El Ministerio de Relaciones Exteriores, en el marco de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, formalizó un contrato temporal con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 (integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia S.A. y Thales de Colombia S.A.) para la prestación del servicio de suministro, personalización, custodia y distribución de libretas de pasaporte, así como la impresión, almacenamiento y entrega de etiquetas de visa colombiana.
El acuerdo, por un valor aproximado de 240 mil millones de pesos y con vigencia hasta el 17 de diciembre de 2027, responde a la prioridad del Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella de asegurar que ningún colombiano se vea afectado por interrupciones en un servicio esencial. Como lo señaló el canciller Ómar Bula, se trata de “una solución temporal” que “asegura la expedición de pasaportes bajo condiciones de seguridad, de eficiencia y de confiabilidad”, mientras se avanza simultáneamente en la estructuración de una nueva licitación pública.
La propuesta mantiene exactamente los mismos valores unitarios de las vigencias anteriores, sin reajustes por inflación ni por tasa de cambio. Las tarifas que pagan los ciudadanos no se modifican en ningún rubro.
Antecedentes de la medida
Esta decisión se produce luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente los convenios del modelo de producción de pasaportes impulsado durante el gobierno anterior, que buscaba establecer un esquema público en alianza con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional. Ante la necesidad de acreditar plenamente los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras y de esclarecer aspectos de planeación, cronogramas y estado real de la operación, el Gobierno optó por la figura de urgencia manifiesta prevista en la Ley 80 de 1993 para evitar cualquier parálisis del servicio.
Thomas Greg & Sons, que había prestado el servicio de manera continua desde 2007 y cuenta con planta de producción, personal capacitado y proveedores de insumos ya vinculados en el país, presentó la propuesta que permite una transición ordenada y sin riesgos para los usuarios. El proceso contó con el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, y los actos administrativos y contratos serán remitidos a los órganos de control para el ejercicio de la vigilancia fiscal correspondiente.
El canciller Bula subrayó que “nuestra responsabilidad como gobierno con los colombianos es permanente”. Con esta medida, el Gobierno Nacional reafirma su compromiso de garantizar la continuidad del servicio de manera responsable, transparente y sin cargas adicionales para los ciudadanos, mientras se define un esquema definitivo de largo plazo.
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