La seguridad se ha convertido en uno de los temas más sensibles y cuestionados durante el gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de crecientes preocupaciones por el aumento de secuestros, extorsiones y ataques armados en diferentes regiones del país.

Aunque el Gobierno Nacional ha defendido la política de “Paz Total” como una apuesta para reducir el conflicto armado mediante diálogos con grupos ilegales, sectores políticos, analistas y comunidades afectadas aseguran que la violencia continúa golpeando fuertemente a Colombia.

Durante el actual mandato, regiones como Cauca, Catatumbo, Guaviare, Chocó y Antioquia han sido escenario constante de enfrentamientos, ataques contra la Fuerza Pública, desplazamientos forzados y amenazas por parte de grupos armados ilegales.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Guaviare, donde cuatro soldados murieron tras un ataque con explosivos atribuido a disidencias de las FARC. El atentado volvió a encender el debate nacional sobre el deterioro de la seguridad y el fortalecimiento de estructuras criminales en varias zonas del país.

Además, distintos informes han advertido sobre el incremento de delitos como la extorsión y el secuestro durante los últimos años. Comerciantes, transportadores y habitantes de varias regiones han denunciado el aumento de cobros ilegales y presiones por parte de organizaciones criminales.

Las críticas contra el Gobierno también apuntan a que algunos grupos armados habrían aprovechado los ceses al fuego y las negociaciones para ampliar su control territorial y fortalecer economías ilegales relacionadas con narcotráfico y minería ilegal.

Mientras tanto, el presidente Petro ha defendido su estrategia asegurando que el conflicto colombiano es un problema histórico que no puede resolverse únicamente con operaciones militares y ha insistido en mantener abiertos los procesos de diálogo.

Sin embargo, la percepción de inseguridad sigue creciendo en distintas zonas del país y la seguridad continúa consolidándose como uno de los principales desafíos y dolores de cabeza para el actual Gobierno Nacional.