Nelson Emiro Linares Zárate, quien manejó la campaña de la exprecandidata presidencial durante la consulta del Pacto Histórico, será llamado a audiencia junto con otro investigado por presuntas irregularidades en documentos utilizados para solicitar recursos ante el CNE.

La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de formulación de imputación contra Nelson Emiro Linares Zárate, exgerente de la campaña de Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025, por presuntas irregularidades relacionadas con facturas que habrían sido utilizadas para gestionar la reposición de votos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La diligencia también cobijaría a Héctor Ulises Ávila Cortés, quien habría desempeñado funciones administrativas y contables en una empresa que prestaba servicios logísticos. De acuerdo con la información divulgada por medios nacionales, la investigación apunta a la presunta emisión de facturas con información falsa para acreditar servicios que aparentemente nunca se habrían prestado.

Los documentos habrían sido presentados ante el organismo electoral con el propósito de respaldar gastos de campaña y tramitar el reconocimiento de recursos públicos mediante el mecanismo de reposición de votos.

La Fiscalía solicitará imputar a los dos investigados por los presuntos delitos de falsedad en documento privado, fraude procesal y estafa. La audiencia fue programada para el próximo 2 de diciembre en Bogotá.

¿Qué es la reposición de votos y por qué genera controversia?

La reposición de votos es un mecanismo de financiación estatal mediante el cual las campañas políticas pueden recuperar parte de los gastos electorales, de acuerdo con la cantidad de votos válidos obtenidos y las tarifas establecidas por el Consejo Nacional Electoral.

En términos sencillos, el Estado reconoce un valor por cada voto válido, siempre que la candidatura o lista cumpla los requisitos legales y sus gastos estén debidamente soportados y aprobados.

Este mecanismo permite que candidatos que no resultan elegidos también puedan acceder a recursos públicos para cubrir parte de los gastos de sus campañas, siempre que cumplan las condiciones establecidas. No significa, sin embargo, que todos los candidatos que pierden tengan automáticamente derecho a recibir dinero.

La reposición tampoco puede superar los gastos efectivamente realizados y reconocidos por la autoridad electoral. Por eso, los informes contables, las facturas, los contratos y los soportes de los servicios prestados son fundamentales para verificar que los recursos solicitados correspondan a actividades reales de campaña.

La investigación apunta a servicios que presuntamente nunca se prestaron

El punto central del caso consiste en establecer si las facturas cuestionadas fueron utilizadas para acreditar gastos inexistentes y, mediante esos documentos, inducir al CNE a reconocer recursos públicos que no corresponderían a gastos reales.

La hipótesis de la Fiscalía es que los documentos habrían sido elaborados o utilizados con información presuntamente falsa para respaldar el trámite de reposición.

Si esa hipótesis llegara a comprobarse judicialmente, el caso podría representar una irregularidad en el manejo de la financiación electoral y en el uso de recursos públicos destinados a las campañas políticas.

No obstante, hasta el momento de la solicitud de imputación, las responsabilidades individuales de Linares Zárate y Ávila Cortés no han sido establecidas judicialmente.

Antecedentes de la campaña

Nelson Emiro Linares Zárate se desempeñó como gerente de la campaña de Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico de octubre de 2025, en la que la colectividad definió asuntos relacionados con su proceso de selección política para las elecciones de 2026.

La investigación se suma al escrutinio sobre los informes de ingresos y gastos de campañas y consultas políticas, particularmente sobre la verificación de los recursos solicitados ante las autoridades electorales.

La audiencia del 2 de diciembre será el siguiente paso del proceso, en el que la Fiscalía deberá comunicar formalmente los hechos investigados y los delitos que atribuye a los señalados. Será la justicia la encargada de determinar si existió una conducta delictiva y quiénes serían responsables.