Durante años, las cifras oficiales han señalado una realidad incómoda: cerca del 70 % de las llamadas de extorsión que reciben los colombianos se originan desde las cárceles del Inpec. No se trata de un mito urbano. Investigaciones de la Fiscalía y reportes de la Dirección de Antisecuestro y Antiextorsión (DIASE) documentan que centros penitenciarios como La Picota funcionaban como verdaderas plataformas logísticas del delito, con redes que, desde un solo pabellón, llegaron a recaudar más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas.
Esa dinámica fue golpeada este martes con un megaoperativo de registro y control en 19 pabellones de La Picota, ordenado bajo instrucciones del presidente Abelardo de la Espriella. En pocas horas, las autoridades incautaron 582 celulares, 3.754 tarjetas SIM, 38 módems, 6 antenas de internet satelital Starlink, 356 armas cortopunzantes, estupefacientes, dinero en efectivo y una cantidad considerable de accesorios electrónicos.
El hallazgo de las antenas Starlink es particularmente revelador. Mientras los sistemas de inhibición de señal celular han demostrado ser insuficientes o fácilmente burlados, el acceso satelital permite a los internos mantener comunicación de alta velocidad fuera del alcance de las redes convencionales. La pregunta que queda en el aire es cómo una tecnología de ese nivel —junto con miles de chips y cientos de equipos— ingresó y operó durante tanto tiempo dentro de un establecimiento de máxima seguridad. Las investigaciones previas apuntan a un factor recurrente: la complicidad o la negligencia de personal del Inpec, que ha facilitado el ingreso de dispositivos a cambio de pagos o por omisión.
El operativo, que incluyó la concentración de internos y registros celda por celda, busca cortar de raíz la capacidad de las bandas para seguir ordenando delitos desde el interior de las prisiones. El presidente De la Espriella lo resumió de forma directa: “Las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones criminales. No permitiré que los delincuentes continúen ordenando delitos, intimidando a los colombianos y burlándose de la justicia desde sus celdas”.
Más allá de los números, la acción marca un cambio de enfoque. Mientras en administraciones anteriores la presencia masiva de celulares y redes de comunicación dentro de las cárceles se trataba como un problema estructural casi imposible de erradicar, el gobierno actual prioriza el control efectivo del territorio penitenciario. La magnitud de lo decomisado confirma que el fenómeno no era residual: se trataba de una infraestructura organizada que convertía las celdas en oficinas de extorsión más eficientes que muchas estructuras que operan en las calles.
El desafío ahora es sostener el control. Sin mecanismos permanentes de bloqueo de señal, revisiones frecuentes y depuración del personal que permite el ingreso de tecnología, las redes tienden a reconstruirse. Por el momento, el mensaje que llega tanto a los internos como a las bandas en libertad es claro: la época en la que las cárceles colombianas funcionaban como centros de mando del delito comienza a quedar atrás.
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