Encuesta Consulta Popular
El presidente Gustavo Petro ha propuesto someter a consulta popular las reformas impulsadas por su gobierno, con especial énfasis en la reforma laboral, cuyo avance en el Congreso enfrenta múltiples obstáculos. Sin embargo, el alto costo de esta iniciativa ha generado controversia sobre la conveniencia de destinar recursos para su realización.
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Como antecedente, la consulta anticorrupción de 2018 tuvo un costo cercano a los 240.000 millones de pesos, según datos de la Misión de Observación Electoral. Con el incremento de los costos logísticos, impresión de material electoral, medidas de seguridad y contratación de personal, el exregistrador nacional Alfonso Portela estima que un proceso similar en la actualidad podría costar entre 400.000 y 500.000 millones de pesos.
El debate sobre la consulta popular no solo se centra en su costo, sino también en su viabilidad y propósito. Mientras el presidente Petro la defiende como un mecanismo de participación ciudadana, sectores opositores la perciben como una estrategia política para movilizar a sus seguidores y ejercer presión sobre el Congreso.
Si bien la posibilidad de realizar la consulta está sobre la mesa, su implementación no sería inmediata. El proceso exige que el mandatario presente formalmente la propuesta con el respaldo de su gabinete, para luego ser evaluada y aprobada por el Senado. En caso de obtener luz verde, la Registraduría Nacional del Estado Civil sería la entidad encargada de organizar la jornada electoral en un plazo máximo de cuatro meses.
La incertidumbre en torno a la ejecución y financiación de la consulta persiste. Mientras el Gobierno busca respaldos para llevar adelante su iniciativa, surgen dudas sobre si el país está en condiciones de asumir un gasto de tal magnitud en un contexto de restricciones presupuestales y necesidades urgentes en otros sectores.
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