La decisión de un juez de control de garantías de Antioquia de compulsar copias contra el presidente Abelardo de la Espriella abrió un nuevo debate sobre los límites de la autoridad presidencial, el respeto por los derechos fundamentales de las personas capturadas y, especialmente, el lugar que ocupan las víctimas dentro de una discusión que ha generado posiciones encontradas en Colombia.
La controversia surgió durante las audiencias relacionadas con la captura de Néider Yesid Uñates López, conocido con el alias de "Primo Gay", y otro presunto integrante del Clan del Golfo, Henry Sneyder Herrón Serna. Ambos fueron detenidos en medio de operaciones de las autoridades y señalados de pertenecer a estructuras criminales vinculadas con graves hechos de violencia.
El mandatario se presentó ante los capturados y protagonizó un careo que posteriormente difundió en sus redes sociales. Frente a alias "Primo Gay", a quien las autoridades señalan de tener responsabilidad en el asesinato de 13 policías, De la Espriella utilizó expresiones como "miserable", "asesino despreciable" y "porquería", además de cuestionar que creyera que sus acciones quedarían impunes.
Las imágenes provocaron reacciones a favor y en contra. Para algunos ciudadanos, el presidente representa el rechazo de una sociedad cansada de la violencia, el asesinato de uniformados, las extorsiones y el sometimiento de comunidades enteras por parte de organizaciones armadas. Para otros, el comportamiento del jefe de Estado puede cruzar límites constitucionales cuando se dirige a personas que todavía no han sido condenadas.
La decisión del juez y las actuaciones que deberán examinarse
En medio de la audiencia de legalización de captura, el juez consideró que las expresiones utilizadas por el presidente eran "totalmente despectivas" y podían afectar la dignidad humana de los ciudadanos detenidos.
Por esa razón, ordenó compulsar copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes para que examine las presuntas intervenciones del mandatario en la exhibición pública de los capturados. También remitió copias a la Procuraduría General de la Nación para que determine si funcionarios públicos participaron en la autorización, organización o ejecución de esa presentación ante los medios de comunicación.
Es importante precisar que esta decisión no constituye una acusación formal ni una declaración de responsabilidad contra el presidente. Tampoco significa que el juez haya considerado ilegales las capturas.
De hecho, el despacho judicial legalizó las aprehensiones, avaló las imputaciones de la Fiscalía y dispuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario. Es decir, los procesados continuarán privados de la libertad mientras avanza el proceso penal.
La discusión judicial se concentra en la manera como fueron exhibidos públicamente y en las expresiones del mandatario, así como en la eventual responsabilidad de los funcionarios que facilitaron ese encuentro.
¿Y los derechos de quienes han sido víctimas de estos criminales?
Sin desconocer que toda persona capturada conserva sus derechos fundamentales, la decisión también deja sobre la mesa una discusión que merece mayor atención: ¿dónde quedan las víctimas de quienes han padecido durante años la violencia de estas estructuras criminales?
Detrás de los nombres y alias de los capturados existen familias que han perdido a sus seres queridos, policías y militares asesinados en cumplimiento de su deber, comunidades sometidas a amenazas, comerciantes extorsionados y ciudadanos que han tenido que abandonar sus hogares por el terror impuesto por organizaciones armadas.
En el caso de alias "Primo Gay", las autoridades lo señalan de tener relación con el asesinato de 13 policías. Se trata de un señalamiento de enorme gravedad que debe ser esclarecido por la justicia y que representa un dolor difícil de dimensionar para las familias de los uniformados asesinados.
Por eso, mientras se discute si el presidente utilizó expresiones inadecuadas frente a los capturados, también resulta legítimo preguntar si el país está otorgando suficiente atención a la dignidad de quienes han sufrido directamente los delitos atribuidos a estas estructuras.
Las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Sus voces no pueden quedar relegadas en una controversia que, aunque tiene un componente jurídico necesario, también refleja el profundo cansancio social frente a la criminalidad.
No se trata de establecer que los derechos de las víctimas valen más que los de los capturados, ni de justificar cualquier comportamiento de un funcionario público. Se trata de entender que ambas dimensiones deben tener espacio en la discusión y que el respeto por las garantías procesales no puede convertirse en indiferencia frente al sufrimiento de quienes han padecido la violencia.
¿Puede el presidente encarar a los delincuentes?
Aquí aparece otro punto central. El presidente de la República es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y tiene la responsabilidad de dirigir la política de seguridad del Estado. Sin embargo, esa condición no le otorga facultades para declarar culpables a los detenidos ni reemplazar a la Fiscalía y a los jueces en sus funciones.
La presunción de inocencia no desaparece por la gravedad de los delitos investigados, por la existencia de órdenes de captura o por el rechazo que produzcan los hechos atribuidos a una persona.
Al mismo tiempo, el debate no debería desconocer el contexto en el que se producen estas confrontaciones: una ciudadanía que exige resultados, instituciones que deben responder ante las estructuras criminales y familias que esperan que los responsables de los asesinatos, secuestros y extorsiones enfrenten las consecuencias de sus actos.
La pregunta es si un presidente puede transmitir firmeza frente a los criminales sin convertir a los capturados en protagonistas de exhibiciones públicas ni anticipar condenas que corresponden exclusivamente a los jueces.
El desafío para el Gobierno es demostrar que la autoridad del Estado puede imponerse con contundencia, pero también dentro de la Constitución y la ley.
Una discusión que no puede reducirse a defender a unos u otros
La compulsa de copias contra el presidente Abelardo de la Espriella no debería convertirse en una disputa entre quienes respaldan su política de seguridad y quienes cuestionan sus actuaciones. Lo que está en juego es algo más profundo: la capacidad del Estado para combatir a las organizaciones criminales sin apartarse de las garantías que sustentan el sistema democrático.
Las víctimas no pueden ser invisibilizadas, pero tampoco se puede desconocer que los derechos fundamentales son universales y no dependen de la simpatía o el rechazo que despierte una persona.
La justicia deberá establecer si las actuaciones del mandatario y de los funcionarios involucrados vulneraron alguna garantía constitucional. Entretanto, la sociedad tiene derecho a exigir que los responsables de los crímenes respondan ante los tribunales y que quienes han sufrido la violencia reciban la atención, la verdad y la reparación que merecen.
Porque si algo no puede ocurrir en Colombia es que la dignidad de las víctimas termine perdiéndose en medio de una discusión sobre la dignidad de los capturados.


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