Un nuevo revés judicial enfrenta el expresidente Gustavo Petro. El Consejo de Estado le ordenó retirar 12 publicaciones de su cuenta en X en las que señaló al registrador nacional, Hernán Penagos, y a la Registraduría Nacional del Estado Civil de estar relacionados con un supuesto fraude electoral durante las elecciones presidenciales de 2026.

La decisión, adoptada por la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de Penagos, así como el buen nombre de la entidad electoral.

El alto tribunal estableció un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la providencia, para que Petro elimine los mensajes identificados en el fallo. La orden también incluye retirar de cualquier cuenta o medio que administre las declaraciones que hizo sobre las mismas acusaciones durante el consejo de ministros del 14 de julio de 2026.

Pero la decisión no se limita a eliminar las publicaciones. El Consejo de Estado también le ordenó abstenerse de atribuirle a Penagos la comisión de un fraude electoral o de otras conductas delictivas, así como de señalar a la Registraduría de realizar, facilitar o participar en esas actuaciones, mientras no exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que respalde tales afirmaciones.

¿Por qué Petro deberá borrar sus publicaciones?

El proceso se originó en una acción de tutela presentada por Hernán Penagos, quien acudió a la justicia en nombre propio y en representación de la Registraduría, al considerar que los señalamientos realizados por el entonces presidente afectaban su reputación y la de la institución.

Las publicaciones cuestionadas fueron difundidas entre el 2 de junio y el 5 de agosto de 2026. En ellas, Petro planteó dudas sobre el censo electoral, los formularios E-14, los sistemas tecnológicos de la Registraduría y el procesamiento de los resultados de las elecciones presidenciales.

El exmandatario llegó a señalar supuestas irregularidades en miles de mesas de votación y cuestionó la trazabilidad del sistema electoral. También puso en duda la transparencia del registrador y de la entidad encargada de organizar los comicios.

Sin embargo, el Consejo de Estado concluyó que esas afirmaciones no contaban con elementos suficientes para atribuirle a Penagos la responsabilidad por un fraude electoral o por conductas delictivas. Por esa razón, consideró que se vulneraron sus derechos fundamentales y los de la Registraduría.

La denuncia de un supuesto fraude no demuestra que haya ocurrido

Uno de los aspectos centrales del pronunciamiento es la diferencia entre presentar una denuncia o formular sospechas sobre un proceso electoral y demostrar que una persona cometió un delito.

El tribunal precisó que la existencia de una denuncia penal contra el registrador no significa que las acusaciones sean ciertas ni constituye una prueba de responsabilidad. Tampoco permite desconocer la presunción de inocencia de la persona señalada.

La decisión, por tanto, no equivale a una declaración general de que el sistema electoral estuvo libre de cualquier irregularidad. El asunto que resolvió el Consejo de Estado fue si las expresiones de Petro vulneraron los derechos fundamentales de Penagos y de la Registraduría al atribuirles responsabilidades delictivas sin que estuvieran demostradas.

El conflicto comenzó durante la campaña presidencial

Los enfrentamientos entre Petro y Hernán Penagos se intensificaron durante las elecciones presidenciales de 2026. El entonces mandatario cuestionó públicamente distintos componentes del sistema electoral y planteó sospechas sobre el manejo de los formularios E-14, el censo, el software y la trazabilidad de los resultados.

La Registraduría respondió en varias oportunidades que el censo electoral, las mesas de votación y los sistemas informáticos habían sido definidos y divulgados con anticipación, y que existían mecanismos de verificación para las campañas políticas.

Ante la persistencia de los señalamientos, Penagos solicitó una rectificación. Al considerar que no obtuvo una respuesta satisfactoria, acudió al Consejo de Estado mediante una tutela para reclamar protección de sus derechos a la honra, al buen nombre y a la rectificación en condiciones de equidad.

El tribunal admitió inicialmente la acción en septiembre de 2026 y posteriormente resolvió amparar los derechos reclamados.

Una orden que también limita futuros señalamientos

Además de eliminar los contenidos cuestionados, Petro deberá abstenerse de repetir imputaciones de fraude electoral o de conductas delictivas contra Hernán Penagos y la Registraduría sin que exista una decisión ejecutoriada de una autoridad competente que las respalde.

La determinación representa un límite judicial a la manera en que el expresidente puede referirse públicamente al registrador y a la autoridad electoral cuando les atribuya responsabilidades penales.

La controversia vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la libertad de expresión de los funcionarios y exmandatarios, especialmente cuando sus declaraciones pueden afectar la honra y la reputación de personas e instituciones.

Ahora, Petro deberá cumplir la orden dentro del plazo establecido por el Consejo de Estado. El fallo deja claro que las críticas al sistema electoral pueden hacer parte del debate público, pero atribuir delitos o responsabilidades concretas exige respaldo probatorio y no puede presentarse como un hecho demostrado sin una decisión de autoridad competente.