El escándalo por las denuncias de presuntos contratos estatales a cambio de favores sexuales durante el Gobierno de Gustavo Petro continúa sumando episodios que mantienen la atención sobre la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y los organismos de control. Las recientes actuaciones de Deicy Jiménez y Angie Rodríguez, las denuncias de amenazas, los cambios en la representación jurídica y la aparición de conversaciones atribuidas al entonces mandatario han agregado nuevos elementos a un caso que todavía está bajo investigación.
Uno de los acontecimientos más recientes se conoció este viernes 6 de noviembre, cuando Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), confirmó la autenticidad de una conversación que sostuvo con Gustavo Petro el 12 de diciembre de 2025. En el intercambio, divulgado inicialmente por Noticias Caracol, el entonces presidente le habría enviado un archivo con el nombre de Deicy Jiménez y posteriormente le habría escrito: «Esta persona necesito que la mantengan allí en el contrato con MinInterior». Rodríguez respondió: «Perfecto, señor Presidente».
En declaraciones a SEMANA, la exfuncionaria aseguró que la conversación era completamente auténtica y manifestó que está dispuesta a entregar sus comunicaciones a las autoridades. Este elemento cobra relevancia porque Jiménez ha denunciado que habría recibido contratos estatales como contraprestación por favores sexuales al exmandatario.
La existencia del chat también permite contrastar las declaraciones con los registros de contratación pública. Una revisión de SECOP publicada por CAMBIO identificó diez contratos de Jiménez con entidades estatales por un total de $133.564.432. De estos, siete, equivalentes a $116.944.432, corresponderían al periodo del Gobierno Petro.
Entre los vínculos contractuales aparece uno con el Ministerio del Interior, identificado por Infobae como el contrato 947 de 2026, por aproximadamente $30 millones. Según ese medio, fue suscrito el 23 de enero y terminado unilateralmente el 20 de octubre, antes de la fecha de finalización inicialmente prevista.
Dos renuncias en medio de un caso de alto impacto
Otro de los aspectos que ha llamado la atención es la salida del abogado Andrés Felipe Caballero, quien representaba a Deicy Jiménez. El jurista anunció su renuncia el pasado 3 de noviembre, argumentando motivos de seguridad personal. Posteriormente confirmó que había recibido amenazas de muerte.
La decisión tuvo consecuencias inmediatas: Jiménez no pudo cumplir la diligencia que tenía programada ante la Fiscalía, por lo que fue necesario aplazar su comparecencia mientras se resolvía su representación jurídica. La abogada Dina Luz Malo asumió posteriormente su defensa.
La situación generó nuevas preocupaciones sobre las garantías de seguridad para quienes participan en el proceso, especialmente después de que Caballero insistiera públicamente en la necesidad de proteger a su antigua representada y a otras mujeres que eventualmente podrían aportar información.
Deicy Jiménez entregó su celular y nuevas pruebas a la Fiscalía
Este 6 de noviembre se conoció otro avance. Jiménez acudió a la Fiscalía General de la Nación y puso a disposición de los investigadores su teléfono celular para que fueran examinadas las conversaciones, videos y demás registros que, según ha manifestado, respaldarían sus denuncias.
La diligencia se extendió durante más de 15 horas, de acuerdo con información divulgada por Noticias Caracol. La denunciante aseguró que su propósito era aportar elementos para esclarecer los hechos y pidió que la discusión no se desviara hacia aspectos de su vida privada.
«No vine a hacer espectáculo, vine a cumplir con mi deber», manifestó al referirse a su comparecencia.
Jiménez sostiene que habría existido una estructura de entre 30 y 40 mujeres que presuntamente recibían contratos de prestación de servicios en distintas entidades estatales bajo un esquema de favores personales y sexuales. Estas afirmaciones deberán ser contrastadas con testimonios, documentos contractuales y pruebas técnicas.
La denunciante también ratificó sus señalamientos ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia el pasado 29 de octubre.
El supuesto envenenamiento de Angie Rodríguez y las denuncias de amenazas
A las denuncias de Jiménez se suma otro frente que involucra a Angie Rodríguez. La exdirectora del Dapre había denunciado previamente amenazas de muerte, llamadas extorsivas e intimidaciones que, según su versión, comenzaron después de sus diferencias y señalamientos relacionados con integrantes del Gobierno anterior.
Su abogado, Manuel Villanueva, informó que presentó ante la Fiscalía los resultados de un examen toxicológico realizado en España. Según explicó, el análisis habría identificado sustancias que podrían representar un riesgo para la salud de Rodríguez y que respaldarían su denuncia sobre un posible intento de envenenamiento.
La defensa solicitó que se adelanten los procedimientos necesarios para incorporar formalmente esos resultados a la investigación en Colombia. Hasta ahora, esta hipótesis tampoco ha sido establecida judicialmente.
Una investigación que involucra a varias entidades
El caso también tiene un componente disciplinario. La Procuraduría abrió una indagación previa contra funcionarios por determinar y solicitó información sobre posibles vinculaciones contractuales en el Dapre, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, la Superintendencia de Salud y el Congreso de la República.
A esto se suman las declaraciones del actual director del Dapre, Carlos Ríos, quien habló de 48 mujeres que presuntamente habrían sido instrumentalizadas mediante contratos estatales. Esta cifra amplía el alcance de los señalamientos y plantea interrogantes sobre los mecanismos de selección, contratación y supervisión que se utilizaron durante la anterior administración.
La Fiscalía también adelanta actuaciones para escuchar a distintos funcionarios y exfuncionarios, entre ellos Angie Rodríguez y Laura Sarabia, además de revisar documentación y elementos relacionados con los contratos.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo pidió priorizar el esclarecimiento de las denuncias y garantizar la protección de las posibles víctimas y testigos.
Un caso con varias preguntas pendientes
Los acontecimientos de las últimas semanas han dejado varios interrogantes: ¿quiénes participaron en la eventual vinculación de las mujeres señaladas?, ¿por qué se habrían impartido instrucciones para mantener determinados contratos?, ¿existieron presiones para garantizar la permanencia de algunas contratistas?, ¿qué información contienen los dispositivos electrónicos entregados a las autoridades? y ¿hay otras personas dispuestas a declarar?
También será necesario esclarecer las circunstancias de las amenazas denunciadas por los abogados y las intimidaciones que ha manifestado recibir Angie Rodríguez.
La investigación tiene distintos frentes y competencias judiciales. La Fiscalía indaga las posibles irregularidades contractuales; la Corte Suprema estudia los hechos relacionados con el periodo en que Petro fue senador, mientras que las conductas que se le atribuyen en ejercicio de la Presidencia corresponden a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según la distribución de competencias explicada por las autoridades.
Por ahora, las denuncias sobre el supuesto intercambio de contratos por favores sexuales no constituyen hechos probados judicialmente. Gustavo Petro ha rechazado los señalamientos y ha cuestionado públicamente las acusaciones.
Lo cierto es que la aparición de nuevas conversaciones, la documentación contractual, las denuncias cruzadas, las amenazas reportadas y los cambios en la representación jurídica han convertido este caso en uno de los asuntos políticos y judiciales de mayor repercusión. La responsabilidad de establecer qué ocurrió, quiénes participaron y si se utilizaron recursos públicos para fines indebidos está ahora en manos de las autoridades.
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