y ataques de género, y pidió rectificaciones a los congresistas involucrados.
Según Salvación Nacional, el debate sobre la justicia transicional y las decisiones de la JEP debe desarrollarse con argumentos y evidencias, sin que los pronunciamientos institucionales descalifiquen a quienes ejercen legítimamente la crítica política.
La colectividad también puso sobre la mesa un antecedente profesional de la defensora del pueblo: su paso como magistrada auxiliar de la JEP entre 2020 y 2021. Para el movimiento, esta circunstancia plantea interrogantes sobre la necesidad de garantizar la imparcialidad de la Defensoría al intervenir en controversias relacionadas con esa jurisdicción.
No obstante, Salvación Nacional aclaró que no está afirmando la existencia de un conflicto de interés jurídicamente configurado, pero consideró necesario que se explique si este antecedente fue evaluado y qué medidas se adoptaron para garantizar la objetividad del pronunciamiento.
En el comunicado, el movimiento reiteró su respaldo al senador Germán Rodríguez y defendió la facultad del Congreso para examinar las actuaciones de la JEP, evaluar sus resultados y promover reformas.
Finalmente, la colectividad sostuvo que la independencia judicial debe coexistir con el escrutinio público y que la protección de los derechos fundamentales debe garantizarse sin limitar el debate democrático.
La controversia pone nuevamente en el centro de la discusión el papel de la Defensoría del Pueblo, los límites de la crítica política y las garantías de imparcialidad en las actuaciones de las instituciones del Estado.
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