Este 6 de noviembre de 2026 se cumplen 41 años de uno de los episodios más dolorosos de la historia contemporánea de Colombia: la toma del Palacio de Justicia en Bogotá, protagonizada por el grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19), y la posterior operación militar de retoma, que se extendió hasta el 7 de noviembre de 1985 y dejó decenas de muertos, desaparecidos y una profunda herida en las instituciones del país.
La fecha vuelve a poner sobre la mesa no solamente la memoria de las víctimas, magistrados, funcionarios judiciales, trabajadores y civiles que quedaron atrapados en medio de los enfrentamientos, sino también una discusión histórica y política sobre el destino de los responsables del ataque, el proceso de paz que permitió su reincorporación a la vida civil y la posterior llegada de antiguos integrantes del M-19 a importantes cargos del Estado, incluida la Presidencia de la República.
El ataque que estremeció a Colombia
Los hechos comenzaron aproximadamente a las 11:00 de la mañana del 6 de noviembre de 1985, cuando cerca de 35 integrantes del M-19 ingresaron violentamente al Palacio de Justicia, ubicado en la Plaza de Bolívar de Bogotá, y tomaron como rehenes a magistrados de las altas cortes, empleados judiciales, visitantes y trabajadores de la cafetería.
La organización guerrillera, bajo el mando de sus principales dirigentes, había planeado la operación con anticipación. Su propósito declarado era realizar un juicio político al entonces presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de incumplir los compromisos de paz.
Sin embargo, la acción terminó convirtiéndose en una tragedia. La respuesta de la Fuerza Pública incluyó el ingreso de tanques y unidades militares, enfrentamientos armados e incendios que destruyeron gran parte de la edificación.
Durante los dos días de operaciones murieron cerca de un centenar de personas, entre ellas magistrados, trabajadores, civiles, integrantes de la guerrilla y miembros de la Fuerza Pública. Además, se registraron desapariciones forzadas que, más de cuatro décadas después, siguen siendo objeto de investigaciones y reclamaciones de las familias.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de entonces, Alfonso Reyes Echandía, pidió insistentemente que cesara el fuego y que se permitiera una salida negociada a la situación.
La responsabilidad por la tragedia no se limita a un solo actor: el M-19 fue responsable de iniciar la toma armada y secuestrar a quienes se encontraban en el edificio, mientras que la actuación de agentes estatales durante la retoma también dio lugar a graves violaciones de derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Los indultos y la reincorporación del M-19 a la vida política
Uno de los capítulos que genera mayores debates alrededor de esta conmemoración es el proceso de negociación que permitió a integrantes del M-19 abandonar las armas y regresar a la vida política.
En 1989, durante el gobierno de Virgilio Barco, comenzaron las negociaciones que terminaron con la firma del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y esa organización guerrillera.
El Congreso aprobó la Ley 77 del 22 de diciembre de 1989, que facultó al Gobierno para conceder indultos a personas vinculadas con delitos políticos y conexos, en el marco de los procesos de desmovilización y reincorporación.
El 9 de marzo de 1990 se formalizó el acuerdo de paz con el M-19 y se produjo la dejación de armas de aproximadamente 900 integrantes de la organización en Santo Domingo, Cauca.
Este proceso permitió que antiguos combatientes regresaran a la vida civil y que sus dirigentes participaran en elecciones y en la construcción de nuevas estructuras políticas.
No obstante, es importante precisar que el indulto no significó una absolución general por todos los crímenes cometidos durante la existencia del M-19. El marco jurídico estableció exclusiones para conductas especialmente graves, como los actos atroces y delitos cometidos fuera de combate.
Tampoco debe confundirse la desmovilización colectiva con una declaración judicial que hubiera esclarecido y sancionado individualmente todas las responsabilidades por la toma del Palacio de Justicia. La verdad sobre los hechos y la responsabilidad de sus autores siguen siendo reclamaciones centrales de las víctimas.
De la guerrilla a la política: el camino que terminó en la Presidencia
Tras la dejación de armas, el M-19 se transformó en la Alianza Democrática M-19, movimiento político que tuvo una participación importante en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 y en la elaboración de la nueva Constitución Política de Colombia.
Uno de sus principales dirigentes, Antonio Navarro Wolff, llegó a ocupar importantes responsabilidades públicas. Carlos Pizarro, quien había sido comandante de la organización, se presentó como candidato presidencial en 1990, pero fue asesinado el 26 de abril de ese mismo año.
Décadas después, otro antiguo integrante del M-19 llegaría a la máxima posición del poder ejecutivo: Gustavo Petro.
El actual mandatario hizo parte de esa organización durante su juventud y posteriormente participó en la política legal junto con antiguos integrantes del movimiento. En 2022 fue elegido presidente de Colombia, convirtiéndose en el primer exintegrante de esa guerrilla en llegar a la Casa de Nariño.
Hay una precisión histórica que resulta indispensable: Petro no participó en la toma del Palacio de Justicia. Para el momento del ataque, se encontraba detenido, luego de haber sido capturado en octubre de 1985. Así lo documentan investigaciones periodísticas y testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad.
Su trayectoria política posterior se desarrolló dentro de la vida democrática y su elección presidencial fue resultado de las votaciones de 2022, no de una designación del antiguo grupo guerrillero.
41 años después, las víctimas siguen reclamando verdad y justicia
La conmemoración de este año también está marcada por el reclamo de familiares de las víctimas, quienes han insistido en que el paso del tiempo no puede convertirse en una excusa para olvidar las responsabilidades de quienes participaron en los hechos.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Rodríguez Vera y otros contra Colombia, estableció la responsabilidad internacional del Estado por desapariciones forzadas y otras violaciones de derechos humanos relacionadas con la operación de retoma.
A su vez, los familiares de magistrados asesinados han cuestionado los intentos de utilizar políticamente la tragedia y han insistido en que tanto la actuación del M-19 como las acciones ilegales de integrantes de la Fuerza Pública deben ser reconocidas sin justificaciones.
Para este 6 de noviembre, las altas cortes organizaron una jornada conmemorativa denominada «6 y 7 de noviembre: Memoria, Dignidad y Justicia», con una ofrenda floral, homenajes a las víctimas y participación de sus familiares.
A 41 años de la tragedia, Colombia sigue enfrentando una pregunta fundamental: cómo una organización guerrillera responsable de una de las acciones armadas más graves contra las instituciones judiciales del país logró reincorporarse a la democracia y cómo algunos de sus antiguos integrantes terminaron ocupando posiciones de poder.
La respuesta pasa por reconocer el alcance de los acuerdos de paz, las decisiones jurídicas que permitieron la reincorporación política, pero también por no perder de vista a las víctimas y sus reclamos de verdad, justicia y reparación.
La paz permitió que antiguos combatientes abandonaran las armas y participaran en política. Sin embargo, ese proceso no puede borrar la historia ni sustituir el esclarecimiento de los crímenes cometidos durante el conflicto.
Comentarios (0)
Modera tus palabras: en la version final habra filtros automaticos y manuales.