Una nueva polémica alrededor del manejo de los recursos públicos quedó planteada tras conocerse detalles de un convenio por cerca de $33.986 millones firmado durante el Gobierno de Gustavo Petro a través del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) con una asociación de cabildos indígenas. La información fue revelada por el portal Desigual y posteriormente difundida por Pulzo y Semana.
De acuerdo con los documentos citados por Semana, dentro del convenio se contemplaron $90 millones para ceremonias de armonización y otros $108,9 millones para insumos destinados a rituales, entre ellos frutas, verduras, sahumerios, plantas medicinales y flores. Estos recursos estaban incluidos dentro de un programa de atención integral con enfoque diferencial para comunidades étnicas.
La publicación generó cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público, especialmente porque el país atravesaba dificultades fiscales y el Gobierno de Petro defendía la necesidad de obtener nuevos recursos mediante una reforma tributaria. El debate se centra ahora en la justificación, ejecución y alcance de este tipo de convenios.
El caso también cobra relevancia porque, según la denuncia retomada por Pulzo, 4.080 hogares indígenas y afrodescendientes de varios departamentos esperaban desde noviembre de 2025 semillas y herramientas para sus cultivos que, de acuerdo con ese reporte, no habrían sido entregadas. Las autoridades competentes podrían determinar si hubo irregularidades en la contratación o ejecución de los recursos.
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