Una nueva controversia política se desató alrededor de la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública frente a los ataques con drones utilizados por organizaciones criminales en Colombia. El senador Enrique Gómez cuestionó las decisiones adoptadas durante el Gobierno de Gustavo Petro en materia de adquisición de sistemas anti drones y señaló directamente la gestión de los exministros de Defensa Iván Velásquez y Pedro Sánchez.
Durante sus declaraciones a medios de comunicación, el congresista cuestionó que no se hubiera concretado oportunamente la adquisición de equipos destinados a detectar, rastrear e inhibir aeronaves no tripuladas utilizadas para atacar a soldados y policías.
Gómez sostuvo que las decisiones de la anterior administración habrían terminado favoreciendo a las organizaciones narcoterroristas, al mantener a las unidades de la Fuerza Pública con capacidades limitadas para enfrentar esta amenaza tecnológica.
¿Por qué son importantes los sistemas anti drones?
En los últimos años, los grupos armados ilegales han incorporado drones comerciales modificados para realizar labores de vigilancia, transportar explosivos y ejecutar ataques contra instalaciones militares y unidades policiales.
Esta modalidad representa un desafío para las Fuerzas Militares porque permite a los grupos criminales atacar a distancia, identificar posiciones y afectar a los uniformados sin necesidad de enfrentamientos directos.
Los sistemas anti drones, conocidos técnicamente como C-UAS, permiten detectar, identificar, seguir y neutralizar estas aeronaves mediante diferentes tecnologías, entre ellas mecanismos de interferencia e inhibición de señales.
La falta de estas capacidades especializadas ha generado preocupación dentro de la Fuerza Pública, especialmente por el incremento de ataques con drones atribuidos a estructuras armadas ilegales.
La polémica por el Escudo Nacional Anti drones
El centro de la controversia está relacionado con el proyecto denominado Escudo Nacional Anti drones, anunciado durante la administración de Gustavo Petro y valorado inicialmente en más de $6,2 billones.
La iniciativa buscaba desarrollar una capacidad integral para proteger instalaciones estratégicas, unidades militares y policiales frente a amenazas provenientes de aeronaves no tripuladas.
Sin embargo, el proyecto no llegó a concretar la contratación del sistema integral durante la administración anterior.
El actual ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, aseguró ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes que una circular expedida el 31 de marzo de 2026 restringió las compras directas de inhibidores por parte de las unidades militares, mientras se esperaba la adquisición centralizada de los equipos.
Según el funcionario, esa decisión dejó a las unidades sin la posibilidad de adquirir directamente determinados dispositivos, mientras los grupos armados continuaban fortaleciendo sus capacidades tecnológicas.
Pedro Sánchez respondió a los cuestionamientos
Los señalamientos también provocaron la reacción del exministro de Defensa Pedro Sánchez, quien rechazó que el Gobierno Petro hubiera bloqueado deliberadamente la adquisición de estos sistemas.
El exfuncionario explicó que durante siete meses se adelantó un proceso de vigilancia tecnológica en el que participaron 119 empresas de 21 países. Según su versión, los comités técnicos, integrados por militares y policías activos, concluyeron que ninguna de las soluciones evaluadas cumplía integralmente con los requerimientos operacionales de Colombia.
Sánchez sostuvo que firmar contratos por equipos que no respondieran a las necesidades de las tropas habría implicado riesgos técnicos y operacionales.
También aseguró que la circular del 31 de marzo buscaba centralizar el proceso para desarrollar un sistema integral y que la primera fase, estimada en $800.000 millones, debía continuar bajo responsabilidad de la nueva administración.
"Es falso que el Gobierno pasado bloqueara la compra de anti drones", afirmó el exministro al responder a las acusaciones.
Una discusión que va más allá del enfrentamiento político
La controversia deja interrogantes sobre las decisiones administrativas, los tiempos de contratación y la capacidad de respuesta del Estado frente a una amenaza que ha cambiado las condiciones de seguridad en diferentes regiones del país.
Mientras el senador Enrique Gómez cuestiona la gestión de los anteriores responsables de Defensa, Pedro Sánchez sostiene que la decisión de no contratar determinados equipos obedeció a criterios técnicos y no a una intención de frenar las adquisiciones.
La discusión también pone presión sobre el actual Ministerio de Defensa, que deberá avanzar en la implementación de capacidades anti drones para proteger a los integrantes de la Fuerza Pública.
El asunto de fondo es determinar por qué no se concretó oportunamente el sistema integral, qué decisiones incidieron en su desarrollo y cuánto tiempo más deberán esperar los soldados y policías para contar con herramientas especializadas frente a los ataques con aeronaves no tripuladas.


Comentarios (0)
Modera tus palabras: en la version final habra filtros automaticos y manuales.