El presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance de la ofensiva de seguridad desplegada durante sus primeros 100 días de Gobierno y destacó los resultados de las operaciones de la Fuerza Pública contra el narcotráfico, las estructuras armadas ilegales y las redes de delincuencia organizada.
Durante una alocución presidencial, el mandatario informó que las autoridades realizaron 51.254 capturas por diferentes delitos, entre ellas 654 relacionadas con extorsión y 184 por conductas vinculadas al secuestro. También reportó la incautación de 6.336 armas de fuego, que, según el Gobierno, fueron retiradas de circulación.
En la lucha contra el narcotráfico, uno de los resultados destacados fue el decomiso de más de 389 toneladas de estupefacientes, de las cuales aproximadamente 172 toneladas correspondieron a cocaína y 128 a marihuana. A esto se suma la destrucción de 1.493 laboratorios utilizados para la producción de drogas ilícitas.
El jefe de Estado también destacó la cooperación judicial internacional. Según las cifras presentadas, firmó 167 órdenes de extradición, de las cuales 91 ya se hicieron efectivas. Para el Gobierno, estas acciones buscan debilitar las redes criminales que operan dentro y fuera del territorio nacional.
Cárceles bajo mayor control
Otro de los frentes destacados por De la Espriella fue el control de los establecimientos penitenciarios, con el propósito de impedir que las organizaciones criminales continúen coordinando extorsiones y otros delitos desde las cárceles.
El presidente reportó más de 5.000 operativos de registro y control en centros penitenciarios, durante los cuales fueron incautados 7.252 celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas. Asimismo, informó sobre el traslado de 2.568 personas privadas de la libertad.
El mandatario sostuvo que su administración busca recuperar el control de las prisiones y evitar que continúen funcionando como centros de operaciones de las estructuras delincuenciales.
El desafío: que las cifras se traduzcan en seguridad para los colombianos
Aunque los resultados operativos constituyen uno de los principales argumentos del Gobierno para defender su estrategia, el verdadero desafío será demostrar que estas acciones producen una reducción sostenida de la criminalidad y permiten recuperar el control de los territorios afectados por la violencia.
Un análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), publicado en noviembre de 2026, advierte que los primeros 100 días no son suficientes para atribuir cambios en los indicadores de seguridad a una administración. También señala que una mayor cantidad de operaciones y capturas no necesariamente representa el desmantelamiento de las organizaciones criminales.
La Fundación destaca que los grupos armados han evolucionado hacia estructuras más fragmentadas, con fuentes de financiación que incluyen extorsión, minería ilegal y otras economías ilícitas. Por eso, considera necesario que la ofensiva estatal vaya más allá de la captura de cabecillas y consiga debilitar las redes financieras y el control que estas organizaciones ejercen sobre las comunidades.
Así, el balance presentado por De la Espriella muestra la dimensión de la ofensiva que su Gobierno asegura haber desplegado, pero su efectividad tendrá que medirse también en la tranquilidad de los ciudadanos, la reducción de las extorsiones, la protección de las comunidades y la recuperación efectiva de los territorios.


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