Miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y otras ciudades del país para respaldar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y pedir que continúe el despliegue de tropas salvadoreñas que participan en operaciones contra las pandillas armadas. Las movilizaciones, realizadas el martes 17 de noviembre, reflejaron el nivel de desesperación de una población que lleva años sometida a secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos provocados por grupos criminales.
Los manifestantes portaron banderas haitianas y pancartas con mensajes como "Viva Bukele" y "Abajo las pandillas". Algunos pidieron que los militares reciban más recursos tecnológicos para combatir a las organizaciones armadas, incluidos drones y perros robot utilizados durante los operativos.
"Que sigan luchando, porque de lo contrario terminarán matándonos a todos", decía uno de los carteles exhibidos durante la movilización, según reportó la agencia Associated Press.
El respaldo tiene una explicación: durante años, las autoridades haitianas y las misiones internacionales han tenido dificultades para recuperar el control de los territorios dominados por las bandas. Para muchos ciudadanos, la llegada de miles de soldados salvadoreños representa una respuesta más contundente frente a una crisis que ha debilitado las instituciones y dejado a comunidades enteras a merced de los grupos armados.
Sin embargo, la movilización también terminó marcada por la intervención de la Policía, que utilizó gases lacrimógenos para dispersar a parte de los participantes cuando se dirigían hacia un estadio que recientemente había sido recuperado de manos de las pandillas.
¿Por qué llegaron militares de El Salvador a Haití?
El despliegue se produjo después de que cuatro técnicos de aviación salvadoreños que prestaban servicio en una fuerza internacional respaldada por Naciones Unidas desaparecieran tras un ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026.
En respuesta, el presidente Nayib Bukele anunció el envío de más de 2.000 militares a Haití. Distintos reportes sitúan el contingente en aproximadamente 2.500 efectivos, acompañados de vehículos blindados, helicópteros y equipos especializados.
Aunque la operación comenzó con el argumento de apoyar la búsqueda de los salvadoreños desaparecidos, rápidamente se amplió hacia acciones ofensivas contra las organizaciones criminales. Bukele ha difundido videos de los operativos y ha presentado la intervención como parte de una estrategia para debilitar a las pandillas que controlan sectores de Puerto Príncipe y sus alrededores.
El despliegue se realiza mediante un acuerdo bilateral entre los gobiernos de Haití y El Salvador. No obstante, su alcance y las condiciones jurídicas todavía generan cuestionamientos, debido a que el documento que regula la presencia de las tropas no ha sido divulgado públicamente.
Haití, un país bajo el control de las pandillas
La crisis de seguridad haitiana se agravó después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Desde entonces, el país ha enfrentado una profunda inestabilidad política, debilitamiento institucional y expansión de organizaciones criminales.
Las pandillas han extendido su influencia sobre amplias zonas de Puerto Príncipe y municipios cercanos. Sus actividades incluyen secuestros, asesinatos, extorsiones, tráfico de armas y control de rutas estratégicas. También han atacado instalaciones públicas, centros educativos, hospitales y comunidades, dificultando la llegada de ayuda humanitaria.
De acuerdo con estimaciones citadas por Associated Press, las bandas controlan alrededor del 70 % de la capital haitiana. La violencia ha provocado más de 20.000 muertes durante los últimos cinco años y ha obligado a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares.
La emergencia también es humanitaria. Según cifras citadas por organismos internacionales, aproximadamente 5,8 millones de haitianos enfrentan inseguridad alimentaria aguda y 1,5 millones han sido desplazados de sus hogares.
La Policía Nacional de Haití, además, enfrenta limitaciones de personal, equipamiento y entrenamiento. Un informe de International Crisis Group señala que la institución contaba con no más de 8.000 agentes activos para una población cercana a los 12 millones de habitantes, muchos de ellos destinados a labores administrativas y de mando.
Las dudas sobre la intervención de Bukele
Aunque las manifestaciones reflejan un respaldo significativo a la presencia salvadoreña, la operación ha despertado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y especialistas en seguridad.
Una de las principales inquietudes es que la mayoría de los militares enviados por Bukele no estaría bajo el mando directo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), la misión autorizada por Naciones Unidas. Amnistía Internacional pidió a ambos gobiernos publicar el acuerdo bilateral y explicar las reglas que regulan el uso de la fuerza, los mecanismos de supervisión y las responsabilidades de los militares.
La organización advirtió que las operaciones deben cumplir estrictamente el derecho internacional de los derechos humanos y contar con garantías para que la población pueda denunciar posibles abusos sin temor a represalias.
También existen cuestionamientos por el uso de drones explosivos y operaciones aéreas. Según datos de Naciones Unidas citados por AP, al menos 87 civiles, entre ellos 21 menores de edad, murieron por ataques con drones entre julio de 2025 y septiembre de 2026.
Reuters informó, además, que más de 4.200 personas murieron en Haití durante 2026 y que más de la mitad de esas muertes se produjeron durante operaciones de seguridad. Entre las víctimas habría más de 300 civiles. Las autoridades haitianas y las fuerzas desplegadas no han divulgado un balance completo de fallecidos en los operativos más recientes.
Otro riesgo señalado por los analistas es que las ofensivas puedan provocar represalias de las pandillas contra habitantes sospechosos de colaborar con las fuerzas de seguridad. Después de una operación contra un líder criminal, grupos armados habrían regresado a comunidades para revisar teléfonos y amenazar a personas señaladas de suministrar información.
¿Puede Bukele replicar su modelo de seguridad en Haití?
El respaldo de los manifestantes también está relacionado con la imagen internacional que ha construido Nayib Bukele a partir de su ofensiva contra las pandillas en El Salvador. Su política de seguridad redujo drásticamente los homicidios reportados por el Gobierno salvadoreño, aunque ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos debido a detenciones masivas, denuncias de tortura y restricciones a garantías judiciales bajo el régimen de excepción.
Sin embargo, especialistas advierten que la situación haitiana es mucho más compleja. Las organizaciones criminales tienen estructuras fragmentadas, conexiones con sectores políticos y económicos y acceso a armamento de alto poder. Por eso, trasladar el modelo salvadoreño no garantiza resultados similares.
International Crisis Group advirtió que las operaciones extranjeras pueden producir alivios temporales y debilitar a determinados grupos, pero no necesariamente desmantelar las estructuras criminales ni resolver las causas que permitieron su expansión.
La organización pidió al Gobierno haitiano construir una estrategia de seguridad de largo plazo, fortalecer la Policía Nacional y preparar a sus propias instituciones para asumir el control cuando las fuerzas internacionales se retiren.
Una intervención con respaldo popular, pero sin un horizonte claro
Las manifestaciones evidencian que una parte de la población haitiana deposita sus esperanzas en la ofensiva salvadoreña, después de años de abandono, violencia y promesas incumplidas. Para quienes han perdido familiares, viviendas o medios de subsistencia por la acción de las pandillas, la presencia de militares extranjeros representa una posibilidad de recuperar sus barrios.
Pero el respaldo popular no resuelve las preguntas sobre la duración de la operación, su financiación, la coordinación entre las distintas fuerzas ni los mecanismos para investigar posibles abusos.
Por ahora, el vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, han señalado que los militares regresarán a su país cuando sean encontrados los cuatro técnicos desaparecidos. Mientras tanto, el ministro de Justicia de Haití, Patrick Pélissier, viajó a El Salvador para reunirse con autoridades de ese país.
El desafío para Haití será convertir el respaldo que hoy recibe la intervención en una estrategia capaz de recuperar el territorio, proteger a los civiles y reconstruir instituciones que puedan garantizar la seguridad cuando los militares extranjeros abandonen el país.


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