La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, presentó un balance sobre la situación presupuestal que, según explicó, encontró al asumir la dirección de la entidad el pasado 11 de agosto.
Durante su intervención, Garrido entregó cifras sobre el presupuesto de la ANT para 2026 y explicó el estado en el que se encontraban los recursos de inversión y funcionamiento. Según la funcionaria, la entidad contaba con un presupuesto aprobado de $1,264 billones, de los cuales $1,187 billones correspondían a inversión.
De ese monto, aseguró que al momento de su llegada ya estaban comprometidos aproximadamente $902.000 millones, mientras que otros $284.000 millones permanecían por comprometer.
En materia de funcionamiento, Garrido indicó que había $77.712 millones presupuestados, de los cuales $44.604 millones estaban comprometidos y $33.106 millones estaban pendientes por comprometer.
Uno de los puntos centrales de su exposición fue la situación de los recursos bloqueados. La directora señaló que, debido a las restricciones fiscales del Gobierno, alrededor de $289.000 millones permanecen congelados.
“Desde que llegamos, y atendiendo la situación fiscal con la que este Gobierno ha recibido al país, se congelaron todos los recursos”, afirmó Garrido.
La funcionaria explicó además que, tras las revisiones adelantadas junto con el Ministerio de Agricultura, Planeación y el Ministerio de Hacienda, se prevé que más de $200.000 millones de esos recursos no sean ejecutados durante 2026.
Garrido sostuvo que el seguimiento de las cuentas se ha realizado de manera semanal y aseguró que el objetivo es determinar qué recursos pueden ser liberados en medio de las restricciones presupuestales.
“Sí cabe reconocer que cerca del billón de pesos se había comprometido al 11 de agosto que llegamos nosotros a esta dirección”, manifestó.
Con estas cifras, la directora de la ANT expuso el panorama presupuestal que recibió al asumir el cargo y puso sobre la mesa el estado de los recursos de una de las entidades encargadas de ejecutar la política de tierras del país.
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