El alcalde defendió el trabajo conjunto entre la Fuerza Pública, pero descartó que los militares asuman las funciones ordinarias de seguridad ciudadana. Su postura se conoce después de un cabildo abierto respaldado por más de 37.000 firmas que puso sobre la mesa la posibilidad de desplegar al Ejército en las localidades más afectadas por la delincuencia.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, reiteró su rechazo a la posibilidad de sustituir a la Policía Metropolitana por integrantes de las Fuerzas Militares para enfrentar la inseguridad en la capital. El mandatario aseguró que respalda el trabajo articulado con el Ejército y una mayor presencia institucional en los sectores críticos, pero insistió en que la responsabilidad de la seguridad ciudadana debe continuar bajo el liderazgo de la Policía.
«Yo estoy de acuerdo en un trabajo conjunto liderado en seguridad ciudadana por la Policía, pero no en reemplazarla o sustituirla por las Fuerzas Militares», manifestó Galán en declaraciones a Blu Radio, en medio de la controversia que se abrió alrededor de la propuesta de asistencia militar para Bogotá.
El pronunciamiento se produjo después del cabildo abierto realizado el pasado 7 de noviembre en la Universidad Militar Nueva Granada, un espacio de participación ciudadana convocado por el concejal Julián Uscátegui y el representante a la Cámara José Jaime Uscátegui, ambos del Centro Democrático.
La iniciativa consiguió 37.056 firmas válidas certificadas por la Registraduría, superando el umbral de 31.096 apoyos necesarios para convocar el mecanismo de participación. Su propósito es discutir la posibilidad de utilizar la asistencia militar como herramienta adicional para enfrentar los problemas de seguridad en las 20 localidades de Bogotá.
Galán defiende el trabajo conjunto con el Ejército
El alcalde explicó que su posición no significa desconocer las capacidades de las Fuerzas Militares ni oponerse a su participación en operaciones de seguridad. Por el contrario, aseguró que Bogotá ya desarrolla acciones coordinadas entre la Policía Metropolitana, la Brigada 13 y la Quinta División del Ejército.
Según el balance presentado por la Administración Distrital, durante los últimos dos años y diez meses se han realizado más de 377 acciones conjuntas, especialmente en zonas de borde y localidades prioritarias como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme y Bosa.
Galán considera que este modelo de cooperación permite aprovechar las capacidades militares sin alterar las competencias constitucionales de cada institución.
«La Policía Metropolitana sí está cumpliendo su misión, en medio de grandes dificultades, pero está logrando un resultado muy importante en Bogotá», sostuvo el mandatario durante el debate.
El alcalde también recordó que su administración ha trabajado en la recuperación de las capacidades operativas de la Policía. Entre las medidas mencionó la renovación de más de 1.300 motocicletas, después de recibir una institución cuyo parque automotor presentaba un deterioro considerable: cerca del 70 % estaba al borde de la obsolescencia.
¿Por qué piden militarizar Bogotá?
La discusión surgió ante la preocupación de distintos sectores ciudadanos por los hurtos, homicidios, extorsiones y la presencia de estructuras criminales en diferentes zonas de la capital.
Los promotores de la iniciativa, Julián y José Jaime Uscátegui, consideran que la ciudad necesita medidas adicionales para recuperar la seguridad y fortalecer la capacidad de respuesta del Estado.
Durante el cabildo del 7 de noviembre, José Jaime Uscátegui presentó seis propuestas, entre ellas la creación de un grupo especializado para investigar el tráfico ilegal de armas, el fortalecimiento de la capacidad carcelaria, la búsqueda de objetivos criminales de alto valor y una intervención más contundente en sectores limítrofes entre Bogotá y Soacha.
Por su parte, Julián Uscátegui planteó desplegar efectivos del Ejército en puntos críticos y asignar a la Policía Militar labores de vigilancia y protección de instalaciones estratégicas, como embajadas, edificios públicos y entidades bancarias. La intención, según los promotores, sería liberar policías para reforzar los patrullajes y atender directamente los problemas de seguridad ciudadana.
En la jornada también participaron 46 ciudadanos inscritos, entre reservistas, representantes de organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Mientras algunos respaldaron una mayor presencia militar, otros advirtieron sobre los riesgos de vulnerar derechos fundamentales y alterar las competencias de las instituciones.
El cabildo no aprobó la militarización ni ordenó el despliegue de tropas. La discusión deberá continuar en los escenarios institucionales correspondientes.
Las cifras que presenta la Alcaldía
Para defender su posición, Galán presentó un balance de los resultados de seguridad de su administración y aseguró que existen avances en varios indicadores, aunque reconoció que Bogotá continúa enfrentando desafíos importantes.
De acuerdo con las cifras oficiales expuestas durante el cabildo, el hurto a personas pasó de 158.747 casos en 2023 a 91.724 en lo corrido de 2026. En materia de homicidios, se reportaron 85 casos menos frente al mismo periodo del año anterior, una reducción del 8,6 %.
La Administración también destacó disminuciones en localidades como Ciudad Bolívar, donde los homicidios cayeron un 22 %, y San Cristóbal, con una reducción del 32 %.
Sin embargo, estos resultados no han eliminado la preocupación ciudadana por la inseguridad ni las exigencias de quienes consideran que se necesitan medidas más contundentes contra las organizaciones criminales.
¿Qué dice la ley sobre la asistencia militar?
El debate también tiene un componente jurídico. El artículo 170 de la Ley 1801 de 2016 establece que la asistencia militar puede utilizarse cuando existan situaciones de grave alteración de la seguridad y la convivencia, peligro inminente o emergencias que requieran apoyo de las Fuerzas Militares.
La disposición contempla que el presidente de la República puede ordenar esta asistencia de manera temporal y excepcional. Los alcaldes y gobernadores también pueden solicitarla, aunque la decisión corresponde al jefe de Estado.
La figura no significa automáticamente que los militares sustituyan a la Policía en sus funciones ordinarias. Se trata de un mecanismo de apoyo que debe desarrollarse bajo protocolos especializados y en coordinación con el comandante de Policía de la jurisdicción.
En ese punto se concentra buena parte de la controversia: mientras los promotores consideran que Bogotá necesita recurrir a esta herramienta para enfrentar la criminalidad, Galán sostiene que la prioridad debe ser fortalecer la Policía y mantener el liderazgo de la seguridad ciudadana en esa institución.
Por ahora, el alcalde mantiene su negativa a reemplazar a los policías por militares, aunque insiste en que continuará trabajando de manera coordinada con el Ejército. La discusión seguirá abierta en el Concejo de Bogotá, donde la ciudadanía espera que las propuestas presentadas se traduzcan en respuestas concretas frente a la inseguridad que afecta a la capital.
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