Una reciente encuesta nacional realizada por la firma Cifras y Conceptos reveló que el 57 % de los colombianos estaría de acuerdo con una consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. Esta iniciativa, que busca sortear los constantes bloqueos legislativos, ha generado amplio debate entre los sectores políticos y ciudadanos.
El estudio, desarrollado entre el 24 de abril y el 3 de mayo, hace parte del informe Polimétrica y recogió la opinión de 1.596 personas a nivel nacional. Uno de los hallazgos más llamativos es el respaldo entre los jóvenes: el 66 % de los encuestados entre 18 y 25 años aprueba la idea de una consulta popular como vía para sacar adelante las reformas sociales propuestas por el Gobierno.
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¿Por qué respaldan la consulta?
Según los resultados, el 47 % cree que Petro convoca la consulta porque el Congreso ha bloqueado sus reformas, mientras que el 39 % considera que lo hace porque siente el respaldo del pueblo. Las reformas en salud, trabajo y educación, incluidas en la agenda presidencial, son vistas como urgentes por buena parte de la ciudadanía consultada.
¿La gente votaría?
Aunque el respaldo a la consulta es mayoritario, la participación efectiva es incierta. Una encuesta de Invamer señala que solo el 29,2 % de los ciudadanos está completamente seguro de votar, mientras que un 29,9 % afirma que no lo haría. Esta realidad plantea dudas sobre la viabilidad del mecanismo como solución política inmediata.
Contexto político: tensiones y estrategias
La propuesta de consulta llega después de que el Senado hundiera una primera versión de la iniciativa. Sin embargo, el presidente Petro redobló su apuesta, presentando una nueva y más ambiciosa consulta que incluye temas centrales como la reforma a la salud. Esto ha reavivado la discusión entre quienes la ven como un recurso legítimo y quienes advierten riesgos para el equilibrio institucional.
Desde el Congreso, voces críticas han calificado la consulta como una forma de “evadir la democracia representativa”, mientras que sectores del oficialismo argumentan que se trata de una herramienta constitucional para consultar directamente al pueblo cuando las instituciones bloquean el cambio.
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