En plataformas digitales circulan con fuerza mensajes que rechazan los actos de vandalismo registrados durante las recientes movilizaciones y cuestionan la convocatoria a un paro nacional previsto para noviembre. Las opiniones coinciden en señalar que Colombia no tiene nada que agradecer a sectores de la extrema izquierda y que la justicia debe aplicarse por igual a quienes destruyen bienes públicos y privados.
Los contenidos que se difunden destacan que no existen logros en salud, educación, vivienda, infraestructura o mejora económica que justifiquen un reconocimiento especial a esos grupos. Por el contrario, se subraya un historial de dolor asociado a las FARC, el ELN, el M-19 y el EPL: masacres, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores, secuestros, extorsión, corrupción y narcotráfico. El mensaje reiterado es que esos actores son los victimarios y que el pueblo colombiano ha sido la víctima.
También se critica el uso de capuchas durante las protestas. Quienes participan en la conversación sostienen que quien no tiene nada que ocultar no necesita esconderse y que el resto de los ciudadanos sale a las calles de frente. Se exige que la ley caiga con la misma severidad sobre quienes dañan locales y espacios públicos, tal como ocurrió en otros casos de destrucción de propiedad. Acompañan estos argumentos videos que muestran a personas encapuchadas pintando fachadas con consignas como “Abajo el gobierno” y “El pueblo”.
Entre los temas que generan más rechazo está la presencia de banderas de Palestina en las marchas. Las publicaciones afirman que Colombia no se arrodilla ante criminales, terroristas, narcos ni asesinos, y que, de ser necesario, sectores de la ciudadanía están dispuestos a salir a defender el actual gobierno.
Estas expresiones se producen en un momento de alta tensión. El 14 y 15 de octubre se realizaron las primeras grandes jornadas de protesta contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, convocadas por centrales sindicales, Fecode, el Pacto Histórico y otras organizaciones. Las mismas voces anunciaron la preparación de una movilización de mayor alcance para noviembre, con fechas tentativas entre el 11, el 20 y el 24 de ese mes.
El contraste es evidente: mientras los convocantes presentan las jornadas como defensa de derechos laborales, educativos y de protesta, en redes sociales se multiplica la narrativa que vincula los métodos de algunos participantes con el legado de violencia de grupos armados históricos y que demanda orden e igualdad ante la ley.
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