La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella atraviesa uno de sus momentos más controvertidos luego de que una denuncia de presunta amenaza atribuida al ELN irrumpiera en la agenda pública justo cuando crecía la polémica por la masiva invalidación de firmas que respaldaron su candidatura.
La advertencia, que según la campaña provino de una llamada anónima, señala al candidato como supuesto “objetivo militar” y motivó la solicitud de refuerzos en su esquema de seguridad. Sin embargo, hasta ahora no existe una confirmación oficial independiente sobre la autoría de la amenaza, lo que ha alimentado un intenso debate en sectores políticos y en redes sociales.
El anuncio se produce en medio del cuestionamiento por el proceso de inscripción del candidato. De más de cinco millones de firmas entregadas, cerca del 62 % fue rechazado por inconsistencias técnicas como registros duplicados, errores de identificación y datos inválidos. Aunque la autoridad electoral ha aclarado que estas irregularidades no constituyen automáticamente un delito, el volumen de apoyos anulados encendió críticas sobre la calidad del proceso de recolección.
La coincidencia de ambos hechos ha generado suspicacias en la opinión pública. Para algunos observadores, la denuncia de seguridad desplazó parcialmente el foco del debate sobre las firmas hacia la protección del candidato y las garantías electorales. Otros advierten que mezclar ambos temas sin pruebas puede profundizar la polarización política.
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