El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que detrás de su llamado a indagatoria existieron presiones políticas y judiciales impulsadas por sectores cercanos al Gobierno nacional, y advirtió que tendría información sobre una posible orden de captura o medida de aseguramiento en su contra.

Durante una intervención pública, Uribe afirmó que la decisión de citarlo a indagatoria se produjo apenas dos días antes de unas elecciones, situación que, según él, tuvo como propósito afectar su imagen y generar una estigmatización política.

El exmandatario señaló directamente al presidente Gustavo Petro, al exfiscal general Eduardo Montealegre, al exministro Iván Velásquez y a funcionarios vinculados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), asegurando que existe una estrategia coordinada para avanzar en procesos judiciales en su contra.

“Que además tuvieron una presión de Eduardo Montealegre. Él propuso una tutela porque llevaba mucho tiempo esa denuncia y no habían tomado una decisión. Entonces, la decisión fue a dos días de elecciones llamarme a indagatoria”, manifestó Uribe.

El líder político también cuestionó la actuación de la Fiscalía General de la Nación y afirmó que personas cercanas al proceso le han advertido sobre la posibilidad de que se dicte una orden de captura o una medida de aseguramiento durante la diligencia judicial.

“Lo que se anuncia desde la Fiscalía es que la fiscal y la vicefiscal están en el plan de dictarme orden de captura o el mismo día de la indagatoria dictarme una medida de aseguramiento”, aseguró.

Uribe sostuvo que las investigaciones en su contra se remontan a 1997 y criticó la denominada “teoría del dominio del hecho”, que, según indicó, busca atribuirle responsabilidad sobre actuaciones de terceros. El expresidente insistió en que se trata de una construcción jurídica orientada a vincularlo con hechos por los que ha negado cualquier responsabilidad.

Las declaraciones se producen en medio de un ambiente político marcado por fuertes confrontaciones entre el uribismo y el Gobierno nacional, así como por el seguimiento a los procesos judiciales que involucran al exjefe de Estado.