El presidente Abelardo de la Espriella presentó los resultados de su Plan de Choque en Salud durante el balance de sus primeros 100 días de Gobierno. Aunque destacó la entrega de millones de medicamentos y la atención de pacientes que tenían procedimientos represados, uno de los principales compromisos de su campaña sigue pendiente: destinar $10 billones para estabilizar financieramente el sistema de salud durante los primeros 90 días de administración.

En su alocución del 15 de noviembre, el mandatario informó que el plan permitió distribuir 7,25 millones de unidades de medicamentos, atender a 177.048 pacientes y realizar 120.586 procedimientos médicos que se encontraban pendientes.

El Gobierno sostiene que esta estrategia busca responder a las dificultades que enfrentan miles de colombianos para acceder a medicamentos, cirugías y tratamientos especializados. La prioridad ha sido atender a pacientes con enfermedades de alto riesgo y evitar que las demoras administrativas terminen comprometiendo su salud.

Sin embargo, el balance tiene dos caras: mientras el Ejecutivo presenta avances en la atención de casos represados, el compromiso de financiación que generó grandes expectativas en el sector no se materializó en el plazo anunciado.

De $10 billones prometidos a una línea de crédito por $500.000 millones

Durante la campaña presidencial, De la Espriella aseguró que destinaría $10 billones en sus primeros 90 días para rescatar financieramente el sistema. La propuesta contemplaba recursos para pagar deudas con hospitales y proveedores, recuperar el flujo de dinero hacia las EPS y garantizar tratamientos y medicamentos.

El compromiso no se concretó. De acuerdo con investigaciones publicadas por El País y El Espectador, el Gobierno consiguió una línea de crédito por $500.000 millones, equivalente al 5 % de la cifra inicialmente prometida.

La diferencia no es solamente presupuestal. Mientras el anuncio de campaña planteaba una inyección de recursos para estabilizar el sistema, el mecanismo implementado funciona mediante préstamos que las EPS deberán devolver.

Los recursos se canalizan a través de la ADRES, que puede girarlos directamente a hospitales, clínicas y proveedores acreedores, sin que el dinero pase por las cuentas de las aseguradoras. Los créditos tienen un periodo de gracia de hasta 12 meses y deberán amortizarse posteriormente.

Aunque esta herramienta puede aliviar temporalmente las deudas y facilitar el pago de servicios pendientes, no equivale a una inyección definitiva de capital ni resuelve por sí sola los problemas financieros estructurales del sector.

Medicamentos entregados, pero todavía hay pacientes esperando

En materia de atención, el Gobierno ha presentado resultados que muestran avances en la resolución de los pendientes.

El balance presidencial del 15 de noviembre registró 7,25 millones de unidades de medicamentos distribuidas y 177.048 pacientes atendidos. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha publicado cifras posteriores y más amplias, que deben analizarse teniendo en cuenta sus diferentes fechas de corte y metodologías.

Con corte al 3 de noviembre, la cartera reportó que 306.207 pacientes registraban avances en la entrega de medicamentos, equivalentes al 52,48 % de los casos identificados. En procedimientos médicos, informó 1.220.285 registros resueltos, correspondientes al 28,26 %.

Estas cifras muestran que el plan ha permitido atender una parte importante de los casos priorizados, pero también revelan que todavía existe un volumen considerable de pacientes que esperan una respuesta.

El Ministerio ha insistido en que no todos los indicadores son equivalentes: una persona puede tener varios medicamentos pendientes y recibir solamente una parte de ellos. Por eso, el número de unidades distribuidas no necesariamente representa pacientes con tratamientos completos.

Las dificultades financieras siguen presionando al sistema

Uno de los principales problemas que enfrenta el Gobierno es la falta de recursos suficientes para garantizar la sostenibilidad financiera del sector.

Según el análisis publicado por El País, el Ministerio de Salud había solicitado una adición de $14 billones para el presupuesto de 2027, con el propósito de fortalecer la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recuperar reservas de vacunas y atender otras necesidades del sistema. Sin embargo, durante la discusión presupuestal solamente se consiguió una adición de $3 billones, cuyo trámite posterior quedó sujeto a dificultades administrativas.

Por su parte, El Espectador señaló que el sistema enfrenta un déficit estimado de aproximadamente $16 billones para 2027, de acuerdo con cálculos de la firma Sectorial.

A este panorama se suma la incertidumbre sobre las EPS intervenidas por el Estado. La situación de Nueva EPS, una de las aseguradoras con mayor número de afiliados, continúa siendo motivo de preocupación por las dificultades administrativas y los cambios en su dirección.

Las consecuencias de estos problemas financieros se reflejan en las dificultades que experimentan los usuarios para conseguir medicamentos, acceder a especialistas y recibir oportunamente procedimientos médicos.

El verdadero reto: pasar de los anuncios a una recuperación estructural

El Gobierno ha conseguido poner en marcha un mecanismo para atender parte de las solicitudes represadas y ha habilitado un tablero público para consultar los avances del Plan de Choque. Esta herramienta permite revisar las entregas de medicamentos, los procedimientos reportados como realizados y los casos que continúan pendientes.

No obstante, el propio Ministerio reconoce que la estrategia es temporal y que todavía se necesitan medidas sostenidas para recuperar el flujo de recursos, fortalecer las redes hospitalarias y garantizar la capacidad de respuesta de las EPS.

El balance de los primeros 100 días deja, por tanto, resultados en la atención inmediata, pero también una deuda frente al compromiso financiero que el presidente asumió durante su campaña.

La pregunta que queda para los millones de colombianos que dependen del sistema de salud es si el Gobierno logrará conseguir los recursos necesarios para estabilizarlo y evitar que las dificultades de acceso a medicamentos y tratamientos continúen afectando a los pacientes.

Porque entregar medicamentos pendientes es necesario, pero garantizar que los hospitales funcionen, que los proveedores reciban sus pagos y que los tratamientos no vuelvan a interrumpirse será la verdadera prueba de la política de salud de De la Espriella.